«No nos quieren renovar el contrato de alquiler y nos quedamos en la calle. Estoy abrumado»

«Estoy abrumado. ¿Por qué no quieren renovarme el contrato?». Quien habla es Miguel Ángel Medrano, que junto con su mujer, Oliva, se verán en la calle en unos días. Este matrimonio de 78 y 75 años, ella enferma de cáncer de pulmón, garantizó el préstamo hipotecario de su hijo con su vivienda ya pagada de toda la vida, pero al no poder hacer frente a los pagos finalizó con la entrega de la vivienda en dación en pago y con la firma de un contrato de alquiler social por tres años, sin prórroga alguna, que finaliza este 24 de enero. Minutos después de comenzar su intervención ha tenido que marcharse ya que, según ha adelantado Stop Desahucios, «su mujer tenía una prueba en el oncológico hoy pero debido a todo lo que está viviendo al tener que desalojar la vivienda en los próximos días se ha agravado su situación y ha tenido que ser ingresada».

Las plataformas Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos Azora, además de representantes institucionales de los consistorios de Irun, Donostia y Juntas Generales de Gipuzkoa se han concentrado esta mañana frente a la sucursal del Banco Sabadell en la avenida de la Libertad de San Sebastián contra el «desalojo por parte de la inmobiliaria de esta entidad, Solvia», de una pareja de jubilados «vulnerable», avalistas de la hipoteca de su hijo, de su vivienda de la localidad guipuzcoana de Irun. «Exigimos que se renueve el contrato social finalizado por siete años con la prórroga automática de tres más, manteniendo el alquiler social de 315 euros, para que este matrimonio de avalistas hipotecantes siga en su casa pagada de toda la vida», han demandado desde la plataforma Stop Desahucios, al tiempo que han informado que «la Alcaldía de Irun se compromete a intermediar con Solvia-Sabadell para garantizar que no interpongan demanda de desahucio por finalización del contrato y procedan de inmediato a firmar el nuevo contrato».

Este jubilado de 78 años ha explicado visiblemente emocionado que «nosotros teníamos una empresa de material quirúrgico y al retrasarse los pagos de la Seguridad Social tuvimos que pedir un préstamo hipotecario. El Banco Sabadell se ofreció a hacerlo y me ofreció mi casa como garantía. Los créditos fueron agravándose y para que la deuda no se incrementase el banco me solicitó hacer la donación de pago. La única objeción que puse es que nos dejaran continuar viviendo el nuestra casa en régimen de alquiler, donde llevábamos viviendo 42 años. Firmamos el 24 de enero de 2018 la correspondiente dación de pago y me presentaron el contrato de alquiler donde no figuraba en él ninguna cláusula de renovación. Lo reclamé pero me dijeron que eran unos contratos estandar y no habría ningún problema». Sin embargo, el 1 de septiembre les comunicaron que el contrato terminaba y tenían que dejar su casa.

Los convocantes han indicado que Solvia gestiona las viviendas que el Banco Sabadell obtiene, en este caso, por las demandas de ejecución hipotecaria instadas al no poder pagar los préstamos hipotecarios, como es el caso del hijo de este matrimonio.

Las mismas fuentes han denunciado que «no se personaron- defendieron en la demanda y solo cuando Solvia les notificó el 1 de septiembre con un burofax que tenían que desalojar y entregar las llaves el 24 de enero» contactaron con Stop Desahucios.

La plataforma ha subrayado que Solvia y Sabadell «conocen documentalmente la situación de vulnerabilidad de este matrimonio, acreditada por un informe exhaustivo de los Servicios Sociales de Irun», y, sin embargo, «no han respondido» a la solicitud «justa» de renovarles su contrato de alquiler social por «siete años con una prórroga de tres».