Polémica por la gestión económica de la Diócesis de San Sebastián

La Iglesia guipuzcoana se ha visto envuelta en una nueva polémica que surge por la crítica de un grupo de sacerdotes, religiosos y laicos sobre la gestión económica de la Diócesis de San Sebastián. Este grupo denuncia “falta de transparencia” ante un agujero de más de un millón de euros al año y se opone a la solución planteada por el Obispado de acometer una reestructuración patrimonial que supone un “riesgo para el futuro de la Iglesia de Gipuzkoa”, según los críticos.

El Obispado ha emitido esta tarde un comunicado donde lamenta que “quienes han hecho público este manifiesto, no se hayan acercado a los responsables de economía de la Diócesis, para contrastar sus inquietudes”. La «reestructuración patrimonial» presentado en el último Consejo Presbiteral, del 22 de febrero, está siendo estudiada por el Equipo de Gobierno, según el Obispado. Añade que el Vicario General presentó ante el Consejo Presbiteral de la Diócesis una primera información, sobre un posible proyecto de reestructuración patrimonial y que esta información fue dada a los miembros del Consejo Presbiteral, “sin que hubiese ningún consejero que mostrase una posición contraria”

La decisión de los responsables de la Diócesis estaría motivada por la sucesión de varios años cargando un agujero de un millón de euros para arriba cada ejercicio, pero el sector crítico asegura que «en ningún momento se presenta el balance de situación del Obispado, único instrumento para poder comprobar las causas» que han podido originar semejante déficit.

El Obispado sí que ha aclarado que uno de los apartados que originan el agujero es el mantenimiento del patrimonio, apartado al que, según los críticos, cada año destina más de 500.000 euros, aunque «tampoco se dice en ningún momento en qué clase de patrimonio se gasta este dinero», denuncian.

La nota de la Diócesis explica que “uno de los grandes retos económicos de nuestra Diócesis estriba en el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural y religioso de sus numerosos templos de culto. El déficit de gestión anual de la Diócesis está motivado fundamentalmente por ese concepto, más allá de otras facetas asistenciales y pastorales. Pues bien, el proyecto de reestructuración patrimonial persigue rentar una parte de nuestro patrimonio inmueble, para obtener los ingresos suficientes que permitan el mantenimiento del patrimonio religioso”.

Los críticos denuncian que en virtud de la reestructuración “desaparece de la ciudad un patrimonio emblemático que, desde la creación de nuestra Diócesis, ha sido punto de referencia como la casa de la Diócesis para todos. Se alejan del centro de la ciudad los servicios más importantes de la Diócesis, se hace más difícil el acceso y, por tanto, la acogida y la atención a las personas que necesitan acudir, sea por un simple certificado, con ocasión de algún problema matrimonial, por asuntos económicos o cuestiones parroquiales, para planteamientos pastorales o para visitar al Vicario General o al Obispo”. Concluyen que “la toma de decisiones de tanta importancia y relevancia, y también de tanto riesgo para el futuro de nuestra Iglesia de Gipuzkoa, no se debe llevar a cabo de espaldas a la Diócesis”.

El Obispado defiende que sus cuentas están debidamente auditadas y asegura que “la Diócesis de San Sebastián realiza una gestión del patrimonio recibido por sus fieles, con criterios de profesionalidad, prudencia y trasparencia; y lamentamos que la irresponsabilidad del comunicado emitido por el citado colectivo haya podido inducir a una alarma gratuita e innecesaria”.