Crecen los pleitos para prohibir a la expareja publicar fotos de los hijos en redes sociales

Una foto del cumpleaños en Facebook, las imágenes de las últimas vacaciones en Instagram o vídeos a través de Whatsapp de los críos... «En las secciones de Civil –recoge la memoria de la Fiscalía vasca–, el tratamiento de esta materia es objeto de una especial atención, por cuanto la utilización de las redes sociales puede afectar al derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores».

El problema es cuando los padres en proceso de divorcio no se ponen de acuerdo al respecto. E igual que se habla de la custodia, de los días de visita o de la manutención, los jueces y fiscales también tienen que entrar en materia de la protección digital de los menores.

Las tres Fiscalías, a través de sus delegados, advierten de que los menores están accediendo a internet a edades más tempranas y que «los padres no están poniendo medidas suficientes para controlar la actividad de sus hijos en el uso de las nuevas tecnologías», por lo que pide que se limite la edad mínima de acceso a la redes y que se supervise esa actividad, «transmitiendo la enorme importancia de preservar su privacidad e intimidad frente al permanente escrutinio al que se pueden llegar a ver sometidos si no se protegen adecuadamente, y utilizan indiscriminadamente las redes sociales a cualquier hora del día o de la noche, y envían información, fotografías o se relacionan con personas desconocidas, exponiéndose a riesgos con consecuencias psicológicas muy reales», a la vista de los datos.

Empieza por tanto a ser habitual que en los convenios reguladores de divorcio se recojan expresamente cláusulas que prohíben a las partes publicar fotos de los hijos en redes. En caso de desacuerdo, como ocurre con otros aspectos de la vida del menor sobre el que se ostenta la patria potestad, cualquiera de los dos podrá acudir al juez para que determine una solución común, aunque lo recomendable es adoptar un acuerdo por el bien del menor sin tener que llegar al extremo de recurrir a los tribunales. En la memoria, la Fiscalía insiste en «la importancia de que los progenitores protejan a los niños, su imagen e intimidad, evitando su exposición pública».

En el capítulo de los delitos dentro las relaciones familiares, la mayoría de las causas se refieren al impago de pensiones, que repuntan de forma ligera de los 97 casos en 2022 a los 103 el pasado ejercicio, frente a los 129 de 2020. Indica la Fiscalía de Gipuzkoa que «son numerosos» los sobreseimientos, la mayoría de las veces por la imposibilidad de calificar el delito ante la insuficiente capacidad económica del investigado».

A gran distancia, le siguen los delitos relativos al abandono de familia, que han subido de 24 a 38 casos, y a los que hay que añadir los procedimientos abiertos por absentismo escolar, que se incrementan en un tercio, según los datos recogidos.