Los pisos de alquiler temporal proliferan en Gipuzkoa para esquivar los topes de precios

¿Cómo? Imitando lo que lleva meses sucediendo en Cataluña, la primera comunidad en subirse al tren de las posibilidades que ofrece la ley estatal de Vivienda, aprobada en mayo del año pasado. Allí son 271 municipios los declarados ya oficialmente tensionados, entre ellos las cuatro capitales de provincia (140 desde el 16 de marzo y 131 desde este pasado 10 de octubre).

Son los únicos por ahora en España, si bien es previsible que en la siguiente tanda se incorpore el primero de Euskadi, Errenteria. A este le seguirán Zumaia, Lasarte-Oria y un distrito de Galdakao, y otros que están en diferentes fases del proceso, como San Sebastián e Irun.

En Cataluña muchos propietarios pronto vieron la manera de eludir las trabas y riesgos adicionales que les supone la nueva norma para el alquiler estable, especialmente en lo que se refiere al tope de precios y a la obligación de mantener más tiempo en la vivienda al inquilino si se considera vulnerable aun en el caso de que no haga frente al pago de la renta pactada. Lo que han hecho ha sido derivar sus pisos al alquiler de temporada, lo que les exime de las condiciones de la nueva norma y de las particularidades de las zonas tensionadas.

En el último año y medio han proliferado allí las ofertas de alquiler «de hasta 11 meses», una alternativa hasta ahora dirigida a un nicho concreto de inquilinos que necesitan alojarse más tiempo que el que se pasa en un establecimiento turístico pero que no necesitan un alquiler estable (profesores, estudiantes...).

Esta alternativa, hasta ahora residual, representa ya, según algunos estudios, hasta el 90% de la nueva oferta de alquiler en Barcelona y el 40% de los arrendamientos activados en la ciudad desde que es oficialmente zona tensionada, el 16 de marzo.

La estrategia ha llegado ya a Gipuzkoa. Basta echar un vistazo a los principales portales inmobiliarios para percatarse. En un escenario de oferta mínima, las personas que aspiran a emanciparse o necesitan un alojamiento por necesidades sobrevenidas (estudios, trabajo, separación...) se encuentran con la dificultad añadida de que más de la mitad de los pisos anunciados lo están solo para contratos de duración inferior a un año.

Así, en Irun solo había ayer una vivienda disponible en alquiler, es de temporada y por 1.200 euros al mes. En Errenteria, dos opciones, una temporal y otra estable. Para la segunda, por 1.300 euros, se requiere 'estudio de solvencia económica', seguro de responsabilidad civil y 4 meses por anticipado entre fianza, garantías y primera mensualidad. En total, 5.200 euros para entrar a vivir.

Mismo escenario se da en la vecina Pasaia, donde la oferta se limita a dos pisos, uno temporal y otro a largo plazo por 1.000 euros más gastos de comunidad.

En Tolosa, también un único anuncio y «para unos meses», por 995 euros al mes.

En localidades donde históricamente la oferta ha sido abundante, la situación no es tan calamitosa, pero sí dramática. En Arrasate, de las 8 viviendas ofertadas, cinco son para estudiantes o de naturaleza temporal. En Zarautz, de 10 propuestas, nueve son de temporada, y la de largo plazo se alquila por 1.700 euros.

En San Sebastián la oferta es mayor, con dos centenares de inmuebles en alquiler. Otra cosa son los precios. Los más baratos para largo plazo están por 975 euros. Hay dos por esa renta, en Marrutxipi y Amara. De los 20 más económicos, 13 son de temporada y 7 para alquilar de forma estable.

La tendencia, como se ve, afecta a todas las localidades y barrios. Así lo corroboran dos agentes inmobiliarios de dilatada experiencia en Donostia. Eli Iturzaeta, de la inmobiliaria del mismo nombre en el Centro de Donostia; y Javier Girón, de Inmobiliaria Mundaiz, en el barrio de Egia. Este confirma que «de los ocho pisos que hay ahora en alquiler en Egia, seis son para arrendamiento temporal. Es algo insólito».

Coinciden en que con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, y ahora con la esperada llegada a Gipuzkoa de las zonas tensionadas, «los propietarios sienten más inseguridad». Ante ello se han producido tres alternativas: «están los que han renunciado a alquilar, los que lo están pasando al alquiler temporal, y los que han subido los precios para cubrirse ante posibles impagos y para trasladar a la renta el coste de los honorarios a las inmobiliarias, que ahora recae en el arrendador».

Iturzaeta apunta una derivada que ya advertían los críticos con la ley incluso antes de que se aprobara. «Con escasa oferta y precios elevados, los más perjudicados están siendo las clases menos pudientes y más vulnerables, para las que ya es imposible encontrar un piso. Ante la inseguridad que sienten, los propietarios miran muchísimo el perfil del potencial inquilino y se exigen garantías de estabilidad laboral y salario que mucha gente no puede cumplir».