Piden 20 años de cárcel para un acusado de agredir y violar a su pareja en Donostia

Los hechos a juzgar habrían tenido lugar entre 2018 y 2019, en el marco de una relación sentimental de casi diez años durante los que el varón, «con el propósito de someter y doblegar la voluntad de su pareja», presuntamente le controlaba las amistades, le revisaba el teléfono móvil, le insultaba a gritos o por mensajes con expresiones como «puta», «perra», «zorra» o «gorda de mierda», al tiempo que también la agredía físicamente con zarandeos, bofetadas, agarrones del cuello o puñetazos, según detalla el escrito de conclusiones previas presentado por el fiscal en el sumario tramitado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián.

En su texto acusatorio, el Ministerio Público también relata varios hechos concretos que habrían sucedido en distintos días pero siempre dentro del domicilio familiar, como una vez que la mujer habría logrado esquivar una lata de cerveza que el hombre le lanzó «con ánimo de atentar contra su integridad física»; o cuando una noche que ella estaba durmiendo en la habitación con la hija más pequeña, el procesado habría entrado en la alcoba y colocado «un cuchillo grande de cocina en el cuello» de la denunciante; o un día de abril de 2019, cuando el varón habría comenzado a desnudar a la mujer con la «intención de mantener relaciones sexuales» y, pese a que ella se habría negado, originando así un forcejeo entre ambos y el llanto de la mujer, él habría acabado logrando su propósito pese a la negativa de ella. Finalmente, en agosto de 2019, dos discusiones en el espacio de una semana habrían finalizado con sendos puñetazos del hombre sobre su pareja, el primero en el ojo derecho y el segundo en el izquierdo, que precisaron asistencia facultativa. Tras el último episodio, el hombre fue arrestado y se le impuso una orden de alejamiento.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para él doce años de prisión por un delito de agresión sexual, un año por cada uno de los tres delitos de maltrato no habitual, tres años por un delito de maltrato habitual y dos más por amenazas. Las dos ultimas penas serían sustituidas por su expulsión del territorio español por siete y ocho años, respectivamente.