El peaje de la N-1 recauda en cuatro meses casi la mitad de lo previsto para todo el año

Si el pronóstico que maneja la Diputación de Gipuzkoa respecto al futuro judicial del peaje de la N-1 anulado por los tribunales resulta moderadamente optimista, la previsión recaudatoria supera las mejores expectativas. En el primer caso, la institución foral se basa en una argumentación que puede prestarse a interpretaciones. En el segundo, la realidad se muestra incontestable. Y lo que dicen las tablas excell, exentas de entender de legislación alguna, es que los tres arcos del sistema AT de cobro a camiones han ingresado entre el 9 de enero y el 30 de abril 4.069.746 euros.

La cifra está recogida en el anuncio de interposición de recurso de casación entregado esta semana al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por la Diputación y por las Juntas Generales de Gipuzkoa, según desveló ayer Fenadismer, federación de transportistas que representa un 15% del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), la entidad que recurrió el peaje logrando una sentencia anulatoria.

La cantidad supone llegar casi a la mitad del dinero que Bidegi había calculado percibir en todo el año. Su plan económico-financiero establecía obtener con el sistema de arcos inteligentes 8,7 millones en el primer ejercicio completo. Así, el ritmo recaudatorio del canon supera el millón por mes en el primer cuatrimestre, que además ha abarcado el periodo festivo de Semana Santa.

En cualquier caso, el dinero aportado por el peaje ya tiene destino y no podrá desviarse a otros fines distintos a los ya contemplados en la norma foral aprobada, sin oposición, en las Juntas Generales. La Diputación ya anunció que de los casi 9 millones que esperaba recaudar, tres se los llevaría el coste del sistema de arcos implantado, otros tres irían a parar a la mejora de la propia carretera N-1 (modificación de curvas, nuevos proyectos, etc.) y los tres restantes serían los que se invirtieran en la conservación de los 22 kilómetros sujetos a cobro.

Así, el canon a camiones sustituirá a los impuestos de los guipuzcoanos en la cobertura del mantenimiento de esta carretera de alta capacidad. Según ha desvelado recientemente en las Juntas Generales la directora de Carreteras, Silvia Pérez, el montante gastado en la N-1 durante esta legislatura asciende a 7,5 millones, extraídos todos ellos de los Presupuestos del departamento foral de Infraestructuras Viarias.

Según el escrito donde la Diputación y las Juntas presentan su intención de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el dinero ingresado por el peaje hasta el 30 de abril responde a los 1.711.944 trayectos registrados por el sistema AT. Este concepto se entiende como el viaje que realiza cada transportista por Gipuzkoa, pudiendo éste comprender solo uno, dos o los tres tramos sujetos a peaje: Astigarraga-Andoain (10,3 kilómetros), Andoain-Andoain (2,2 kilómetros) e Idiazabal-Etzegarate (7,4 kilómetros). Lo que no ha trascendido por el momento y la Diputación espera incluir en su recurso es cuántos de todos esos trayectos son mixtos, es decir, incluyen un paso por el arco interno de Andoain y otro por Irun o Etzegarate. El dato sobre este tipo de recorridos se antoja importante, según el propio Gobierno foral, para tratar de convencer al Supremo de que los transportistas locales no limitan su actividad al itinerario interior, más barato que los pasos por las dos puertas de salida del territorio. La sentencia del TSJPV apreciaba una «discriminación indirecta» en este peaje de tres arcos que perjuficaba a los camiones foráneos, lo que la institución foral quiere desmontar con datos sobre trayectos. Sin embargo, no está claro si el Supremo aceptará esta documentación, al suponer una novedad respecto a la información que analizó el TSJPV para emitir su fallo.

Otro interrogante que se despejará en las próximas semanas será si el Supremo admite a trámite el recurso guipuzcoano. Fenadismer mostró ayer sus dudas al respecto. Aseguró que la sentencia del alto tribunal vasco está «lo suficientemente motivada y fundamentada en la normativa europea sobre tarificación de las carreteras, que no suscita problema interpretativo alguno que revista interés general».

Si la iniciativa jurídica de la Diputación y las Juntas Generales supera este primer trámite, las asociaciones de transportistas del Estado «estudiarán» la posible solicitud de ejecución provisional del fallo judicial, es decir, la anulación del cobro. Según fuentes del Comité Nacional de Transporte por Carretera, uno de los factores que condicionará la decisión será la cuantía de la fianza que pida el juez para solicitar esa medida cautelar.

En este contexto, las Juntas Generales se pronunciarán hoy sobre una propuesta de resolución -presentada por EH Bildu- que pide a la Diputación que elabore a la mayor brevedad un estudio económico y jurídico de las consecuencias de las decisiones de la institución foral respecto a la sentencia del TSJPV.