Los transportistas consideran que la extensión del peaje en Gipuzkoa es «injusto» y «penaliza» su actividad

El secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, (Fenadismer), Juan José Gil, insiste en que «los peajes no nos gustan, porque entendemos que ya pagamos los correspondientes impuestos vía hidrocarburos, pero permaneceremos expectantes a ver si la UE considera o no discriminatoria la nueva norma, como ya ha hecho con las dos anteriores. Si finalmente se considera que cumple la legalidad, se acatará».

No obstante, Gil recuerda que lo que además de «injusto, no es legal es que se siga cobrando el peaje de una norma que ahora no existe», por lo que considera que la Diputación de Gipuzkoa debería proceder a la devolución de los pagos realizados por los transportistas en este periodo. «Nos consta que no lo van a poner facilidades, pero adoptaremos las medidas legales que sean precisas, guste o no».

En este sentido, recuerda que tanto la norma que se elaboró de mayo de 2018 a 2019, como «la versión maquillada desde mayo de 2019, fueron declaradas nulas por considerarse discriminatorias tanto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como por el Tribunal Supremo, y esas sentencias no se están cumpliendo».

La diputada Oiarbide indicó en que «los transportistas (con sus recursos) y la Justicia (con sus sentencias) nos obligan a tomar esta decisión», unas declaraciones que desde el sindicato de transportistas vascos, Hiru, consideran «desafortunadas». «Nos parece fatal que intente responsabilizarnos de su decisión», critica el portavoz Jon Altuna, quien remarca que su labor es «un servicio público, y al igual que la Sanidad o la Educación, las carreteras también deberían pagarse entre todos».

Altuna lo ejemplifica de la siguiente manera: «Si la harina se encarece, sube el precio del pan, pero en el transporte, no sucede lo mismo. Nos suben el precio de la gasolina y ponen peajes, pero con la competencia que hay, no tenemos margen para mover precios y terminamos asumiendo ese coste los transportistas. Es muy injusto», concluye.