«Nos ofrecieron 120.000 euros para que retirásemos la denuncia contra ellos»
Las tres comunidades de Donostia y Errenteria que denunciaron a una empresa de fachadas mantienen la imputación de tres años contra los acusados
Las tres comunidades de vecinos de Errenteria y Donostia que se vieron perjudicadas por la empresa Pinturas Isidoro Aguilar que contrataron para la renovación ... de las fachadas de los edificios en los que residen, mantuvieron ayer la solicitud de tres años de prisión para los dos hermanos titulares del negocio, a quienes imputan un delito continuado de estafa agravada. Los perjudicados demandan también la devolución de cerca del millón de euros que adelantaron para la ejecución de las obras. Las defensas de los acusados, por su parte, pidieron la absolución de sus clientes, al igual que la Fiscalía, que considera que los dos investigados no cometieron ilícito alguno y que su reclamación debe sustanciarse por la jurisdicción civil.
El juicio quedó ayer visto para sentencia. En la última sesión testificaron varios suministradores de material para la firma implicada, así como administradores de las comunidades involucradas, uno de los arquitectos y una vecina perjudicada que, según desveló, uno de los encausados llegó a ofrecerles 120.000 euros si retiraba la denuncia, una demanda que no prosperó.
Los hechos que son objeto de este proceso tienen su origen en las reclamaciones judiciales que 144 familias de tres comunidades, una del polígono Olibet de Errenteria, y dos de Donostia, una de la calle Baratzategi de Intxaurrondo y otra de la calle Escolta Real del Antiguo, interpusieron contra la citada empresa a la que adelantaron diversas sumas de dinero para la reforma de las fachadas de respectivas sus casas. Una de ellas abonó 238.062 euros, otra 349.759 y la tercera 446.245. En total fueron 933.000.
Pese a los ingresos realizados, ninguno de los trabajos se llevó a buen término y una de la comunidades, la de Errenteria, se mantiene seis años después con las paredes exteriores descarnadas. A los vecinos de este edificio les va a costar un millón de euros restaurar las cuatro fachadas.
Deudas a suministradores
En la sesión de ayer, varios suministradores de material de obra dijeron que dejaron de abastecerles porque la empresa denunciada no les pagaba. Uno de ellos reveló que dejó de cobrar 40.000 euros por unos trabajos realizados en el edificio de Olibet y otros 40.000 por la renovación de unos patios en Ondarreta, un encargo que también fue encomendado a la mercantil de los procesado, pero que no es objeto de este procedimiento.
El juicio quedó visto para sentencia y las defensas y la Fiscalía pidieron la absolución
El más contundente de todos los suministradores, no obstante, fue un empresario santanderino al que Pinturas Isidoro Aguilar subcontrató para la instalación del recubrimiento en Errenteria. Bastó que le letrado Fernando Arbe que representa a dos de las tres comunidades -Olibet y Baratzategi- le preguntase si participó en alguna obra por encargo de los acusados para que empezara a lanzar una batería de acusaciones. «Tuve la gran desgracia de no cobrar, unos 60.000 euros, y la desgracia también de dar con esta gente. Me pareció que todo estaba muy orquestado para ocurriera lo que sucedió. Me pareció que eran unos verdaderos chantajistas...», manifestó el testigo que extendió la acusación a arquitectos así como a la comisión vecinos encargados del seguimiento de las obras. La sucesión de imputaciones fue tal que tuvo que intervenir la presidenta del tribunal, María Victoria Cinto. «Comprendo que esté enfadado si ha dejado de cobrar un dinero, pero le pido que conteste a las preguntas que le formulen sobre hechos concretos que ha vivido», le dijo la magistrada. El testigo, más calmado, manifestó que cuando transmitió que no continuaría si no le pagaban, «me dijeron que igual iba a salir yo mal parado», una amenaza que realmente le molestó. Reconoció asimismo haber recibido unos pagarés que no tenían fondos, por lo que interpuso los oportunos procedimientos judiciales.
La oferta más económica
En la vista también testificó una vecina del edificio de la calle Baratzategi. «Elegimos la empresa de los acusados porque era la más económica, con las mejores condiciones de pago. Ofertaba, por un lado, préstamos sin intereses, la posibilidad de ingresar el dinero en la cuenta de la empresa con un descuento del 5% por pronto pago y una tercera en la que se podía abonar la suma en la cuenta de la comunidad», detalló.
La testigo manifestó que desde la propia empresa llamaron a vecinos para instarles a que optaran por la fórmula del pronto pago. «Lo hicieron conmigo. Yo apostaba por la fórmula del préstamo pero se me dijo que lo mejor era que les ingresara a ellos. Luego supimos que así recaudaron 300.000 euros».
La vecina indicó que tras la colocación de los andamios, empezaron a picar y a «hacer agujeros», a la vez que manifestó que el ritmo de obra era muy lento. «Los empleados nos decían que venían a trabajar porque tenían que ir para preservar sus derechos, aunque no cobraran».
La propietaria manifestó que tras el fracaso del proyecto inicial se vieron obligados a recurrir a otra firma para «lucir y pintar» la fachada, aunque precisó que «los problemas que teníamos, por los que contratamos a los acusados, nunca se solucionaron».
La misma testigo reveló que recibieron una oferta de uno de acusados para que «desistiésemos de la vía judicial» a cambio de dinero. «Nos ofrecieron 120.000 euros a pagar en diez años, a 1.000 euros al mes. Se lo pedimos que lo presentaran por escrito y le comunicamos que queríamos el dinero en un único pago. La oferta nunca llegó por escrito», concluyó.
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