El nuevo peaje iguala a guipuzcoanos y foráneos

Si la nueva norma foral que propone la Diputación para cambiar la estructura del peaje de la N-1 quiere evitar la interpretación de que se perjudica a los transportistas que cruzan el territorio y beneficia a quienes se mueven por el interior, el cambio de tarifas habla por sí mismo. No hace falta literatura para combatir la conclusión a la que llegó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) cuando calificó el peaje como discriminatorio. Bastan los números. Y estos dicen que, con el nuevo planteamiento, el paso interno de Andoain se encarece más del doble, un 110% para los camiones de hasta 12 toneladas y un 117% para los vehículos que superan este peso. Por contra, pasar por los tres arcos (Etzegarate, Andoain y Astigarraga) se abaratará un 23,8% para los unos y un 22,7% para los otros.

Se trata de la principal conclusión numérica del cambio de norma foral que la Diputación espera que aprueben las Juntas Generales a final de año. El paso intermedio de Andoain pasará a cobrar 5,37 kilómetros en lugar de 2,2 -se alarga el trayecto por la N-1 hacia Lasarte o por la A-15 hacia Urnieta- por lo que recaudará 1,18 euros donde antes retenía 0,56 (de 0,69 euros a 1,50 para los pesados de categoría 2). En cambio, la suma de atravesar los tres arcos pasará a costar 4,24 euros (5,32 para los de más tonelaje) en lugar de 5,56 (6,89 para los pesados 2).

Si este cambio no fuera suficiente para salvar el concepto de la «discriminación indirecta» al que ha aludido el TSJPV, el Gobierno foral se dispone a «superar confusiones con datos reales» a la hora de proponer la nueva norma foral.

Según una auditoría externa y un estudio de caracterización de los tráficos, el paso interno de Andoain -el más corto y barato del que se beneficia el transporte local según la sentencia- no favorece a los transportistas del territorio. De hecho, el 72% de los vehículos pesados que pasan solo por ese arco no son guipuzcoanos. Y otro dato revelador. Un 18% de los que realizan trayectos mixtos, de entrada y salida del territorio, son guipuzcoanos, cuando se trata de un tipo de viaje atribuible mayoritariamente a foráneos según la sentencia del TSJPV.

Con la modificación de tramos y precios, más la aportación de los datos reales registrados desde el 9 de enero, la Diputación quiere establecer una norma que «garantice» la aplicación del peaje. Porque el «pago por uso» ha llegado para quedarse a Gipuzkoa. «Vuelvo a reiterar hoy que el peaje no va a desaparecer», sentenció ayer la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide. Otro jarro de agua fría para un sector que ayer anunciaba que judicializará la nueva norma foral.

Justificó por elevación su rotundo 'no es no'. La instalación de un peaje para camiones en el eje de la N-1 no tiene vuelta atrás porque «por encima de todo priorizamos el interés público». ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? «Tenemos que implantar el pago por uso porque es el único sistema viable para no cargar los presupuestos de la Diputación que cada vez necesitan más recursos para políticas sociales y demás proyectos estratégicos».

Sin abandonar el fondo de una decisión inamovible, añadió que «no se trata de un capricho ni de este Gobierno ni de un partido -en alusión al suyo, el PNV-, sino el fruto de un debate de muchos años en las Juntas Generales». Recordó así que el acuerdo sobre «la necesidad del pago por uso para la financiación de las carreteras es unánime» en el territorio.

El discurso de la diputada foral dejó un mensaje implícito a los opositores del peaje. No tienen nada que hacer. Oiarbide volvió a cortarles las alas con su contundencia. «Los transportistas lo que no quieren es pagar el peaje y nunca van a estar de acuerdo con ninguno de los planteamientos, pero tenemos muy claro que en Gipuzkoa tomamos el hilo de las políticas europeas, y lo que se está haciendo en Europa y lo que tiene que prevalecer para dar estabilidad al sistema es el pago por uso».

Como en otros asuntos, el Gobierno foral ha querido también en el tema de las carreteras tomar distancia respecto al Estado para buscar su modelo en Europa. La diputada foral explicó que los transportistas «están acostumbradísimos a pagar en las carreteras europeas. Pagan en Francia, en Alemania, en Holanda... En un 90% de las carreteras de alta capacidad. Aunque el modelo español es un 34% de pago por carreteras de alta capacidad, el nuestro no es ese. Es el pago por uso porque es el modelo que da sostenibilidad al sistema», apuntó volviendo al núcleo de su tesis.

La filosofía viene acompañada de números. De los 9 millones que se esperan recaudar en la N-1, tres se los llevará el coste del sistema de arcos implantado, otros tres irán a parar a la mejora de la propia carretera -mejora de curvas, nuevos proyectos, etc.- y los tres restantes se invertirán en la conservación de los kilómetros sujetos a peaje. Con todo, la recaudación dejará 6 millones de euros para destinar a la propia N-1 que, de otro modo, saldría de las arcas forales. Según ha desvelado recientemente en las Juntas Generales la directora de Carreteras, Silvia Pérez, el montante gastado en la N-1 durante esta legislatura asciende a 7,5 millones, extraídos todos ellos de los Presupuestos del departamento foral de Infraestructuras Viarias.