Multa a seis constructoras por repartirse obras, entre ellas la de la variante de Hernani

Se trata de una sanción histórica impuesta hasta la fecha por el organismo estatal para el control de los mercados, un total de 203,6 millones de euros. Las empresas involucradas en la trama son Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones). Además, ha determinado la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración.

Según constató la CNMC, desde 1992 las compañías se reunían semanalmente y decidían el reparto de los contratos públicos que salían a concurso en las diferentes plataformas de contratación del Estado. Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, entre ellas el desdoblamiento de la variante de Hernani hace una década, que contó con un presupuesto de más de 20 millones de euros; también figuran en la lista las obras para ejecutar el proyecto de construcción de la variante de Berantevilla en Álava o las obras de saneamiento del medio Butrón (Bizkaia). La lista es larga, si bien la Diputación foral de Gipuzkoa no ha aportado mayores detalles a las obras que se realizaron en el territorio por parte de estas firmas antes de ser sancionadas.

Según afirma la CNMC, las empresas desarrollaron unas «complejas normas de funcionamiento» que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta. En dichos encuentros, decidían los concursos en los que iban a compartir –entre todas o en un subgrupo– una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas.

Además, intercambiaban información comercial sensible, por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían. Según recuerda el organismo estatal, el hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores «incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública», conductas que constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El pasado agosto, la CNMC multó a doce empresas constructoras con 61,28 millones de euros por alterar el resultado de las adjudicaciones para la conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento, lo que les permitió obtener 71 contratos por valor de 530 millones de euros. Entre esta docena de empresas, fueron tres las compañías multadas a las se había contratado –hasta ser sancionadas– para un total de 83 obras de conservación y mantenimiento de las carreteras de Gipuzkoa: API Movilidad, Ferroser y Mantenimiento de Infraestructuras.