Mantienen la solicitud de 15 años para el varón que forzó a su expareja en Irun

La segunda jornada del juicio arrancó con la declaración de las dos peritos encargadas de realizar los informes psicológicos. Refiriéndose al investigado, una de ellas aseguró que «impresiona su falta de conciencia respecto a la gravedad de su conducta», y añadió que «sabe que lo ha hecho mal, pero no reconoce que ese mal afecta a otra persona». Con respecto a la presunta víctima, las peritos destacaron «una afectación psicológica constante que ha agravado la sintomatología ansioso depresiva desde la primera denuncia». Y es que existe un caso previo que, aunque se ha querido mantener al margen del presente procedimiento, ha resultado muy difícil de obviar.

El propio investigado admitió en la primera sesión del juicio haber «forzado» a su expareja en el periodo de esta primera denuncia, aunque ayer volvió a negar que lo hiciera en el tiempo que se juzga en este segundo proceso. Tras las intervenciones de las dos expertas llegó el turno para que las partes presentaran sus últimos alegatos. La Fiscalía mantuvo la solicitud de 15 años –con la sustitución por expulsión del país– detallada en el escrito de acusación. La acusación particular se adhirió a la propuesta del Ministerio Fiscal y presentó una modificación para «aumentar el control electrónico o telemático que permita el seguimiento de las penas» por parte del acusado.

Por su parte, la defensa se opuso por completo a la versión de Fiscalía y acusación particular alegando que «se han mezclado cuestiones que tienen que ver con un procedimiento anterior». Exigieron que a la hora de dictar sentencia se tenga en cuenta que su representado «ha reconocido algunos hechos y lleva en prisión desde 2022». La defensa también propuso como «circunstancia atenuante» el trastorno «identificado en el informe forense que acredita una imposibilidad de controlar los impulsos». El caso ha quedado visto para dictar sentencia.