«Las mafias explotan a los migrantes en la ruta hasta Irun desde el país de origen»

En este escenario, y en pleno debate político, tendrá lugar mañana la Conferencia Sectorial de Inmigración con el fin de reformar el Reglamento de Extranjería que permitiría el reparto entre las comunidades autónomas de los menores llegados al archipiélago. Sin embargo, aunque «lo que más lo que más llama la atención son las llegadas en patera, los principales puntos de entrada a España de inmigración irregular son los grandes aeropuertos, el primero Barajas y el segundo, El Prat», explicó ayer David Bartolomé Sanz, comisario jefe de la Unidad Central de Repatriaciones de la Policía Nacional.

El agente, que intervino en una mesa redonda dentro del curso de verano de la UPV/EHU titulado 'Infancia en movilidad y derechos humanos', precisó que actualmente, a fecha de 30 de junio, el Registro de Menores No Acompañados tiene registrados 14.092 menores. «Digo el dato, porque cuando se habla de 'menas' se dan cifras de 25.000, 100.000, 200.000... Y son 14.092». De estos, 3.413 son ucranianos. Es decir, uno de cada cuatro proceden de Ucrania. «Las principales nacionalidades son aquellas que tienen la fuerza, entre comillas, de poder realizar ese tránsito migratorio de una manera segura», subrayó.

Con todo, la mesa redonda en la que intervinieron la activista de Ongi Etorri Errefuxiatuak Ana Elena Altuna y la fiscal de Menores de Córdoba Mª Carmen Rubio, bajo la moderación del abogado de SOS Racismo Mikel Mazkiaran, terminó versando mayormente sobre la migración procedente de África, a través «fundamentalmente de Canarias». Según convinieron los tres, aunque esta ruta es más peligrosa y supone «8-10 días» de travesía a bordo de un cayuco desde Senegal, es la gran predominante en la actualidad, debido al mayor control de la migración que efectúan países como Marruecos, lo que aleja el paso migratorio.

Bartolomé advirtió que el trabajo policial se lleva a cabo ya con colaboraciones con los países de origen para tratar de detectar «las mafias» que «explotan» y «atosigan» a migrantes «desde el momento» en que salen de casa, y también cuando cruzan el Atlántico y atraviesan la península «para llegar a la frontera» como Irun «y seguir hacia Europa». El segundo punto de atención policial es una vez que la patera ha llegado a puerto, en general tras haber sido asistida en el océano por Salvamento Marítimo o la Guardia Civil. Así, mientras Cruz Roja realiza la primera asistencia, la Policía observa los movimientos y el lenguaje no verbal entre los migrantes, sobre todo si hay menores para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad o trata. Finalmente, los migrantes son derivados a uno de los once centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde pueden estar hasta 72 horas antes de entrar en el sistema.

Por su parte, Mª Carmen Rubio Vicente realizó un recorrido histórico sobre el fenómeno migratorio desde que «en 2008 comenzaron a llegar menores». Destacó cómo hasta 2013 las administraciones «creíamos que lo idóneo era separar a los menores» de los adultos, en la creencia de que de este modo se iba a garantizar al menor «un futuro mejor». Pero desde 2014 se procura no separar a los menores de su entorno familiar. Las fiscalías ejercen una actividad procesal que vele por los derechos y la seguridad de los niños y niñas, llegando en su caso a establecer medidas cautelares, que luego vigilarán su cumplimiento. Desde la Fiscalía de Menores de Córdoba, Rubio reconoció que «la sobrecarga» de expedientes a menudo ralentiza mucho los procesos.

Sobre la «eternización» de esos trámites con la administración puso tres ejemplos Ana Elena Altuna desde su experiencia como activista. Uno de ellos, el de una mujer que viajaba con una bebé de 8 meses. Al llegar a Nador (Marruecos), ella fue retenida por la policía y dejó la cría a otros migrantes, con los que cruzó en patera a Almería. Aquí la entregaron a los servicios de infancia. La madre llegó 15 días después a Málaga, donde «a pesar de hablar francés e inglés, no logró que la ONG que hizo el acogimiento la entendiera». Pasaron los días, y la historia llegó a sus oídos. «Empezamos a movernos con las redes que tenemos en la península. A una compañera cercana al servicio de infancia le sonó la historia de una bebé que llegó sola» y ató cabos. Esta cooperante guió a la madre los pasos a seguir, «a qué administración ir, dónde hacerse el test de ADN». El proceso se dilató «¡cinco meses!» hasta el reencuentro. Tras pasar por Irun, la familia vive ahora en París. Con otros dos historias similares, Altuna pidió «clarificar los protocolos y el acceso a la administración. Las familias no saben a dónde dirigirse».