Las Juntas de Gipuzkoa acuerdan por unanimidad que las indemnizaciones por amianto queden exentas en el IRPF

El grupo juntero de la coalición morada consideró en su propuesta que el tratamiento fiscal de las ayudas a la víctimas de amianto «debe ser el mismo que otro tipo de indemnizaciones recibidas de las Administraciones Públicas». Añadió que lo que se busca es «garantizar la reparación a la víctimas de una enfermedad que contrajeron por su exposición a esta sustancia altamente peligrosa para la salud y la vida».

En el acuerdo alcanzado este miércoles por todos los grupos junteros se insta en primer lugar al Gobierno central a aprobar, antes de que termine la presente legislatura de Pedro Sánchez, el Reglamento que determine las compensaciones derivadas del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto. A continuación se reclama que el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi proponga las modificaciones necesarias para considerar exentas fiscalmente las indemnizaciones citadas.

El siguiente paso una vez logrado el consenso logrado en la Cámara guipuzcoana es modificar la norma foral. Como consecuencia de los plazos necesarios para ello este trámite se deberá llevar a cabo ya en la próxima legislatura, tras las elecciones forales del próximo 28 de mayo.

La exención del IRPF ha sido una de las principales reivindicaciones de los últimos años por parte de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie). Otra de ellas vio la luz el pasado mes de noviembre, con la entrada en vigor de la ley crea el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, al que corresponderá la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto sufridos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como sus causas.

En cuanto a la petición de las Juntas al Ejecutivo de Sánchez de que apruebe un reglamento que determine las compensaciones derivadas del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó recientemente que el mismo estará en funcionamiento el próximo mes de junio.

En Gipuzkoa el sistema de exenciones previsto en la Norma Foral del IRPF 3/2014, en su artículo 9,7, reguladora del IRPF, se declaran exentas «las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños físicos, psíquicos o morales a personas, en la cuantía legal o judicialmente reconocida». De esta forma, en base a este artículo la Hacienda Foral de Gipuzkoa declara exentas del IRPF las indemnizaciones reconocidas en vía judicial. Mediante el acuerdo logrado en las Juntas Generales de Gipuzkoa, una enmienda transaccional expresa «la voluntad» de que las compensaciones para las víctimas del amianto reconocidas por el Fondo, se declaren exentas en el IRPF.

La juntera de Ezker Anitza-IU en el grupo Elkarrekin Gipuzkoa, Arantza González, subrayó en la presentación de la propuesta, en enero, que «hay una deuda desde hace mucho con las víctimas del amianto y esta medida debe ayudar a que esas compensaciones contribuyan a reparar el daño sufrido por haber trabajado o estado con contacto con esta sustancia cancerígena». Arantza González ha recordado que en Gipuzkoa ha habido «multitud de empresas que han utilizado amianto y han sido muchos los trabajadores y las trabajadoras y sus familias que han contraído enfermedades como consecuencia de su exposición al amianto, siendo en muchos casos causa de sus fallecimientos».

Por otro lado, en las Juntas de Bizkaia también todos los grupos han expresado su apoyo a la medida aprobada en Gipuzkoa. Lo han hecho de forma verbal durante la Comisión de Hacienda y Finanzas.

La gran industrialización de Euskadi y la labor llevada a cabo por parte de asociaciones y sindicatos en torno al amianto ha llevado a que la concienciación en la comunidad autónoma sea superior a la de otras comunidades de su entorno. Estas dos circunstancias ayudan a entender el porqué de los registros del Cepross de la Seguridad Social hechos públicos el año pasado. De los 107 cánceres reconocidos como enfermedad profesional en el Estado, 76 fueron como consecuencia de esta sustancia cancerígena y de ellos 56 se diagnosticaron en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava.