Suspenden el juicio de Santi Coca por la desaparición de uno de los seis acusados

Según recoge el auto dictado por el magistrado presidente que lleva el caso, si bien en estos casos la normativa obliga a la continuación del procedimiento respecto de los demás acusados, en este caso considera que por «las particulares circunstancias» del mismo «la decisión lógica, proporcionada y aconsejable es acceder a la petición de suspensión».

En cuanto a las razones que le han llevado a tomar esta decisión, señala el tribunal que si bien fue la Fiscalía de Gipuzkoa la que solicitó la suspensión del juicio, el resto de partes, tanto las acusaciones como las defensas, se han mostrado de acuerdo. El objetivo es por un lado «poder evitar en la medida de lo posible una duplicación de enjuiciamientos», lo cual supondría «un incremento de la revictimización y del sufrimiento» de la familia de la víctima, por la «reiteración de los efectos conturbadores y gravemente desasosegantes» que conllevaría el enfrentarse a un juicio en dos ocasiones en caso de que el acusado huido sea hallado, lo cual señala el magistrado que es «previsible».

En ese sentido señala que «se ha de tomar en consideración la razonable posibilidad de que en un lapso más o menos cercano el acusado rebelde sea hallado y puesto a disposición de este Tribunal». Recuerda el magistrado que en el pasado (mes de diciembre de 2020) «el mismo acusado fue hallado en apenas un mes desde la emisión de la Orden Europa de Detención».

Por otro lado, recuerda que se trata de un caso juzgado por un jurado popular, con seis personas acusadas, «lo cual aumenta de manera indudable la dificultad enjuiciadora si se celebrara separadamente el juicio para los distintos acusados». Además, el tribunal indica que está previsto que declaren 46 testigos, 20 de ellos agentes de la Ertzain-tza, y 25 peritos, por lo que la repetición del juicio supondría un «evidente trastorno» para todos ellos.

Por las razones expuestas y por la conformidad de todas las partes, el magistrado suspende el juicio, dando «un plazo razonable (aproximadamente seis meses) por si es hallado el acusado rebelde» para poder celebrarlo.

El acusado que permanece huido, un joven argelino de 23 años de edad, estaba en libertad provisional desde marzo de 2022, si bien se le impusieron una serie de medidas cautelares para evitar su fuga, como la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse quincenalmente ante la Autoridad Judicial. No obstante, en septiembre se le citó para el juicio y en octubre dejó de comparecer en el juzgado de Irun.

A pesar de que se dictaron varias requisitorias para su localización, y a la vista de que seguía en paradero desconocido, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa dictó una orden de busca y captura para localizarle y garantizar su presencia en el juicio. Una orden que la semana pasada se amplió a todo el territorio europeo, pero que hasta el momento no ha dado sus frutos, por lo que la Audiencia de Gipuzkoa ha decidido suspender el juicio.

La Fiscalía y la acusación particular que ejerce la familia de Santi Coca consideran que los seis acusados son autores de un delito de asesinato, y piden para cada uno de ellos una pena de 20 años de prisión. Solo la acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de San Sebastián pide penas distintas, al solicitar 15 años para cinco de los encausados y 20 para el que permanece huido, al que consideran autor de una «última y brutal patada» en la cabeza de Santi.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de abril de 2019, cuando una discusión iniciada por tabaco desencadenó en una agresión grupal al donostiarra, que falleció dos días después en el hospital por muerte cerebral.