Jóvenes y familias con menos recursos serán destinatarios del 80% de las VPO de alquiler

El Departamento que dirige Iñaki Arriola dio ayer otro paso para regular la limitada oferta de carácter público y para priorizar a los colectivos más desfavorecidos, además de dar un impulso decidido a la rehabilitación del parque edificado que precisa «una modernización».

El nuevo decreto de colaboración financiera entre el Gobierno Vasco y las entidades de crédito recoge nuevas fórmulas y ayudas para sufragar, por ejemplo, el coste de las obras de accesibilidad de un inmueble, con un nuevo fondo especial dotado con 30 millones. Pero aprovecha para revisar algunas condiciones y requisitos en materia de adjudicación de VPO, especialmente la de alquiler, el régimen en el que el Ejecutivo centrará a partir de 2020 el 100% de su esfuerzo económico.

Una de las más relevantes y novedosas es el establecimiento de cupos en las promociones de vivienda pública. A partir de ahora, concretamente de mediados de enero cuando la norma aprobada ayer en consejo de gobierno se publique en el BOPV, el 40% de las viviendas protegidas no adaptadas se destinarán a jóvenes; otro 40%, como máximo, a familias beneficiarias del derecho subjetivo de vivienda, la mayoría con prioridad para acceder a un alquiler social; y el resto a colectivos de especial necesidad y al cupo general. Para estos dos últimos grupos se reserva un mínimo del 10% de pisos y se destinan las viviendas que no se ocupen por los otros dos colectivos.

«La finalidad de los cupos», defendió ayer Arriola, es «dar mayor oportunidad a los jóvenes y evitar que la aplicación exclusiva de criterios económicos y necesidades familiares -que seguirán siendo fundamentales en las adjudicaciones- pueda dar lugar a situaciones de marginalidad o exclusión en edificios de alquiler social». Es decir, el Departamento quiere evitar la formación de guetos en estos inmuebles, como ha ocurrido en alguna promoción alavesa, y procurar que las comunidades de vecinos de estos edificios «se parezcan lo más posible al conjunto de la sociedad». «La diversidad, la integración y la cohesión social» son objetivos de la Ley de Vivienda, dijo, cuya «aplicación mecánica» no puede propiciar «áreas segregadas».

Estos cupos buscan facilitar el acceso a quienes menos recursos económicos disponen. Y en esa renovada política, basada en la adjudicación a través de baremación y no de sorteos -ya cosa del pasado-, Vivienda establece también una nueva distinción entre solicitantes de VPO en Etxebide, donde hay distintos niveles de ingresos y posibilidades de pago de una vivienda pública. A los que pueden pagar más dentro de unos límites, y por eso pueden acceder también a viviendas más caras -como las tasadas-, Vivienda modifica los requisitos económicos. «Se adaptan a la realidad económica de los demandantes actuales» en Etxebide, justificó Arriola. Así, los solicitantes de VPO de régimen general deberán acreditar mayores ingresos mínimos. El límite inferior para alquiler sube de 3.000 a 9.000, el de compra se incrementa de 9.000 a 12.000; y en el caso de pisos tasados, pasa de 12.000 a 15.000. Los máximos se mantienen en 39.000 euros.

Lo que no cambia son los ingresos exigidos para VPO de régimen especial, las destinadas a economías menos pudientes, y donde el alquiler social se sitúa en torno a los 300 euros, rentas muy inferiores. El mínimo para esos solicitantes seguirá en 3.000 euros al año y el máximo en 25.000.

Este variopinto decreto también regulará la «adjudicación directa» de viviendas públicas a familias que sufran un lanzamiento judicial de su vivienda derivado de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, en casos de alquiler por no pagar las rentas, por ejemplo. El Ejecutivo reconoce que ahora estos desahucios son los más numerosos, frente a los de ejecución hipotecaria de antes.

Además de los jóvenes, que este mes ya se han visto también beneficiados por las modificaciones en el programa Gaztelagun para pagar alquileres libres y favorecer su emancipación, las personas mayores también están en el pensamiento del Departamento. Su problema no es acceder a un piso, sino que el que tienen esté preparado, acondicionado, a sus actuales condiciones físicas. Y por eso, el Ejecutivo va a permitir por un lado que los propietarios mayores de 70 años accedan a alojamientos dotacionales públicos, donde pueden convivir con jóvenes por ejemplo, a cambio de que cedan sus casas a Bizigune. El trueque no tiene limitación temporal de 5 años, como ocurre con este tipo de promoción para jóvenes.

Además, el decreto renueva y mejora las condiciones de financiación para rehabilitación. Por un lado, se abren nuevas líneas de subvención para quienes renueven su casa con el fin de cederla a los programas públicos de alquiler. Y por otro, se crea un Instrumento Financiero Especial, con vigencia hasta 2023 y que incluye un fondo dotado de 30 millones de euros, para ampliar «de forma muy considerable las fórmulas de ayuda y financiación, en unas condiciones de tipos y plazos muy ventajosas» -aseveró Arriola- para quienes acometan obras en sus viviendas. El objetivo es posibilitar que los dueños se queden a vivir en sus casas siempre que puedan, y que estas sean más accesibles y eficientes.