Irungo Harrera Sarea considera «inauditos los premios a la caza» de migrantes en la Policía de Irun

«No tengo adjetivos, es una animalada», contesta el representante de Irungo Harrera Sarea Ion Aranguren. Es una primera valoración a la espera del comunicado que poco más tarde difundirá la red de apoyo a migrantes de la que forma parte. Para él, la orden publicada el martes por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, y revocada ese mismo día, en la que se ofrecían a los agentes días libres de compensación según el número de migrantes detenidos en Irun es una «auténtica barbaridad», que revela un «un mercadeo a cuenta de la detención» de personas.

«Que un responsable policial no tenga filtros a la hora de tomar decisiones de este tipo es preocupante», señala Aranguren, que se pregunta hasta qué punto una orden como la de ayer puede ser legal. «No sé si es delito de odio», dice.

No tardaron en llegar las reacciones no solo de Irungo Harrera Sarea sino también de SOS Racismo, que coincidieron en calificar de «caza» la orden firmada por el jefe de la Brigada de Extranjería expedientado. La red irunesa de apoyo criticó la «falta de respeto y el pisoteo a los derechos fundamentales de las personas migrantes, a la legalidad vigente en temas de extranjería y a los derechos laborales de la Policía». Según el colectivo, estos «premios a la caza de personas migrantes» son algo «inaudito y perturbador».

En un comunicado difundido, Irungo Harrera Sarea reclamó a la Jefatura de Policía que «depure responsabilidades de inmediato y se den todas las dimisiones necesarias», y a las instituciones policiales «que formen debidamente a sus agentes en el respeto a los derechos humanos y luchen contra el racismo». Además, instó a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía a que hagan valer «sus derechos como personas trabajadoras».

La red de apoyo también señaló que «con esta propuesta se legitima el racismo que aún puede quedar en las fuerzas de seguridad y deslegitima los valores democráticos que en principio las rigen». Además, recalcó que «las personas migrantes tienen derechos fundamentales, y que viajar para mejorar o salvar sus vidas es uno de ellos». Indicó asimismo que «no tener papeles es una falta administrativa, como tener una multa, no un delito penal».

Irungo Harrera Sarea recordó que «Irun se ha formado también gracias a la llegada de personas migrantes» y que la ciudad «ha sido y es una ruta natural de migración. Es el mismo paso que cogieron nuestras familias rumbo a Hendaia para salvar sus vidas de los fascistas en 1936». «¿Aquellas vidas valían más por ser blancas?», se preguntó. En su opinión, con una propuesta como la que planteó el martes el jefe de la Brigada de Extranjería «se legitima el racismo que aún puede quedar en las fuerzas de seguridad y deslegitima los valores democráticos que en principio las rigen, aunque la masacre de Melilla no sea un buen ejemplo».

Por su parte, SOS Racismo señaló que, como «si fuera un torneo de caza, Interior establece premios por migrante detenido. A tanto la pieza». Para la organización, este tipo de iniciativas no resulta «algo inédito en la práctica policial. La prueba es que firma la orden el jefe local de Extranjería de Irun». «El problema -añadió- es que se ha hecho público. Es por eso que se le ha abierto expediente, lo que no deja de ser un lavado de cara. Es lo que vemos todos los días, por ejemplo, en la actuación policial en las vallas de Ceuta y Melilla. Se actúa de una forma, en base a instrucciones en ese sentido y luego, ante la opinión pública, se niegan e inventan versiones edulcoradas sobre la actuación policial».

SOS Racismo denunció, «una vez más», que detener a personas «por una infracción administrativa, en este caso el no tener su estancia regularizada, es una discriminación respecto al resto de la ciudadanía y una violación de derechos fundamentales: el derecho de residir y circular libremente en tanto no se haya cometido un delito. El que esa discriminación esté recogida en la legislación de extranjería no evita su ilegitimidad, por lo que reiteramos nuestra exigencia de que sea derogada».

«Este tipo de orden, y el consiguiente modus operandi, viene acompañada de los controles por perfil racial que, sistemáticamente, realizan todos los cuerpos policiales. Lo que muestra que, independientemente del color político de las instancias gubernamentales, los cuerpos policiales tienen muy clara la vulnerabilidad de las personas migrantes. Y actúan en consecuencia», añadió SOS Racismo. «Este es un ejemplo más de lo que denominamos racismo institucional», concluyó.

El sindicato LAB, por su lado, indicó que la frustrada propuesta de dar días libres por cada detención «es una muestra más de la realidad de violencia que vivimos diariamente en la frontera entre Irun y Hendaia». «Sobran las declaraciones institucionales vacías y falta voluntad política real para acabar con estas prácticas que, lejos de ser cuestiones individuales, se amparan en la impunidad brindada por los poderes públicos», afirmó.

Hasta mayo de este año han sido atendidos 1.200 migrantes en los recursos dispuestos en Irun, según datos del Gobierno Vasco. El año en el que más personas fueron atendidas fue 2021, con 8.815.

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