GuraSOS exige a la UTE de la incineradora 21 millones por incumplir contrato

GuraSOS ha acusado este jueves a la concesionaria de la incineradora de Zubieta de haber «incumplido» los compromisos contractuales para la finalización de las obras y la puesta en marcha de la fase de pruebas, lo que, según cálculos de la plataforma, acarrearía penalizaciones por 21 millones de euros.

El presidente de GuraSOS, José Mari Izeta, y el abogado de la asociación Joseba Belaustegi, han ofrecido una rueda de prensa en la que han anunciado una acción judicial y otra administrativa que, en caso de que salgan adelante, llevarían a «rescindir» el contrato con las concesionarias por «incumplimiento muy grave», han considerado.

En concreto, GuraSOS ha interpuesto un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián contra el acuerdo adoptado por la asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) el pasado 16 de diciembre de ampliar el pazo para la construcción de la incineradora hasta el 3 de marzo.

El contrato firmado por la UTE, denominada Ekondakin Energia y Medio Ambiente S.A., el 3 de abril de 2017 establece que los trabajos deben estar concluidos a los 26 meses de dicha rubrica, han señalado los representantes de la plataforma, que han precisado que ese plazo se cumplió el 3 de junio de 2019, mientras la fase de pruebas debería haber comenzado el 3 de octubre de 2019.

El incumplimiento relacionado con el fin de las obras supone, según la Ley de Contratos del Sector Público, la aplicación de una penalización de 60.000 euros al día, que suman un total de 14,5 millones de euros, asegura GuraSOS.

A esta cifra la plataforma contraria a la incineradora de Zubieta añade 3,6 millones de euros por «incumplimiento grave del plazo de puesta en marcha» de la instalación, «a razón de 30.000 euros diarios».

Estos cálculos, proyectados a 3 de marzo, que es la fecha prevista para que las obras en Zubieta estén concluidas, ascienden a otros 2,8 millones, lo que acumula un total de 21 millones de euros, según GuraSOS.

El abogado de la plataforma ha indicado que el pliego de la adjudicación especifica que las sanciones deben ser impuestas desde el «primer día» y que «cuando éstas alcancen una cuantía del 2 % del precio estimado del contrato, debe convocarse la asamblea de GHK para que decida si rescinde el contrato» y, en caso de que no lo haga, se impongan más recargos.

Berastegi ha afirmado que, además, «a los tres meses de retraso del fin de obra el contrato entra en causa de rescisión», porque se considera incumplimiento «muy grave».

Por otro lado, la plataforma ha registrado este jueves ante GHK una solicitud para que declare «lesividad para el interés público» la decisión de ampliar el plazo de construcción en seis meses hasta el 3 de marzo al tiempo que le ha exigido que instruya un expediente para cobrar los gravámenes pendientes y rescinda el contrato a la UTE por «incumplimiento muy grave».

Izeta ha señalado que GHK argumentará que los ciudadanos «no tienen legitimación para recurrir decisiones relacionadas con contratos públicos» por lo que ha hecho un llamamiento a los miembros de la asamblea de GHK, los ayuntamientos afectados y el Ministerio Fiscal para que lleven a cabo las acciones necesarias.

Asimismo, ha señalado que EH Bildu y Elkarrekin Podemos han pedido las comparecencias en el Parlamento Vasco del consejero de Medio Ambiente y de representantes de GuraSOS para informar sobre este asunto.