El Gobierno Vasco prevé perder 7 millones por impagos en sus avales a la vivienda

La cifra concreta, que es de 6,9 millones de euros, la ofrece la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en una respuesta parlamentaria a una interpelación de EH Bildu. «La previsión del posible coste de los avales fallidos es de 6.937.630 euros, para cuya financiación se ha solicitado la creación de créditos de compromiso para el periodo 2026-2029», que son los cuatro años en los que estará activo el programa de avales del Gobierno Vasco.

Esta línea de avales busca completar la financiación hipotecaria de personas entre 18 y 39 años que no cuentan con ingresos suficientes para pagar la entrada de un piso. El plan autonómico, que simula al programa nacional ICO, avalará hasta el 20% del precio del inmueble que los bancos por lo general no llegan a prestar dado el alto nivel de endeudamiento. Todo ello con el objetivo de que los jóvenes puedan tener cubierta hasta el 100% de la hipoteca sin la necesidad de tener ahorros y sin el riesgo que supone un aval familiar.

El Gobierno Vasco ha reservado una partida de 144 millones de euros hasta 2029 a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF). Pero la operación es arriesgada. Que sea el Ejecutivo autonómico quien ponga el dinero inicial y que, por tanto, no exista un compromiso financiero personal podría llevar a que se produzcan impagos. De ahí que el Ejecutivo vasco haya previsto unas pérdidas de hasta 6,9 millones en avales fallidos, una cantidad que guardará durante los próximos cuatro años –el plazo para solicitar la ayuda finalizará en octubre de 2029– como garantía de pago a los bancos. Según sus cálculos, la tasa de morosidad alcanzaría así el 4,8% de lo prestado, cuatro veces más que el que registran bancos líderes como Kutxabank (1,1%).

En su respuesta parlamentaria, la consejera Melgosa pone negro sobre blanco el dinero que Euskadi podría perder por impago a los avales, aunque hace un mes, en la presentación de la iniciativa, la titular de Bienestar y Juventud sostuvo que el riesgo de la operación era «mínimo» y que el departamento no esperaba que se produjera un gran número de impagos. «Los vascos pueden estar tranquilos. El programa cuenta con seguridad financiera y en caso de que haya un impago, se podrá recuperar reclamando judicialmente», defendió.

Con este programa, el Gobierno vasco quiere facilitar la compra después de detectar que nueve de cada diez jóvenes que vive de alquiler preferiría contar con una casa propia.