Gipuzkoa recupera el servicio de autopsias tras tener que derivar 81 pruebas a Bizkaia

Gipuzkoa ha recuperado el servicio de autopsias después de meses en los que decenas de cadáveres tuvieron que ser derivados a Bizkaia por la falta de forenses. Según datos del Instituto Vasco de Medicina Legal de Gipuzkoa, en 2023 se trasladaron 81 necropsias al territorio vecino, casi un tercio del total. A finales de año el servicio volvió a retomar su actividad normal con la incorporación además de un tercer patólogo, un puesto que permanecía sin cubrir desde la muerte del conocido forense Luis Querejeta, jefe del servicio, en junio de 2019.

Esa vacante ha generado en los últimos cuatro años una sobrecarga de trabajo para los dos patólogos que operaban en el territorio, encargados no solo de llevar a cabo las autopsias, sino también los informes, peritaciones y otras labores propias de su puesto, además de las guardias de 24 horas. Una situación que explotó el año pasado, cuando entre abril y mayo ambos cogieron la baja.

El servicio de patología quedó así desierto, obligando a tomar medidas urgentes. La adoptada por el IVML fue derivar todas las autopsias a la sede central del instituto en Bilbao. Así fue desde mayo hasta octubre, cuando uno de los forenses se reincorporó y tan solo se mandaban a Bizkaia algunos cuerpos. En noviembre, con los dos patólogos de vuelta en el trabajo cesaron las derivaciones, pero el problema de la carga de trabajo persistía.

Fue ya en diciembre cuando el servicio incorporó un tercer patólogo y comenzó a funcionar con normalidad. Se trata de un médico forense que ya trabajaba en el IVML en Gipuzkoa, con más de 35 años de experiencia, también en necropsias, que accedió a especializarse para reforzar el servicio.

De esta manera se cubre un puesto clave para el correcto funcionamiento de la unidad, que ha visto cómo el número de muertes estudiadas ha aumentado considerablemente en los últimos años. En 2021 se realizaron 185 autopsias, que se elevaron a 224 en 2022, y que el pasado año llegaron hasta las 267 (186 más las 81 derivadas a Bizkaia).

De esas 186 muertes estudiadas en Gipuzkoa, 51 fueron naturales y 114 violentas. Entre estas últimas, 30 fueron víctimas de accidente de tráfico, 40 de accidentes casuales, 2 homicidas, otras 2 por accidente laboral, 38 suicidas y 2 en los que no pudo determinarse la causa. Además hay 21 que siguen en estudio.

El envío de cuerpos a Bizkaia no solo ha supuesto un reto logístico y organizativo en los juzgados y un perjuicio para las familias de los fallecidos, que han tenido que esperar más tiempo a recibir a sus seres queridos, sino también un esfuerzo económico por el coste de los traslados por parte de las funerarias. Un gasto que fue asumido por el departamento vasco de Justicia y que se estima que ha estado cerca de los 100.000 euros, ya que cada traslado ha costado entre 1.000 y 1.500 euros.

Aunque el servicio de patología se ha reforzado, el IVML aún arrastra problemas de personas por las jubilaciones. El año pasado contaba con 15 plazas de médicos forenses, entre patólogos y médicos de clínica forense (quienes se encargan de los expedientes con personas vivas). Este año se jubilará el 40% y en 2029 serán 11 médicos menos. O lo que es lo mismo, en 6 años el 70% de la plantilla actual se habrá jubilado. La buena noticia, señalan desde el instituto, es que después de sus reclamaciones el departamento de Justicia accedió a que los sustitutos de los forenses que se van a jubilar se incorporen antes de su retirada, para que se les pueda formar y su incorporación posterior sea a pleno rendimiento. En un año han entrado cuatro médicos, pero advierten de que este 2024 se necesitan otros tres.

Más allá de las autopsias, el IVML asume cada año cerca de 6.000 expedientes judiciales de personas vivas, desde víctimas de violencia de género o de agresiones sexuales a personas que necesitan de una valoración psiquiátrica forense. En 2023 fueron un total de 5.810 informes.

El grueso de los casos se lo llevan las agresiones básicas (lesiones por peleas, por ejemplo) y las valoraciones psiquiátricas generales. Las primeras han descendido ligeramente en el último año (de 2.067 expedientes a 1.972), mientras que las segundas han repuntado en medio centenar de casos, de 1.384 informes en 2022 a 1.435 en 2023. Las agresiones en contexto de violencia de género se mantienen en ascenso. De 2021 a 2022 los casos crecieron un 19% (de 280 a 333), y aunque en el última año el aumento ha sido más contenido, (+1,8%, 399 casos), confirma la tendencia ascendente de este tipo de violencias. Las agresiones sexuales también suben de 101 casos a 110, si bien cabe destacar que en 2021 se examinó a 72 víctimas, por lo que el aumento de este tipo de expedientes reclamados por justicia es notable. Resulta llamativo el dato de las agresiones por violencia doméstica, que han descendido un 18% (de 236 a 193).