Gipuzkoa recibe un aluvión de peticiones de actas de bautismo para lograr la nacionalidad

Todo comenzó a cambiar en octubre de 2022, mes en el que se aprobó la Ley de Memoria Democrática. La norma permite a los ciudadanos extranjeros obtener la nacionalidad española siempre que acrediten tener un padre o madre, abuelo o abuela nacida en España y que «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española». Esta disposición ha colapsado el archivo, hasta el punto de que se ha visto obligado a anunciar en su página web que los jueves y viernes permanecerá cerrado al público «para dar salida a la ingente cantidad de solicitudes reprográficas que se reciben a consecuencia de la Ley de Memoria Democrática».

«Ha habido un aluvión, es algo exagerado», afirma José Ángel Garro, director del archivo donostiarra. «Tenemos a una persona a jornada completa dedicada solo a sacar adelante todas las peticiones que hemos recibido y los jueves y viernes no abrimos para ceñirnos únicamente a este tema. Estamos absolutamente desbordados, ha sido una irresponsabilidad sacar la ley y no poner los medios necesarios para hacer frente a la avalancha de solicitudes», se queja.

En 2023 el archivo tramitó 4.953 solicitudes de partidas sacramentales para la obtención de la nacionalidad. Ese mismo año atendió a 1.684 usuarios presenciales y registró 41.844 virtuales. Las visitas a la página web ascendieron a 112.093. De ellas, 12.667 procedieron de Argentina, país que «gana por goleada» a la hora de pedir partidas de bautismo. «Allí se mandan cientos de actas», afirma Garro. Otros países que destacan por el número de visitas a la web son Francia (6.765), Estados Unidos (3.501), Cuba (1.701), Uruguay (1.260) y México (1.098).

Para obtener la nacionalidad se necesita un certificado de nacimiento que, en teoría, debería reclamarse en el Registro Civil. Lo que ocurre es que este organismo, que nació en 1871, casi no contiene documentos anteriores al siglo XX. A falta de estos certificados, se admiten las actas de bautismo guardadas en las parroquias. «La Iglesia está supliendo la labor de los registros civiles. Desde 1498 se ha preocupado de apuntar los bautismos, matrimonios y defunciones de la gente, ha sabido guardar la memoria de personas, su huella», dice Garro.

Los archivos diocesanos vascos tienen indexadas «millones de partidas» con datos sobre bautismos, matrimonios o defunciones, lo que permite a quienes quieran buscar a sus antepasados realizar la búsqueda a través de internet. «Hemos registrado dos millones de bautismos, matrimonios y defunciones. Lo bueno que tenemos es que desde cualquier parte del mundo uno entra en la página web y busca su ancestro. En ningún otro sitio nadie ha podido indexar todas las partidas hasta la actualidad», dice Garro. En otras diócesis la búsqueda se realiza a mano, mirando en los libros directamente o en microfichas. Es como buscar una aguja en un pajar.

No toda la información está disponible. Hay ciertos límites temporales que no se pueden sobrepasar. «Los datos de una persona que está viva no son públicos. El límite son cien años, todos los documentos que tengan más de esa edad los ponemos automáticamente accesibles al público, pero si se acredita que la persona de la que se busca información está muerta podemos facilitar la documentación aunque no hayan pasado esos cien años. A través de internet el límite son 124 años», explica el director del archivo.

Obtener la ansiada acta de bautismo no es difícil. Basta con buscar en la web. El problema que se encuentran muchos aspirantes a la nacionalización es que hay quienes «como mucho saben que su abuelo era vasco o de San Sebastián, pero la ciudad tiene 32 parroquias». Si el apellido es medianamente común y abundante, encontrar el acta puede complicarse. «La búsqueda la tiene que hacer el interesado, que normalmente siempre acaba encontrando el documento», asegura Garro. Una vez localizada el acta es cuando puede solicitar el documento, que tiene que estar reprografiado, es decir, similar al original.

Es en el momento de recibir esta solicitud cuando empiezan los desvelos de los archiveros porque, por muy informatizado que esté el proceso, llega un momento en el que es necesaria la intervención humana. «Nosotros tenemos que coger el documento y hacer la reproducción. En un mismo folio pueden aparecer tres o cuatro partidas y tenemos que seleccionar la que se ha solicitado, porque si haces una copia del folio estás enviando también registros que no has pedido. Para eso tenemos que retocar el fotograma para que aparezca parte de la de arriba y parte de la de abajo, de forma que se vea que está dentro del documento». Una vez obtenida la imagen reprográfica se certifica en el propio archivo y después se acude al notario eclesiástico para que la legalice.

«Para la presentación en las embajadas o consulados tienen que ser forzosamente copias certificadas, que es lo que hacemos nosotros, y legalizadas por el notario eclesiástico. Es un doble trámite. Todo lo hacemos nosotros y muchas veces no nos dan ni las gracias.Se piensan que somos funcionarios. Es un trabajo absolutamente silencioso», dice Garro. El coste de esta operación es de tres euros por documento solicitado y de mucho tiempo de trabajo para el archivero. «Nosotros no ganamos nada por hacer el trámite. El dinero que cobramos es el coste de hacer las copias».