Gipuzkoa rechaza renunciar al peaje en la N-1 como piden los camioneros del Estado

Oiarbide ha ratificado a los transportistas que la Comisión Europea ha dado luz verde a la implantación del sistema de cobro. "Gipuzkoa está en una red transeuropea y la directiva europea marca que todos los camiones que pasen por una red de estas características tienen que aportar a su mantenimiento", ha mantenido. Ha hecho hincapié en que, por esa razón, la Diputación se encuentra "en pleno proceso de implantación de la directiva europea".

La diputada foral ha ido más allá al insistir en que "hasta ahora han sido los guipuzcoanos los que han pagado con sus impuestos el mantenimiento de la N-1". "No nos parece justo, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que seis de cada diez camiones que circulan en esa carretera no son de este territorio. A partir de enero de 2018, por primera vez, todo el tráfico internacional aportará al mantenimiento de la N-1", ha afirmado.

Por último, ha subrayado que la Diputación está manteniendo reuniones con las asociaciones de transportistas que así lo hayan solicitado y seguirá informando de los pasos que se irán dando hasta la implantación del peaje para camiones en la N-1.

Las razones expresadas por la diputada foral no han convencido a los transportistas. La Federación de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha hecho público un comunicado tras el encuentro en el que mantiene que la instalación de este peaje resulta "discriminatorio". Critica que los pórticos de pago se establecerán en los extremos sur y norte de Gipuzkoa, con el objetivo de eximir del pago del uso de esta vía a los transportistas locales y "gravar exclusivamente a los del resto de España que utilizan dichas carreteras como tránsito obligado hacia el resto de Europa".

Fenadismer ha negado que, tal y como asegura la Diputación, el sistema haya sido avalado por la Unión Europea. Considera que el informe de Bruselas solo "valida la metodología utilizada para el cálculo de la tasa, pero expresamente señala que no entra a valorar otros aspectos del nuevo peaje guipuzcoano", como si es o no discriminatorio.

Hay que recordar que esta cuestión se encuentra a la espera de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al que recurrieron los transportistas después de que la Diputación de Gipuzkoa aprobara la nueva norma que regula el pago de esta tasa.

Las asociaciones del sector consideran que "ya contribuyen sobradamente vía impuestos al mantenimiento de la carreteras guipuzcoanas", ya que en Gipuzkoa se suministraron en 2016 más de 780 millones de litros de gasóleo A, un 400 % más que en otras provincias españolas con flotas similares a la de Gipuzkoa. Esto permitió a la Diputación recaudar en concepto de impuesto de hidrocarburos en torno a 380 millones de euros en 2016, según los cálculos del sector. Denuncian que este dato "contrasta con los apenas 44 millones de euros que destinaron en sus presupuestos al mantenimiento de la carreteras".

Fenadismer ha anunciado que planteará llevar a cabo diversas "medidas de presión" a lo largo de octubre contra el nuevo peaje, "sin perjuicio de manifestar su predisposición a abrir una línea de diálogo con la Diputación que evite dichas movilizaciones".