La Fiscalía vasca alerta de la falta de control de los padres sobre el uso del móvil de sus hijos

En concreto, la delegación de menores de Gipuzkoa pone el foco en los delitos de acoso escolar, amenazas y vejaciones a través de las redes, difusión no consentida de fotos y vídeos de contenido sexual, grabaciones no consentidas de imágenes comprometidas a través del móvil y estafas de internet», que son las principales infracciones que ha investigado en el último año. Un ejercicio marcado por los dos chats virales con más de mil personas, en su mayoría de edades entre 12 y 13 años, en los que «a veces se colgaban fotografías pornográficas y mensajes vejatorios». Los grupos, cuya existencia fue desvelada por este periódico a raíz de la denuncia de un colegio donostiarra, se extendieron «a otras ciudades como Madrid o Santander». Las pesquisas policiales no han localizado a «ningún adulto» que distribuyera material punible, pero sí menores.

Las peligrosas consecuencias del uso indiscriminado de las redes sociales a edades tempranas es la principal conclusión sobre la que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco advierte en su memoria anual correspondiente a 2023. No es habitual un mensaje tan rotundo y mancomunado por parte de las tres fiscalías vascas y desde tantas secciones: de menores, de víctimas, de civil, de delitos de odio y de delitos informáticos.

De las infracciones investigadas en 2023, constatan que las redes sociales «no son solo un lugar de comunicación, sino también un lugar donde generar una 'realidad alternativa' para interactuar con terceros» como si el menor fuera «un personaje» emocionalmente «desconectado» de él, para lo que utiliza un nombre o 'nick' falso. El refugio del anonimato, observan las fiscalías, otorga «una falsa apariencia de impunidad» que impulsa «un comportamiento patológico hacia otros menores o adultos», caracterizado por la «agresividad, crueldad o falta de escrúpulos menores». La Fiscalía de Bizkaia avisa que «ese aparente anonimato» genera responsabilidad en comportamientos «reprochables» que pueden llegar a calificarse penalmente como delitos de odio, de amenazas, chantaje, contra la intimidad, la integridad moral, la libertad sexual...

La Fiscalía de Gipuzkoa ha investigado unos 35 expedientes relacionados con menores y nuevas tecnologías. Las redes más habituales son Instagram, WhatsApp y TikTok, pero ganan peso otras como Kik o Litmatch, cuyo fin es «potenciar que las personas respeten al amo, acepten las diferencias y se comuniquen sin presión».

El acceso a estos contenidos –advierten– se convierte a veces en un nido de amenazas y vejaciones a partir del hackeo de cuentas escolares. Así se ha detectado en tres colegios, donde a través de una cuenta y la imagen de la víctima, «se envían mensajes a otros alumnos de contenido grosero y soez» con el mero fin de «ridiculizar» al titular. También se usan chats grupales en Instragram «para ridiculizar desde el anonimato a la víctima varón, menor de 14 años».

Existe, asimismo, más de una denuncia en la que la víctima manda a quien se lo pide fotos y vídeos con desnudos, y «luego es extorsionada pidiéndole dinero bajo la amenaza de difundir las imágenes a terceros». Y también se han dado casos de estafas formuladas por menores a través de la aplicación de compra-venta Wallapop.

A modo de conclusión los fiscales observan «una población juvenil que se comporta en las redes sociales como si fuese adulta». Se muestran «desinhibidos» en sus manifestaciones orales, «se manejan bien» en la compra y venta de productos en plataformas digitales y «no son muy conscientes de los riesgos de entablar relaciones varias con desconocidos».

El acceso a este tipo de contenidos se da cada vez más «en edades más tempranas», hasta el punto que muchos escolares «no entienden su ocio sin usar sus teléfonos móviles» y «exigen jugar a juegos no aptos par menores de 18 años por su contenido violento y sexualizado». Según las fiscalías vascas, no son comportamientos aislados, sino «una realidad generalizada en los menores de edad» que sucede mientras, insisten, «los padres no están poniendo medidas suficientes para controlar la actividad de sus hijos con las nuevas tecnologías».