La Fiscalía de Gipuzkoa denuncia que solo el 5% de los robos acaban en sentencia firme

Ante este escenario, y considerando que esta tipología de ilícitos penales va en aumento –el año pasado los fiscales de Gipuzkoa trataron 5.618 asuntos de esta naturaleza, un 6,7% más que en 2023– el propio cuerpo advierte de que la evolución al alza de estas infracciones «está generando una gran alarma en la sociedad ante el sentimiento de inseguridad» que generan, al atentar estos incidentes «no solo contra el patrimonio» de las víctimas, «sino también contra el sentimiento de seguridad y protección».

Para tratar de abortar esa creciente percepción social, las tres fiscalías de Euskadi apelan a la «necesidad» de una respuesta más rápida por parte de la Administración de Justicia, «para que la sociedad no tenga la sensación de que el delincuente resulta impune ante la reiteración delictiva».

Así consta en la memoria de actividad de la Fiscalía del País Vasco correspondiente a 2024 publicada ayer. El documento, de 105 páginas, pone cifras a esta realidad. Solo en Gipuzkoa, el año pasado los fiscales incoaron 5.618 procedimientos por delitos contra el patrimonio. Supone haber iniciado 15 al día. En el transcurso de estos, se adoptaron únicamente 42 medidas cautelares de prisión. Por otro lado, se dictaron a lo largo del año pasado tan solo 318 sentencias firmes sobre este tipo de ilícitos.

En el marco de estos procedimientos, los fiscales reclamaron penas de prisión para los acusados en 42 ocasiones, un 35% más que las 31 del ejercicio precedente. La mitad (21) correspondían a situaciones de robo con violencia o intimidación (a personas sirviéndose de una agresión o amenaza), y casi un tercio (13) a robos con fuerza en las cosas (acceso a bienes forzando cerraduras o puertas, rompiendo lunas o ventanas...). La estadística se completa con cuatro solicitudes de cárcel por robo con fuerza en casa habitada o local público abierto, tres por daños, y una por estafa.

Al tratarse de una infracción considerada menor, cuyas penas son más livianas, no hubo ninguna petición de pena de cárcel por hurto, a pesar de ser esta la falta más común en el territorio.

En Gipuzkoa no solo crecen los delitos contra el patrimonio. La memoria de la Fiscalía vasca revela que este cuerpo calificó un total de 4.721 delitos, un 15% más que los 4.097 del año anterior. La calificación fiscal da más verosimilitud a la existencia de un delito efectivamente cometido que una denuncia, pues tras una investigación precisa los hechos punibles, el delito que constituyen, los atribuye a un o unos responsbles concretos, y reclama un castigo conforme a la legalidad vigente.

Esos casi 5.000 delitos dieron lugar a 194 solicitudes de prisión, un 64% más que en 2023. Este dato deja entrever que no solo aumentan los hechos delictivos, sino que además, estos son cada vez más graves.

Tal y como se puede comprobar en el cuadro adjunto, los delitos contra el patrimonio fueron los que más solicitudes de encarcelamiento trajeron aparejadas, con los ya referidos 42 casos. Le siguen 36 peticiones de privación de libertad por lesiones (16 de ellas por razón de género y/o dentro del ámbito familiar o doméstico), 23 por tráfico de drogas, 22 por actos contra la libertad sexual, 17 por homicidios, 15 por quebrantar una condena o medida cautelar, 14 contra la libertad, 8 por maltrato, 6 por delitos contra la intimidad, 4 por infracciones de tráfico, otras 4 por faltas contra el orden público, y 3 por provocar incendios.

Respecto al año anterior, destaca el aumento en hasta un 70% de las peticiones de cárcel por homicidios. Los 17 de 2024 se comparan con los 10 de 2023. De estos, la amplia mayoría (15) se reclamaron por homicidio, uno por homicidio imprudente, y otro por asesinato.

Más se incrementaron aún las derivadas de lesiones, que se multiplicaron por cinco en un año, pasando de las 7 peticiones en 2023 a 36 el año pasado. Y más aún las solicitudes de prisión por delitos contra la libertad, que pasaron de 1 a 14. En concreto, hubo 6 peticiones de cárcel por delitos de amenazas, 4 por detención ilegal, dos por coacciones y otras dos por amenazas en el ámbito familiar.

En cambio, se mantuvieron estables las demandas de privación de libertad por tráfico de drogas (23, la misma cifra que en 2023) y contra la libertad sexual (22 frente a 21).

La memoria detalla que la cifra de personas encarceladas aumentó el año pasado un 6%, al elevarse el número de reclusos en 104 personas, hasta los 1.701 internos. De ellos, 894 estaban en la cárcel alavesa de Zaballa (808 hombres y 86 mujeres); 439 en la vizcaína de Basauri (406 y 33); y 368 en la guipuzcoana de Martutene (348 varones y 20 mujeres). De estos últimos, 59 estaban en prisión preventiva (55+4) y el resto cumpliendo una condena.