La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa

La delegación de Menores de la Fiscalía de Gipuzkoa precisa que prácticamente una de cada tres denuncias, un total de diez, fueron archivadas. En dos casos, porque el presunto autor de los hechos era inimputable al ser menor de 14 años. En los ocho restantes, porque la supuesta víctima no quiso finalmente denunciar. Por tanto, fueron 17 los casos remitidos al Juzgado de Menores para su enjuiciamiento. «La mayoría» hacen referencia a relaciones de pareja «en las que el varón agrede físicamente a la mujer (empujones o agarrones de cuello), la coacciona para retomar la relación o la amenaza por Instagram tras la ruptura». Un hecho que se repite en varios expedientes. También fue incoado un procedimiento por quebrantamiento de una orden de alejamiento.

El informe jurídico subraya la existencia de «dos expedientes de extrema gravedad». Son dos episodios en los que «junto a la violencia de género habitual (control de la ropa que viste la novia, control de amistades y aislamiento de ellas, control del contenido del teléfono y de la ubicación cuando no están juntos, insultos relativos al físico, al sexo, o la vestimenta, amenazas de muerte) hubo agresiones sexuales reiteradas». Ambos procedimientos están aún en trámite.

La Fiscalía advierte en su texto que «el uso de las nuevas redes sociales ha provocado que se produzca un aumento de los delitos de violencia de género cometidos a través de internet, fundamentalmente amenazas, quebrantamientos, injurias y vejaciones». En algunos casos, según se observa, «son los padres los que interponen la denuncia dado que es frecuente que las menores normalicen las conductas de sus parejas, mostrándose vulnerables ante la situación que atraviesan».

Ante este tipo de situaciones, la Fiscalía interesa que se practiquen las diligencias de investigación pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Y aunque a veces la menor se niega a declarar en sede judicial, el fiscal solicita que se adopten medidas de protección a la menor, de manera que el investigado no pueda aproximarse ni comunicarse con ella. «El principal problema que se plantea en estos casos –lamentan los fiscales– es la falta de prueba», lo que causa «la impunidad de muchos de los autores» de los delitos.

El Ministerio Público advierte asimismo de la tendencia al alza de los delitos contra la libertad sexual, que han pasado de las 30 demandas en 2022 a las 42 en 2023 y 53 en 2024. Es decir, un 77% más en solo dos años. Tuvieron lugar «en todo tipo de escenarios»: calle, domicilio habitual, coche, centro de acogida o de estudios... En dos de los procedimientos las víctimas, de 8 y 14 años, habían contraído una enfermedad de transmisión sexual –papiloma del coronavirus y clamidia–, lo que alertó a sus padres y cuidadores de la existencia de relaciones. De nuevo, destaca la influencia de las redes sociales.

Una docena de este medio centenar de episodios acabaron siendo archivados, lo que significa casi una de cada cuatro denuncias con víctimas menores de edad no prosperan. En seis ocasiones se debió a que el autor era menor de 14 años: tres de estos sucedidos fueron en el ámbito escolar y dos en el propio domicilio, siendo las víctimas tanto varones como féminas. La más joven tenía 6 años y en algún caso era familiar del victimario. «El hecho más grave» fue una agresión sexual con penetración anal «entre varones».

Otros seis procedimientos fueron archivados porque el hecho criminal «no quedaba suficientemente justificado». En tres de ellos la víctima no presentó denuncia al manifestar que fueron relaciones sexuales libremente consentidas. Los otros tres archivos tuvieron relación con un viaje de estudios, el ámbito familiar y «deficiencias en la investigación», que concluyó que el menor no estaba coaccionado sino que él mismo «se ponía en situaciones de riesgo».

La Fiscalía se detiene en este último caso y precisa que los servicios sociales de Diputación le alertaron en una reunión de la existencia de menores que «se prostituían» y eran «utilizadas para el tráfico de drogas», pero «la Policía no investigaba tales hechos». Las fiscales de menores se sumaron a esta queja, insistiendo en la «necesidad» de «un cuerpo policial autonómico especializado en materia de menores» para «investigar una delincuencia juvenil cada vez más compleja».

La Ertzaintza ha satisfecho este año esta reivindicación al crear una unidad especializada integrada en la División de Investigación Criminal. Aborda casos con menores implicados como víctimas o autores. Según la Fiscalía, a veces los menores «son utilizados por adultos y otros menores organizados para ejecutar actividades delictivas propias de una sociedad multinacional que ha cambiado de óptica y de objetivos. Con herramientas digitales a su alcance que hacen fácil planificar y ejecutar el plan criminal con impunidad. Nos llevan amplia ventaja».