El fiscal mantiene la demanda tras el juicio a quienes pararon la incineradora

Los dos relatos opuestos sobre la historia reciente de la gestión de los residuos de Gipuzkoa fueron reproducidos ayer en la sala de vistas del Tribunal de Cuentas con sede en Madrid, durante algo más de cuatro horas. El juicio contra el exdiputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y la expresidenta de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta, sirvió en píldoras las dos versiones encontradas sobre la paralización de la incineradora de Zubieta de 2013. Fue el menor de los males, según los demandados; significó el origen de los males posteriores, para los demandantes.

Además de la declaración de los señalados como máximos responsables de las consecuencias económicas derivadas de aquella decisión, cada parte expuso sus argumentos a través de sus testigos. Todos respondieron las preguntas de los abogados de unos y otros -también el fiscal pidió alguna aclaración- ante la imponente presencia de la juez de la sala, a la que aún le falta por escuchar la narración hilada de cada letrado antes de comenzar su deliberación. Ayer decidió finalizar la sesión dejando para otro día el trámite de conclusiones, donde cada parte resumirá los puntos clave desarrollados por los comparecientes en el juicio.

En esa parte del procedimiento intervendrá también, exponiendo su tesis, el fiscal, cuyo punto de vista cobra un valor cualitativo superior al de los abogados que representan a demandantes y demandados. Según ha podido saber este periódico, la Fiscalía se sumará a la reclamación de GHK, en cuya demanda se solicita el «reintegro» de más de 40 millones de euros por parte de Errazkin e Intxaurrandieta al considerar que esa es la pérdida acumulada, de momento, en la sociedad foral por la paralización de la planta de Zubieta.

El fiscal se decantó por la argumentación de GHK hace un mes tras una vista celebrada también en el Tribunal de Cuentas a donde acudieron representantes tanto de la entidad demandante como de los dos excargos públicos denunciados. Ayer escuchó nuevos testimonios, aunque según fuentes jurídicas consultadas, sigue manteniendo su postura acorde con la demanda.

El juicio comenzó ayer con la declaración de los dos excargos públicos de EH Bildu. Intxaurrandieta y Errazkin sostuvieron que paralizar la incineradora ha resultado menos gravoso económicamente que el haberla construido. Se aferraron al argumento de que se trataba de una infraestructura deficitaria y, de hecho, expusieron que según su documentación contable, las pérdidas de haberla puesto en marcha hubieran ascendido a 10 millones de euros al año.

Defendieron asimismo que se ajustaron a la ley a la hora de rescindir el contrato y que existían 19 razones para poder romperlo, siendo uno de ellos el mutuo acuerdo con los contratistas. Esto arroja mayor gravedad, según su razonamiento, a la firma de los swaps, el seguro de cobertura del tipo de interés del crédito asumido para financiar la incineradora. Intxaurrandieta y Errazkin concluyeron que fue la contratación de este producto, que ha obligado a Gipuzkoa a pagar 600.000 euros mensuales a la banca pese a la no utilización del préstamo que cubría, lo que ha provocado el déficit de GHK.

La parte demandante presentó como testigos al actual teniente de diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, y al presidente de la Mancomunidad de Debabarrena, Arcadio Benítez, socialistas ambos con responsabilidades en el consejo de administración de GHK en la legislatura 2007-2011. Explicaron que advirtieron de manera reiterada del riesgo patrimonial que comportaba para GHK la toma de decisiones que los responsables forales de EH Bildu propusieron y finalmente llevaron a término. Concluyeron que la paralización de la incineradora se adoptó contra lo que aconsejaban los múltiples informes jurídicos, técnicos y financieros que elaboraron los servicios técnicos de GHK.

Complementaron esta versión el director técnico de la sociedad foral en el momento de los hechos, Armengol Grau, y el director financiero. El primero quiso poner en evidencia que la Administración no planteó reajustes en el proyecto de incineradora, ni presentó alternativas a la planta desde que se suspendieron los contratos (diciembre de 2011) hasta que se rescindieron con el consiguiente pago de indemnizaciones (noviembre de 2013). El segundo desgranó cómo se genera el déficit económico en la sociedad a partir de aquella decisión.

Un capítulo especial volvió a acaparar la explicación del comportamiento de los swaps, los seguros de cobertura del interés del crédito contratado para construir la incineradora. Un auditor de Ernst & Young, testigo presentado por GHK, esgrimió la tesis de que obedecían a una financiación bien estructurada y cumplían su función de garantizar un tipo de interés estable, convirtiéndose en especulativos en el momento en el que se pierde esa financiación -por la paralización del proyecto- y hay que seguir pagando por la citada cobertura.

Por contra, el perito propuesto por la parte demandada, el catedrático en Economía Financiera Prosper Lamothe, defendió que la especulación subyace en la propia estructura del producto contratado por los responsables de GHK, dirigido antes de las elecciones de 2011 por el PNV. Apuntó, en este sentido, a la inconveniencia de contratar este tipo de productos tan rígidos.

El otro testigo aportado por la defensa fue el exdirector general de GHK durante el Gobierno foral de EH Bildu, Antton Lete, quien desglosó los planes que la sociedad foral tenía para llevar a cabo una gestión de residuos alternativa a la incineración, con una mención distinguida a la construcción de plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB).

A falta del trámite de conclusiones, el futuro del primer caso en el que se pide a excargos públicos reponer con su patrimonio personal el dinero gastado por la institución que gestionaban depende ahora de la juez Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, entre 1996 y 2000. Según fuentes del Tribunal de Cuentas, podría emitir su sentencia en un plazo que oscila entre uno y cuatro meses.

Presente en el juicio, el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, estimó que «ahora son los tribunales los que deben determinar las responsabilidades y a todos nos tocará respetar sus decisiones». Denis Itxaso, por su parte, consideró que «el interés público de Gipuzkoa exige pedir responsabilidades a EH Bildu por las pérdidas provocadas en GHK». En cambio, para Ainhoa Intxaurrandieta, «existe un deseo de venganza detrás de este juicio porque si de verdad quisieran recuperar el dinero hubieran recurrido la sentencia que obliga a seguir pagando los swaps». Así se refirió a la negativa de la asamblea de GHK -con mayoría de PNV y PSE- de recurrir la resolución de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que impone el pago de este producto.