«La equidad en la escuela preocupa a todas las defensorías del pueblo»

– ¿Cómo definiría sus tres meses como Ararteko en funciones?

– Con una palabra: intensidad. En el Ararteko recae todo lo que es tarea de supervisión de informes, sobre toda la Administración vasca salvo los ayuntamientos que no sean capital de territorio. Me corresponde visar las resoluciones, conjuntamente con el secretario general, más encargado de la validación jurídica. Lo dicho, intensidad.

– Permítame la pregunta más básica. ¿En qué puede ayudar el Ararteko al ciudadano?

– Si una persona tiene un problema ante cualquier institución vasca, antes de meterse en denuncias, puede orientar la queja al Ararteko, que presta un servicio gratuito, cosa que no es ninguna tontería. Aquí hay un trato directo, a través de un equipo de atención ciudadana cercano, con personas que son juristas. A quien viene se le escucha, se le orienta y se le explican los medios que tiene a su alcance.

– Ha hablado de intensidad. ¿Crece el número de reclamaciones al Ararteko?

– Crece, sí. A estas alturas, hemos alcanzado ya el número del año pasado, en el que se contabilizaron más de 14.000 quejas. El boca a boca y los medios están haciendo que sea una institución más conocida.

– Entremos en materia. En el inicio del curso escolar se ha puesto acento en la reducción de la segregación. Ahí han solido recibir quejas.

– Sí, de Ordizia concretamente. Y firmamos resoluciones en las que planteamos a la Administración que tiene que tomar medidas. Para nosotros el caso de Ordizia es paradigma de lo que supone equidad educativa. Se daba un ejemplo de segregación donde encontramos espacios totalmente diferentes en cuanto a alumnos. Actuamos en dos direcciones: pedimos medidas a la Administración pero por nuestra parte también trabajamos ámbitos de reflexión con profesionales para poder armarnos más para facilitar material a la Administración.

– ¿Ha reaccionado debidamente el Gobierno Vasco?

– En 2023 ya percibimos algunos cambios para distribuir al alumnado. Vimos una intención aunque no llegaba a atajarse la cuestión. Ahora sí están tomando decisiones. De hecho, entre el final del periodo de matriculación y el momento en el que resuelven, crecemos en quejas de familias.

– ¿Cuál es la queja típica?

– La de no admitir a un alumno en el centro que quería.

– ¿Y el derecho a elegir de la familia?

– No está por encima de la responsabilidad de la Administración de hacer un reparto equitativo de alumnos.

– ¿Un reto cada vez más difícil?

– Desde luego, un reto que suscita una preocupación general. En octubre vamos a tener las jornadas de los defensores del pueblo de todo el Estado, los ocho de las comunidades autónomas más la defensoría del pueblo de España. Pues bien, el tema elegido para ser abordado es el de la equidad educativa. El desafío es gestionar la diversidad para proyectar una equidad educativa y crear así una escuela que sea cohesionada e inclusiva.

– Otro reto educativo es el del uso adecuado de nuevas tecnologías...

– No genera reclamaciones, pero sí tenemos la mirada puesta ahí. Familias y personas que trabajan en el ámbito de las nuevas tecnologías trasladan la necesidad de tomar decisiones claras sobre su uso en los centros.

– ¿Qué puede aportar ahí el Ararteko?

– De momento, un curso de verano sobre Inteligencia Artificial. Además, hemos integrado ahí la participación del Consejo de la Infancia y la Adolescencia. Les hemos dado la palabra para que nos digan qué es lo que les preocupa. Todos los años programamos hacer un informe de interés, en base a cosas que hemos observado que generan dudas. Profundizamos en un tema y lo compartimos. Este año ponemos el foco en la visión ética del uso de las tecnologías.

– Más allá del uso de los jóvenes, ¿no le parece que la Administración abusa de trámites electrónicos que pueden poner en apuros sobre todo a los mayores?

– Bueno, no sabes la cantidad de quejas que nos llegan, por ejemplo, con el asunto de la cita previa. Sobre todo a raíz de la pandemia, la Administración se instaló en la comodidad del online y la cita previa. Pueden ser herramientas para facilitar la atención, pero no pueden ser la única vía. La ley habla del derecho a la multicanalidad. Han llegado incluso a pedir rellenar un formulario para pedir cita previa. O tener que pedir cita previa para quejarte por no atenderte sin cita previa. Han pedido cita previa incluso para presentar denuncias.

– En junio recordó al Parlamento el deber de los poderes públicos de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

– Sí, hay quejas de gente que ve vulnerado su derecho a comunicarse en la lengua que quiere, sobre todo en euskera.

– ¿Y?

– Es complicado. Las administraciones tienen un marco normativo para cumplir. Si se pone en cuestión, acaba en los juzgados. Nosotros no cuestionamos nunca las sentencias. Las administraciones deben hacer sus planes de normalización, pero la ley establece que haya un índice de obligado cumplimiento, según la realidad sociolingüística del lugar. Nosotros no entramos en si el baremo es mejor o peor, pero sí vemos que hay ciudadanos que sienten trabas para comunicarse en su lengua.

– El acceso a la vivienda no es un tema menos complicado...

– Recibimos quejas sobre todo de colectivos que ocupan una vivienda en alquiler. No es que sean muchas, porque el parque público es escaso. Atendemos sobre todo casos de familias vulnerables y hacemos un llamamiento al departamento correspondiente para ampliar el parque. La ley dice que la vivienda digna debe tener unos determinados metros cuadrados por persona y muchas veces no se cumple. Ahí sí damos un toque de atención al Gobierno. Lo que pasa es que, incluso dándonos la razón, se dan situaciones en las que no hay más vivienda pública. Entendemos que la Administración hace un esfuerzo, pero esto va de algo a gran escala.

– ¿Como la acogida de inmigrantes?

– Ahí la ley establece que, sí o sí, los menores inmigrantes hay que atenderlos. Es una responsabilidad de máximo nivel de atención. Lo que decimos a la Administración es que tiene que tomar medidas para que no ocurra la saturación de servicios.

– Estuvo en el Alarde de Hondarribia. ¿Por qué?

– Mientras haga falta, estaremos reivindicando la igualdad y apoyando a las mujeres en la defensa del derecho a participar en igualdad de condiciones de los hombres en un evento, que se traduce en la ocupación de un espacio público. Ahí no tiene sentido segregar.

– ¿Qué impresión se llevó?

– Estuve con el alcalde, quien creo que está tomando decisiones que mejoran la fiesta con los cambios en el decreto que detalla los espacios, horarios y recorridos. Claro, lo gestiona con las dificultades de un asunto candente. Nos parece tremendo que siga habiendo tensión. Mantener la tradición por encima de una ley de igualdad no tiene explicación. Parece que el conflicto se puede quedar en un ámbito privado. Yo allí percibí más serenidad, aunque...

– Aunque...

– Que seguimos viendo personas que abren paraguas y dan la espalda al alarde mixto. ¡Y muchas son mujeres jóvenes! Eso sí que nos choca. No estamos muy equivocados cuando en este ejercicio hemos hecho un informe sobre las actitudes machistas en la juventud.

– ¿Qué concluye ese informe?

– Lo hicimos a partir de un foro de participación de jóvenes y salió que todavía existen esos estereotipos machistas en relaciones personales, incluyendo esa idea del amor romántico que justifica en ocasiones el control. También emergió el sesgo de género en los roles profesionales. Las administraciones públicas tienen el reto de virar eso. Y también cabe el llamamiento a padres y madres.

– Pero, ¿le llegan al Ararteko también quejas por cuestiones de género?

– Escasamente, porque ese asunto lleva normalmente al camino de la denuncia. Lo que hacemos desde nuestra institución es promoción de los derechos de igualdad de las mujeres.

– Hábleme, para terminar, de quejas que han recibido en la institución y que pueden llamar la atención de la gente.

– A mí me ha llamado la atención la de las angulas, que pedía proteger la especie. También nos llegan sobre colocación de contenedores de basura. Y la verdad es que la capacidad discrecional de la Administración está ahí, pero lo tiene que justificar ante el ciudadano. Tenemos quejas por ladridos de perros. Y por campanas de las iglesias... De todo.