Una venta inexistente, firmas falsas y un préstamo de una empresa de Courtois: un donostiarra se enfrenta a 3 años de cárcel por estafa

Los hechos se remontan a abril de 2022, cuando el acusado, en representación de una empresa donostiarra que se encuentra ya inactiva, acordó con otra compañía inmobiliaria con sede en Donostia y actividad también en Madrid conseguir un préstamo de 270.000 euros para ejecutar una operación de compraventa con un piso en la calle Matía de Donostia. Supuestamente lo iba a adquirir por 210.000 euros para luego venderlo a un tercero, con el que ya tenía apalabrada la cantidad de 310.000 euros. Para esta operación falsificó las firmas tanto de la supuesta vendedora, una mujer que conocía a la familia y había cuidado a la madre del acusado, como del supuesto comprador, un amigo de la infancia. Ambas víctimas, que no han lamentado pérdidas patrimoniales, han declarado que no tenían intención ni de vender ni de comprar el mencionado piso, por lo que tampoco firmaron nada.

Los 100.000 euros de beneficio que iba a reportar la operación de compraventa se iban a repartir entre la inmobiliaria emisora del préstamo (60.000) y la del acusado (40.000). Además, este último debía devolver en tres meses 330.000 euros, 270.000 por el préstamo y 60.000 por los intereses. Esa devolución nunca ocurrió y la inmobiliaria, que hizo el préstamo de los 270.000 gracias a que pidió a su vez otro préstamo a una de las empresas del portero del Real Madrid Thibaut Courtois, tuvo que hacer frente al pago por sus propios medios y mediante otro tercer préstamo. Ha sido una sorpresa escuchar repetidamente el nombre del guardameta belga en el juicio, al que los socios de las empresas involucradas en la operación –uno de los socios está construyendo al deportista una casa del tamaño de un centro comercial en Boadilla del Monte– se referían como 'El Guantes'.

El primer testigo en declarar, uno de los cuatro socios de la empresa que emitió el préstamo de 270.000 euros, ha expresado que «puso en el acuerdo un coche como garantía. Después de que no pagara lo tuve en un garaje hasta que una noche llegaron dos personas y se lo llevaron con la llave de repuesto que a mí no me dieron». Sí recibió en su cuenta personal 21.200 euros por la comisión por hacer de intermediario en la operación. El acusado ha transmitido que también le dio «en metálico» y «en una carrocería de Lezo» otros 10.000, extremo que negó el testigo.

La defensa ha reconocido las falsificaciones de las firmas y el no haber devuelto el préstamo, y ha basado su defensa en que su representado sufre trastorno de personalidad. Para ello, ha llamado a testificar al psicoanalista que ha tratado al acusado los últimos cuatro años y medio, quien transmitía que «es el caso más complejo que he tenido en mi vida profesional». Acudió al profesional en octubre de 2020 «de manera impuesta por un amigo» por «las mentiras» que formaban su vida y que «escondían una quiebra y una situación económica precaria».

Definía el problema explicando que «no era consciente de lo que le pasaba» y describió a su cliente como «un narcisista» que «justifica el mal acto por el buen acto final». Ha añadido que «nació en una familia rica, con abundancia de dinero. Tuvo accesibilidad a todo con una excesiva concesión y discriminación positiva en su niñez, no tuvo límites».

Sin embargo, cuando se descubrieron las mentiras y la estafa se descubrió, quedó «como un niño desamparado, como cuando se pilla a un niño después de hacer algo mal». La compañía inmobiliaria recibió un justificante del pago, pero el dinero nunca llegó al banco, y el psicoanalista informó que el acusado «ha tenido tres suicidios frustrados, ha estado dos veces ingresado en el hospital Donostia y otra en el centro de salud mental de Usurbil». Sin embargo, la acusación ha defendido que «no se ha aportado ningún informe escrito de todo lo que se está contando» y ha criticado que con esa práctica se busca conseguir «un coladero de atenuantes».

El acusado, preguntado por la fiscal por la razón que llevó a cabo la estafa, ha respondido que «surgió» y que «nadie», ni la propietaria del piso ni el comprador, que le instó a admitir la firma falsificada bajo notario, le transmitieron su intención de realizar la operación. «No era consciente de lo que hacía hasta que recibí el tortazo, utilicé el dinero del préstamo para pagar las deudas que tenía y abonar las comisiones», que según la defensa ascendían a 60.000 euros a los hasta tres intermediarios. «Eso sí pagué».

En el último alegato, ha defendido que «mi intención no ha sido la de dañar a nadie, quiero reparar los daños. Me he destruido la vida y la quiero reconducir».