«La emancipación juvenil es inalcanzable y no podemos permitirnos otra década perdida»
El Consejo de la Juventud de Euskadi valora en el Parlamento la nueva ley de medidas urgentes en Vivienda y la considera un «paso imprescindible» para afrontar la crisis
El mensaje del Consejo de la Juventud de Euskadi sonó alto y claro ayer en el Parlamento Vasco: «La emancipación juvenil sigue siendo una ... meta inalcanzable y no podemos permitirnos otra década perdida». Bajo esta premisa, la presidenta de Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK), Iratxe Uriarte, trasladó una valoración positiva sobre la proposición de ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que se está debatiendo estos días en la comisión de Vivienda de la Cámara vasca. No porque el consejo juvenil vasco comparta todas las medias que plantea la iniciativa impulsada por los dos socios de gobierno, PNV y PSE, pero sí por entender que es un «paso imprescindible» para que las instituciones vascas pasen a la «acción» ante una «crisis habitacional» que dificulta a los jóvenes construir un proyecto de vida independiente.
La referencia a evitar «otra década perdida» se basa en los diez años que han transcurrido desde la aprobación de la ley vasca de Vivienda de 2015, «que en su momento fue vista como progresista, pero que no ha sido suficiente, porque la emancipación de los jóvenes sigue siendo inaccesible», insistió Uriarte. «La falta de acción y de valentía política en los últimos años ha cronificado la crisis de la vivienda y ha complicado nuestros futuros. La juventud vasca necesita certezas e iniciativas concretas ya».
La presidenta de EGK valoró la agilización de los procesos que pretende introducir la nueva ley de medidas urgentes en vivienda, aunque también realizó una «lectura crítica» de algunas iniciativas que contempla. Uriarte indicó que, tras un «proceso de reflexión» en el seno del Consejo de la Juventud, este organismo quería trasladar algunas aportaciones para enriquecer el texto legal.
En relación con la reserva estratégica de suelo, EGK entiende que los cambios recogidos en la proposición de ley «permiten realizar planificaciones a largo plazo» y considera «positivo» que el Gobierno Vasco se reserve un 5% del suelo de futuros desarrollos urbanísticos «evitando que todo acabe en manos privadas».
El Consejo de la Juventud de Euskadi también valora positivamente la posibilidad de introducir mayor flexibilidad en la promoción de vivienda protegida, permitiendo que el porcentaje pueda situarse en una horquilla del 60% al 75% –en la actualidad no se puede bajar del 75%– «ya que esto puede suponer ventajas importantes», sobre todo en un contexto en el que «se está construyendo muy poca vivienda. El 75% actual es muy rígido y frena la construcción de nuevas promociones», aseguró Uriarte. No obstante, «consideramos imprescindible que el proyecto de ley especifique con total claridad los criterios que justificarían cualquier reducción respecto al estándar actual, ya que también hay riesgos como que se construya menos VPO donde más se necesita». En líneas generales, EGK se muestra partidario de flexibilizar la horquilla en municipios pequeños donde es más complicado que salgan promociones de vivienda y mantener la obligatoriedad del 75% en las capitales y sus municipios limítrofes.
El Consejo de la Juventud también aplaude que la futura ley facilite el desarrollo de alojamientos dotacionales, «porque amplía la oferta de alojamientos asequibles de forma inmediata y favorece soluciones innovadoras».
Alcanzar un consenso
Por último, Uriarte hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo «amplio y consensuado» en torno a esta ley, más allá de los partidismos, porque «puede aportar parte de las soluciones» a la crisis de la vivienda.
La comisión parlamentaria de Vivienda ha retomado esta semana las comparecencias de expertos, asociaciones y sindicatos para avanzar en la tramitación de la proposición de ley de medidas urgentes, que PNV y PSE quieren aprobar antes de final de año. Ayer, además de la presidenta de EGK, comparecieron la plataforma contra la exclusión social Argilan-ESK, el abogado urbanista Antón Pérez-Sasía Basterra y el arquitecto Blas Urbizu.
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