La Diputación presenta hoy el recurso para intentar salvar el peaje de la N-1

El peaje de la N-1 vuelve hoy a nacer. No desde la perspectiva práctica, pues el cobro a vehículos pesados nunca se ha detenido desde que el 9 de enero el sistema AT entrara en funcionamiento, pero sí desde el punto de vista de la vida jurídica del proyecto. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) le hizo un jaque mate el 9 de abril, con una sentencia que declaraba «disconforme a derecho» la norma foral que regula el canon aplicado a los camiones. La Diputación anunció que movería ficha y lo hará hoy presentando en el alto tribunal vasco un texto que manifiesta la voluntad de recurrir al Supremo. Si el TSJPV acepta el formalismo jurídico, la institución presentará el recurso de casación con la argumentación que ya tiene atada.

El texto elaborado por los servicios jurídicos de la institución foral pide una nueva oportunidad a uno de los proyectos estratégicos de la legislatura. Ahora está en manos del Tribunal Supremo concedérsela o no. Su primera decisión consistirá en admitir o no a trámite el propio recurso. Desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera, entidad que judicializó el peaje, dudan incluso de que el texto jurídico de la Diputación supere este paso dada «la gran consistencia de la sentencia del TSJPV». Si no lo hace, el primer peaje exclusivo para camiones en el Estado quedará herido de muerte.

Lejos de secundar esa «consistencia», los letrados de la Diputación han tratado de argumentar en el recurso que el concepto clave de la sentencia, el de la «discriminación indirecta», responde a una interpretación particular que hace el alto tribunal vasco del sistema de arcos implantado en el eje de la N-1.

Ese es el elemento nuclear sobre el que gira este caso. ¿Discrimina o no el peaje guipuzcoano? El TSJPV dio la razón a la Diputación al concluir que no lo hace de manera «directa», pero fue severo al asegurar que sí incurre en una «discriminación indirecta» al establecer tarifas más elevadas en los arcos de entrada y salida del territorio, en Irun y Etzegarate, y dejar un precio más reducido al paso interno por Andoain. El tribunal entendió que serían los transportistas foráneos los que «en su gran mayoría» atravesarían los tres arcos y por eso apreció una «discriminación indirecta».

El recurso trata de persuadir al Supremo de que los transportistas locales no solo pasan por el peaje de Andoain. El departamento foral de Infraestructuras Viarias maneja datos que revelarían que hay muchos trayectos mixtos que hacen los camiones de Gipuzkoa, pasando por Andoain y Etzegarate, o por Andoain e Irun. Considera que esos datos pueden ayudar a demostrar que no hay discriminación, aunque queda por ver si el juez del Tribunal Supremo aceptará una información nueva que no existía cuando el TSJPV emitió su resolución.

El detalle no es baladí. Los datos podrían objetivar esa «discriminación». El resto se presta a la subjetividad. La Diputación tiene claro que articular peajes secundarios como el de Andoain evita la discriminación que hubiera existido si únicamente se implantan arcos en Irun y Etzegarate. Por eso colocó uno en Andoain que grava 2,2 kilómetros de recorrido. Los letrados forales también ponen en valor que la Comisión europea recepcionó los informes sobre esta tramificación sin alegar objeciones.

Gipuzkoa juega fuerte la baza europea en este tema. Los juristas forales estiman que el caso puede exigir una intervención del tribunal europeo a título prejudicial. Consideran que el hecho de ser la última instancia recurrible obliga al Supremo a consultar con el tribunal europeo si el peaje vulnera la directiva europea. Es en ese trámite donde la Diputación deposita sus esperanzas. Su relación con la Comisión ha sido fluida en la tramitación del proyecto y en agosto recibió su dictamen favorable respecto al cálculo de los peajes en función del coste de la infraestructura.

Mientras el matiz de la discriminación es objeto del análisis jurídico, el cobro a camiones en la N-1 sigue adelante. La recaudación está superando en un 10% la cifra esperada al poner en marcha la infraestructura. En menos de tres meses, desde el 9 de enero hasta el 31 de marzo, los tres arcos han generado 2.466.817,22 euros, a razón de un millón aproximadamente al mes, salvo en periodos vacacionales.