La Diputación pide un año de prisión para tres guardias civiles por causar un incendio

Así quedó parte de la zona que resultó afectada por el incendio./
Así quedó parte de la zona que resultó afectada por el incendio.

Los agentes pretendían destruir diversas bengalas marinas y desencadenaron un fuego en Jaizkibel que calcinó cinco hectáreas

Javier Peñalba
JAVIER PEÑALBA

Tres agentes de la Guardia Cilvil están citados el próximo día 27 en la Audiencia de Gipuzkoa para hacer frente a una imputación por la presunta comisión de un delito de «incendio forestal». Los agentes están acusados de provocar hace cinco años un fuego en Jaizkibel durante la destrucción de diversas bengalas marinas y se enfrentan a una petición de un año de prisión. El fuego calcinó 5,5 hectáreas, dentro de un paraje incluido en la Red Natura 2000, que constituye un entramado ecológico que persigue la supervivencia de las especies y los tipos de hábitat en Europa y asimismo contribuye a detener la pérdida de biodiversidad.

La acusación en este caso la ejerce en el momento actual de forma exclusiva la Diputación de Gipuzkoa, que en la fecha de los hechos estaba gobernada por EH Bildu y que se personó en el procedimiento al poco de ocurrir el suceso. Ni la Fiscalía ni tampoco la plataforma ecologista Eguzki formulan imputación alguna. Esta última organización decidió recientemente desistir como parte acusadora, al considerar que los hechos fueron consecuencia de una imprudencia y tras conocer que a resultas de aquel episodio se adoptaron las medidas correctoras oportunas para que un caso así no vuelva a suceder.

La vista, salvo posibles modificaciones o cambios de planteamientos que se puedan producir en los días que restan, tendrá lugar en la Sección Tercera de la Audiencia. El tribunal juzgará unos hechos que acontecieron la mañana del 10 de marzo de 2014, en el monte Jaizkibel, en la ladera que da al mar, en la zona conocida como Amaotz.

La institución foral les acusa de no haber adoptado las medidas de prevención adecuadas

Según el escrito de acusación redactado por el gabinete jurídico de la Diputación, los servicios de emergencia fueron alertados a las 11.03 horas de la localización de un fuego en el citado paraje, al que acudieron agentes forestales adscritos al departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la institución foral. Los equipos combatieron el fuego que quedó controlado a las 14.40 horas, pese a lo cual fue necesario que un retén de vigilancia permaneciese en el lugar hasta entrada la tarde.

Las llamas afectaron a una extensión de cinco hectáreas y media de superficie forestal cubierta de matorral, «principalmente de la especie Ulex (tojo o argoma) con brotes de Quercus pyrenaica (melojo)», en terrenos ubicados en el término municipal de Pasaia que pertenecen al Ministerio de Defensa.

Sin medidas de prevención

La acusación precisa que el incendio fue provocado por los tres agentes de la Guardia Civil investigados cuando llevaban a cabo trabajos de inutilización del material explosivo o pirotécnico «sin la adopción de las medidas prevención adecuadas». Dicho material estaba compuesto por bengalas marinas que salieron despedidas y fueron las que desencadenaron el incendio.

El texto de la Diputación indica que la zona carecía de banda cortafuegos y añade que el día «no era el más apropio para realizar este tipo de trabajos». Asimismo, denuncia que los agentes no contaban con los medios necesarios para la extinción del incendio y que el foso donde se inutilizaron las bengalas «apenas tenía profundidad».

La vista está señalada para el próximo día 27 en la Sección Tercera de la Audiencia

De igual manera, la acusación sostiene que los investigados, además de no haber solicitado la autorización correspondiente, tampoco pusieron los hechos en conocimiento de la Diputación «para que se enviara un equipo preparado con los medios adecuados para la extinción del incendios y poder minimizar los riesgos».

Finalmente fueron los servicios de extinción de incendios los que tuvieron que acudir al lugar para extinguir las llamas, «lo que generó un coste de 1.146 euros» que fueron abonados por la institución foral.

La Diputación estima que los tres agentes de la Guardia Civil incurrieron en un delito de incendio por el que demanda un año de prisión para cada uno de ellos y el pago de un multa de 2.160 euros. Igualmente, solicita que los acusados abonen los gastos ocasionados con motivo de los trabajos de extinción realizados aquel día.