La dificultad para coger cita en Extranjería colapsa los servicios jurídicos de las ONG

Los servicios jurídicos de organizaciones como Cáritas o SOS Racismo están pagando las consecuencias de la falta de personal que ya antes del covid venía produciéndose en la oficina de Extranjera de Gipuzkoa, una realidad que se ha visto indudablemente agravada desde la irrupción del coronavirus en marzo del año pasado.

No obstante, según ha podido saber este periódico, en los últimos meses la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, consciente de la problemática, ha reforzado la plantilla y para finales de junio prevé duplicar las citas presenciales diarias, con el fin de reabsorber la carga asistencial.

«En Extranjería se hacen muchos trámites: tasas, solicitud de información, tramitación de expedientes...», resume Gueye. La dificultad a la que se enfrentan muchos inmigrantes es que para poder acceder a las oficinas es innegociable tener una cita previa, y hasta conseguirla «puedes estar dos meses entrando en la web y no encontrar ningún hueco. Hay personas que lo intentan a todas horas, incluso de madrugada y no lo consiguen», apunta.

Es en ese momento cuando dichas personas recurren a los servicios jurídicos de las organizaciones, bien porque no se atreven a hacer ciertos trámites vía online, porque no tienen los medios, porque precisan de algún documento que solo se les concede Extranjería y no saben qué hacer, o porque entre espera y espera ya están en el tiempo de descuento para efectuar ciertos trámites.

«Hay todo tipo de casos, y la mayoría son muy delicados. Gente que viene porque su residencia ha caducado, lleva dos meses intentado conseguir una cita, y si transcurre un mes más, terminará perdiendo su derecho a renovación», ejemplifica. «La gente necesita que le expliquen bien las cosas, cara a cara, y muchas veces terminamos ayudando a rellenar formularios, cuando se supone que ya hay una administración encargada de esa labor», reprocha este asesor senegalés, por haber tenido que asumir las ONG un papel y una responsabilidad que no les corresponde, como consecuencia de la dejación de funciones de la Administración.

Ejemplos, los tiene a pares. Como «el laberinto» que deben sortear muchos extranjeros para residir en España. Explica que necesitan una autorización previa que debe renovarse, por lo que cada año o dos años, el extranjero debe recurrir a la oficina de Inmigración, para poder seguir legalmente en el país o poder trabajar. «Es un mundo de obligaciones extras que deben hacerse en una oficina a la que prácticamente no puede acceder, y como son extranjeros y no quieren hacer ruido, no protestan y parece que no pasa nada», lamenta Gueye.

Asume que la pandemia ha jugado un papel importante en el escenario al que se ha llegado de atención al inmigrante, pero también sospecha que «se ha aprovechado la situación para cerrar una puerta». «La vía online es fundamental, pero como organismo público tiene la obligación de ofrecer al ciudadano la posibilidad de elegir la forma en la que desea hacer un tramite, y que esta sea efectiva y fiable», subraya Gueye.

La falta de personal en la oficina de Extranjería de Gipuzkoa no es un problema que haya cogido por sorpresa a la Subdelegación del Gobierno. Por ese motivo, en los últimos tres meses, se ha reforzado la plantilla con la incorporación de 8 nuevos trabajadores que se suman a los 10 ya existentes. «La plantilla se ha incrementado un 80% respecto a la dotación que había a primeros de año», apuntan desde Extranjería.

Asimismo, señalan que se han creado varios canales telemáticos «especialmente a través de la aplicación Mercurio, incluida en la Sede Electrónica del Ministerio», a través de la cual «se pueden tramitar el 100% de las modalidades de autorizaciones existentes». Y a partir del próximo lunes, Gipuzkoa «va a duplicar el número de citas presenciales», pasando de 22 a 44 citas diarias.

Para el asesor de Cáritas la situación actual es más favorable que hace tres meses, y la que se presenta a partir de verano espera que empiece a aliviar la saturación de los servicios de asesoramiento de las organizaciones guipuzcoanas. La ampliación de personal ha repercutido, a su juicio, en que «han mejorado algo los tiempos. Hemos pasado de tener que esperar entre cinco y seis meses para recibir una resolución, a tres meses».

En este sentido, desde Extranjería apuntan que «el tiempo medio de resolución de expedientes de residencia de larga duración es de 77 días, y de 67 en los expedientes de renovación de autorizaciones, «por lo que se están tramitando en un tiempo inferior al establecido legalmente, que es de 90 días», apuntan.

No obstante, Gueye reitera en referencia a la ampliación de la plantilla que «alivia pero no resuelve» el problema de fondo, que es que «el ciudadano tenga opciones muy reducidas de ir a la oficina. La Administración no puede limitarse a hacer las cosas como se puedan, tiene que hacerlas bien, porque está para eso», comenta molesto.