Los detenidos niegan la denuncia de explotación laboral y ciñen el caso a una irregularidad administrativa

En contraste con el relato de los denunciantes, los arrestados subrayan que tanto el Bar Senra de la Parte Vieja como la Esquina de Senra cerraban los jueves por descanso semanal, y que en los meses de temporada alta en los que se abría todos los días, «se hacían descansos entre el lunes y el miércoles, de forma rotatoria entre los trabajadores». Afirman además que si se trabajaba en un día de libranza se les pagaba 100 euros y también se abonaban las horas extras. De hecho, insisten en que sus sueldos se ajustaban a convenio y que se abonaban vía transferencia bancaria, lo que denota «que no hay intención de fraude», según su argumento. Algunos trabajadores, en cambio, denuncian que también se les pagaba «en sobres cerrados».

Los arrestados aseguran que la inspección llegó en mitad de un proceso en el que pretendían regularizar los contratos laborales, a través de una modalidad de prácticas que permite trabajar a personas en situación administrativa irregular en los sectores donde se carece de mano de obra, como es la hostelería. Siempre según su versión, aportada ayer a este periódico, «en junio» contactaron con Lanbide para que el personal de sus establecimientos pudiese cumplir esas prácticas en el mismo local pero finalmente se les indicó desde Gobierno Vasco que tenían que hacerlo a través de los centros acreditados. Es en ese «impasse», según los acusados, cuando el 9 de noviembre tiene lugar la inspección laboral. Insisten en que «nosotros lo que buscábamos era regularizar la situación laboral de estas personas», pero que la formación no se había cumplido a tiempo y que estaban a la espera. De hecho, añaden, «el 7 de febrero va a empezar ese cursillo y 17 personas –de otros negocios regentados– van a acreditar así la formación», que abre la vía de un empleo regularizado gracias a la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería.

La versión de los trabajadores denunciantes es otra. Remarcan que desde junio «nos obligaban todos los meses a escribir de nuestro puño y letra una solicitud para hacer prácticas en el Senra» y, respecto a la oferta de empleo, corrigen que «no fue en junio, sino tras la llegada de la inspección» cuando se les presentó el papel del contrato.

Los investigados defienden que la voluntad siempre ha sido la de «colaborar» con Inspección de Trabajo. Afirman que el dueño de los negocios «pidió a la Seguridad Social abonar de forma retroactiva» el importe pendiente, «pero no hemos recibido respuesta. También hemos recurrido el sello de expulsión que les pusieron, y tampoco ha habido respuesta», sostienen. Los arrestados aseveran que la motivación de las denuncias interpuestas contra ellos es personal y de venganza, como consecuencia de una serie de despidos que se realizaron tras un presunto caso de venta de droga en el bar.

Entre los hechos descritos por la Policía figura que uno de los encargados hacía labores de captación y atraía a Gipuzkoa a los trabajadores con suculentas ofertas laborales. No obstante, tanto empleadores como empleados niegan este extremo y coinciden en que la oferta se publicó a través de internet.