«Dejaron en la fachada agujeros que llegaban hasta el interior de casa»

La comunidad de Olibet, sin embargo, no es la única personada en el procedimiento. En la vista ejercen también la acusación las casas números 3, 5 y 7 de la calle Baratzategi, en el barrio donostiarra de Intxaurrondo -48 inmuebles y seis locales-, que reclaman 446.245 euros por unos trabajos que tampoco se concluyeron. Asimismo acusan los residentes en los números 45 y 47 de Escolta Real, en el Antiguo, con una veintena de afectados, que reclaman 173.000 euros. En total, los 144 perjudicados solicitan 933.000 euros.

Los hechos que son objeto de este procedimiento se remontan a 2013, año en el que las tres comunidades demandaron los servicios a la empresa Pinturas Isidoro Aguilar para acometer diferentes obras en sus fachadas. En la torre del número 2 del Polígono Olibet, la comunidad contrató a la citada firma por un importe de 555.679 euros. Los acusados ofrecieron la posibilidad de que se acogiesen a la modalidad de pago por adelantado, mediante un ingreso directo para así beneficiarse de un descuento de un 5%. De esta forma, el contratista percibía por adelantado, antes incluso de haberse iniciado la obra, la totalidad del importe. Mediante esta fórmula, los vecinos ingresaron 349.759,77 euros.

El escrito de acusación formulado por los perjudicados de Errenteria precisa que a pesar de las cantidades abonadas, la obra no se realizó. «A duras penas, tras mucha demora y reclamaciones, se ejecutó una mínima parte, que finalmente se abandonó», afirma. «Ni un solo euro del dinero recibido se destinó a la obra contratada», añade.

El texto de imputación señala que los vecinos descubrieron que el contratista se encontraba en situación de insolvencia y que, por lo tanto, no podía afrontar ninguna obra. Añade incluso que cuando efectuaron la oferta a los vecinos, «sabían que no iban a poder llevarla a cabo», a pesar de lo cual no dudaron en hacerles creer que finiquitarían el proyecto.

En la comunidad de Baratzategi se dio una situación similar. Todo empezó en 2012 cuando los residentes en los números 3, 5 y 7, decidieron encargar la rehabilitación. Tras la redacción del plan se eligió el proyecto «menos costoso», que no fue otro que el presentado por la empresa de los acusados, que también ofreció a los vecinos la posibilidad de acceder a un descuento del 5% si ingresaban el dinero directamente en su cuenta. De esta forma, consiguieron recaudar 446.254 euros. A pesar de los depósitos realizados, sin embargo, la obra no avanzaba y lo único que la empresa hizo, según los denunciantes, fue montar los andamios, picar fachadas y quitar barandillas, «es decir, romper el edificio», afirman.

La tercera de las comunidades damnificada fue la de los números 45 y 47 de la calle Escolta Real. Estos pretendían la «renovación» del edificio. El coste de la rehabilitación fue de 238.962 euros que se abonó íntegramente. Solo se ejecutó el 57%.

En la vista, los dos hermanos atribuyeron lo sucedido en parte a la difícil coyuntura económica del momento, así como a problemas derivados con empresas subcontratadas. «Nuestro personal lo único que hacía era una limpieza previa y el montaje de los andamios. El resto de trabajos correspondía a la subcontrata, que en el caso de Olibet no estaba cumpliendo con los plazos. Iba muy despacio. Después del primer pago que le hicimos, empezó a pedir dinero por adelantado, con la mala fortuna de que le extendí unos pagarés por casi el importe total de la obra. Di orden de que no fuesen atendidos estos pagarés porque la subcontrata no cumplía, pero consiguió ejecutar y a partir de ese momento llegaron órdenes de embargo de todas partes», manifestó la hermana copropietaria. Esta responsabilizó también de lo sucedido a la dirección de la obra, que no les permitió proveerse de material de otros suministradores.

El otro copropietario acusado, por su parte, manifestó que dejó la empresa en agosto de 2013 por diferencias con su hermana. Explicó que cuando rescindió, en la comunidad de Escolta Real «dejamos una fachada acabada, y otra a medias. Cuando me fui, la situación en la empresa era dura, pero la obra iba bien, conforme al contrato que teníamos y en plazo. Sé que no se acabaron las obras, pero desconozco los motivos», explicó.

Respecto a la comunidad de Olibet, en Errenteria, el encausado dijo asimismo que los trabajos «iban adecuadamente. Estábamos trabajando bien». El investigado negó que la empresa tuviera dificultades para abonar los salarios de sus empleados. «Eso no es cierto. Estaban todos al corriente de los pagos. Es cierto que dos años antes se hizo un ERE. Indemnizamos a una parte y tiramos adelante», indicó.

En la sesión de ayer, Juan Carlos Inchauspe fue el único que testificó. Hoy lo harán otros más. El perjudicado relató que los trabajos que entonces se acometieron deterioraron todavía más la fachada del edificio. «Dejaron agujeros que pasaban hasta dentro de las viviendas y hoy es el día en el que por ellos entra la humedad. La filtración de agua es en la actualidad mayor que la que había antes. Pero es que además, dejaron los andamios colgados de la misma fachada y con el paso del tiempo los apoyos se pudrieron, lo que estropeó todavía más el edificio».

El testigo manifestó que si bien al comienzo de las obras desconocía cuál era la situación patrimonial de la empresa, no tardó en percatarse de que no era precisamente muy favorable. «Los propios trabajadores nos dijeron que no cobraban y lo mismo manifestó el proveedor de una empresa de aluminio. Luego también nos hemos enterado de que los andamios estaban embargados por la Seguridad Social».

El vecino explicó que tras quedarse en la estacada, la comunidad ha solicitado un presupuesto para remozar el edificio. «Nos han dicho que nada de lo que entonces se colocó vale. Incluso nos dicen que la parte que se terminó está mal hecha. Ahora nos piden un millón de euros para dejarlo todo bien».