Los constructores vascos alertan de que «en las promociones actuales el 25% de vivienda libre paga el 75% de VPO»

Los constructores de Gipuzkoa valoran de forma positiva la ley de medidas urgentes en materia de Vivienda y Urbanismo que impulsan los dos socios en el Gobierno Vasco, PNV y PSE, porque abre la puerta a activar nuevas promociones de vivienda que hoy están paralizadas y a agilizar los trámites para que las obras se pongan en marcha. Txema Muñoz, presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción de Gipuzkoa (Ascongi), ha alertado en la comisión de Vivienda del Parlamento Vasco de que en las promociones actuales que se ponen en marcha en suelo urbanizable, que la ley vasca del Suelo obliga a que reserven un mínimo del 75% a vivienda protegida, provoca que «prácticamente un 25% de la promoción (la destinada a vivienda libre) tiene que pagar el 75% restante, porque tenemos que ceder lo que hay que ceder para hacer la vivienda protegida».

La comisión de Vivienda del Parlamento Vasco ha continuado este miércoles con las comparecencias de instituciones, asociaciones y expertos para debatir sobre la proposición de ley de medidas urgentes en materia de Vivienda. Las primeros en abrir las intervenciones han sido las asociaciones de constructores de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, que han comparecido de forma conjunta. En representación de Ascongi lo ha hecho Txema Muñoz, que también ha puesto el foco en que, en Gipuzkoa, «aproximadamente entre un 30 y un 35% del precio de una vivienda se destina a impuestos, cargas y demás: cargas de urbanización, ICOs, 15% de cesión, el propio coste de la urbanización que exigen los ayuntamientos…», cuestiones todas ellas que acaban repercutiendo en el precio final de las viviendas, que en nuestro territorio ya han superado los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Muñoz ha considerado que algunas de las medidas que introduce la ley de medidas urgentes pueden ser positivas para reactivar el sector de la construcción y ha aplaudido que la proposición hable de una revisión de los resultados «a los tres años, que el tiempo nos dirá si es suficiente para producir un cambio o no».

Sobre la posibilidad que introduce la ley de que el porcentaje de vivienda protegida de las nuevas promociones en suelo urbanizable se mueva entre una horquilla del 60% al 75% (con la ley del Suelo actual el mínimo del 75% es obligatorio), el presidente de Ascongi ha señalado que «tampoco quiere decir que haya que hacerlo al 60% siempre. El Ayuntamiento va a participar y va a decidir si hace el 75, el 65 o el 70%».

Muñoz se ha referido también a la necesidad de agilizar «los trámites y las gestiones administrativas con los ayuntamientos, que ahora mismo son muy lentas. No sé si es un problema de recursos o de digitalización, pero posiblemente haya que pensar en declaraciones responsables, en silencios administrativos positivos, en mecanizar determinados aspectos como las licencias urbanísticas, como se está haciendo ya en alguna comunidad».

Por su parte, Iñaki Urresti, secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi), ha indicado que, «al final, el 80% de la vivienda nueva que se construye en Euskadi sea protegida o sea libre es vivienda construida por los promotores privados. Por tanto, si tenemos un problema de oferta de vivienda en una situación de emergencia habitacional, como se ha descrito, será muy difícil que se solvente ese problema sin contar con lo que es la promoción privada, que es la que produce el 80% de la vivienda que se produce actualmente en Euskadi».

Urreste asegura que la falta de viabilidad de las promociones con el reparto actual del 75% para vivienda protegida y 25% para vivienda libre «es una cuestión empírica». «No se desarrollan suelos urbanizables en Euskadi. ¿Por qué? Porque no es viable económicamente la mayor parte de los sitios y, quitando casos muy concretos en municipios muy concretos, no se está desarrollando suelo urbanizable».

El presidente de Ascobi se ha felicitado de que «hay una coincidencia del diagnóstico de que tenemos un problema y de que la legislación actual que deriva de la ley del Suelo de 2006 estaba dificultando sobremanera la producción de vivienda, dificultad que se ha ido incrementando en el mismo momento en que los costes de producción de vivienda se han incrementado significativamente». Y ha apuntado que «estamos en momentos de precio máximo de vivienda comparados con los del año 2005-2006, pero los costes de producción de vivienda nueva, que es nuestro negociado, son un 70-80% más elevados de los que eran los costes de producción de vivienda en aquel momento, para la vivienda protegida y para la vivienda libre».

Por último, Luis Alba, presidente de la Unión de Empresarios de la Construcción de Álava (Uneca), que ha realizado una primera valoración conjunta de las patronales de los tres territorios históricos, ha transmitido la «valoración positiva» del sector de la construcción a la ley de medidas urgentes, aunque ha añadido que «también entiende que hay una serie de mejora que se pueden introducir», como que la modificación de la normativa «para producir de forma más ágil y en más cuantías las viviendas se consiga en todos los aspectos, no solo en la VPO, sino también en la vivienda libre».