El 15% de los casos de trata de seres humanos en Euskadi son por explotación laboral

En el conjunto de Euskadi, «los casos de explotación laboral de trabajadores irregulares han aumentado notablemente» en los últimos «2-3 años», según fuentes de la Policía Nacional e Inspección Laboral del Gobierno central. Los sectores donde se concentran los abusos son «hostelería y comercio» y, tal y como revelan estas mismas fuentes, «la situación de irregularidad» propicia que se den situaciones donde se vulneran sus derechos como trabajadores. Así, las personas extranjeras y sin papeles se convierten en el blanco perfecto para estas redes o empresarios particulares. La investigación policial llevada a cabo recientemente en dos bares de la Parte Vieja donostiarra –el bar Senra y la Esquina de Senra– y que se encuentra pendiente de juicio ha puesto el foco en la situación que viven muchos inmigrantes ilegales.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, califica de «lacra» la explotación laboral y tacha de «inadmisible» lo que ha ocurrido con dos restaurantes en Donostia. «El Gobierno está comprometido con la dignidad del trabajo y que se realice en condiciones justas. La Policía Nacional vela junto a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores y, sobre todo, de los que por sus condiciones de una mayor vulnerabilidad son un objetivo más fácil y sangrante de empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de estas condiciones para obtener un mayor beneficio económico».

Itxaso añade a este periódico que «la reforma laboral conlleva mejoras y no vamos a renunciar al control para que se cumplan. El trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Inspección de Trabajo no va a cesar para prevenir, perseguir, sancionar y acabar con esas situaciones injustas incompatibles con nuestras leyes». Desde Hostelería Gipuzkoa indicaron, al poco de conocerse este caso, que «de probarse los graves hechos de los que se acusa a los detenidos, esperamos que caiga sobre los mismos todo el peso de la ley».

Dentro de la explotación laboral, el tráfico ilícito de migrantes es un negocio que genera grandes ganancias para los traficantes y el crimen organizado y, aunque se tiende a identificar la trata con prostitución, existen otras realidades, tal y como evidencian los datos. Según los registros de la Ertzaintza, en relación con el delito de trata de seres humanos, la explotación laboral supone el 15% de los casos investigados. El resto corresponde a casos que guardan relación con el fin de explotación sexual, casi en su totalidad, de mujeres.

Desde su tipificación como delito autónomo en la reforma del Código Penal del año 2010 –castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión–, la Ertzaintza ha realizado seis investigaciones sobre trata de seres humanos con fines de explotación laboral, de las que una tuvo lugar en Gipuzkoa, en el año 2015, relacionado con un posible caso con fines de mendicidad obligada de un varón, por el que se investigó a tres mujeres de nacionalidad española.

Según explica el jefe de la Brigada provincial de Extranjería y Fronteras en Bizkaia, las investigaciones se inician cuando «alguien denuncia en comisaría unos hechos o bien por Inspección de Trabajo, que acude a un establecimiento, observa irregularidades y nos lo comunica. Tratamos de acreditar que la información que nos trasladan sea veraz pero ninguna denuncia se queda sin atender. Puede ser desde un caso de un empresario que contrata a gente en situación irregular para ahorrarse costes hasta llegar a una organización criminal que se dedica a traer gente de un determinado país para que trabaje. En el primer caso, este tipo de operaciones no se suele demorar más de 2 meses. Por otro lado, si es un caso de trata y existe una estructura criminal organizada, con gente asentada en el país donde traen a estas personas, la investigación se puede demorar uno o dos años», explica el jefe de esta brigada policial. En estos casos es cuando las investigaciones se complican. «Si es una organización criminal que está acostumbrada a delinquir, nos lo ponen difícil para acreditar esos hechos delictivos porque adoptan muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, a los empleados irregulares les dejan documentación de otras personas para que si viene Inspección de Trabajo se identifiquen con el permiso de alguien parecido a él, o tienen una zona donde esconderse que es de difícil acceso...».

Este último caso que se ha saldado con tres detenidos porpresuntamente explotar a 21 trabajadores inmigrantes en dos locales de hostelería en Donostia «es el más representativo de explotación laboral», censuran desde SOS Racismo en Gipuzkoa. «Es muy recurrente, les prometen un contrato y papeles y los tienen explotados y atados. Son casos de casi esclavitud. Hay veces que les pagan con alojamiento, comida o con especias... Hemos visto de todo, por desgracia», comentan desde esta organización, que lamenta que este tipo de situaciones son «muy difíciles» de denunciar. Y es que la mayoría de las víctimas suelen ser personas extranjeras, por lo que «primero pones la denuncia en Inspección de Trabajo, pero al ser un caso de Extranjería corresponde a Madrid y nunca vienen, no hay inspección. Además, ante un juez es muy difícil demostrar haber estado trabajando en un lugar determinado». Es lo que le ocurrió a Yousef, un joven argelino que trabajó en una carnicería de Donostia durante ocho meses con jornadas de 10 horas al día, sin descansos y con la promesa de un sueldo que nunca llegó a cobrar. El caso se denunció, pero se desestimó por falta de pruebas concluyentes.

Mikel Dacosta es uno de los abogados perteneciente al sindicato ESK que llevó el caso de Yousef. Según expone, «la ley deja claro que presentando un indicio de vulneración de derechos fundamentales (explotación) corresponde al empleador acreditar que todo está regularizado, pero en la práctica no es tan sencillo. Dependiendo del Juzgado en el que te toque puede variar el resultado y creo que Inspección de Trabajo, por lo menos en Gipuzkoa, no actúa de forma contundente en estas situaciones. Si tuviéramos una actuación por parte de Inspección más agresiva frente a estas situaciones de exceso de horas, falta de descanso entre jornadas, etc. probablemente el resultado en los juzgados sería diferente». Según el fallo de la sentencia dictada en 2022, «el demandante no acredita la relación laboral ni la realización de horas extra ni tampoco la existencia de retribución», por lo que se «desestima en su integridad la demanda interpuesta».

Yousef se resigna cuando cuenta cómo después de haber vivido una situación de «explotación» todo quedó zanjado, archivado en un cajón. «Estuve 8 meses trabajando sin parar, todos los días, seis horas por la mañana y cuatro por la tarde y sin cobrar nada. Como no tenía papeles me dijeron que me ayudarían hasta tener el permiso de residencia y que me harían contrato tras 2 meses de prueba», relata este joven de 23 años cuya historia se asemeja a muchos inmigrantes irregulares que llegan a Euskadi en busca de un trabajo y mejores condiciones de vida. Pero «la situación de precariedad y necesidad en la que se encuentran muchas veces hace que no se denuncien estas situaciones y otras tantas se terminan conciliando y no se visibilizan tanto», afirma Dacosta. La desprotección en la que se encuentran estas personas en situación irregular, junto con la necesidad de conseguir un trabajo, forman el caldo de cultivo perfecto para empleadores sin escrúpulos, que se aprovechan para ofrecerles contratos basura y ahorrarse enormes costes laborales.

En este sentido, desde la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional destacan la importancia de la colaboración ciudadana. «Es fundamental. Muchas veces el trabajador irregular tiene miedo a la policía y el propio empleador amenaza con eso, con que puede ser expulsado del país... por lo que resulta complicado llegar a tener la información». Además de las amenazas, la violencia, la intimidación o la servidumbre por deudas son otros medios que utilizan los contratantes para explotar al más débil. De ahí el miedo a denunciar; sin embargo, «el tratamiento que se le da a esta persona irregular es como víctima de un delito, ademas es una persona que está colaborando con las autoridades. Lo que ocurre es que desconocen sus derechos como víctimas».

En el caso de Yousef, nunca llegó a formalizar su contrato. «Iban pasando los meses y nada, hasta que me cansé y les dije a ver qué pasaba y fue cuando me dijeron que no había dinero para pagarme. Yo que trabajé con todas las ganas y confianza, pero no me dieron ni las gracias. Nosotros también tenemos derechos», reclama este joven, que llegó a Almería desde Argelia en 2017 después de una travesía desesperada en patera. «Estuve en un centro de menores y cuando cumplí los 18 años tuve que irme de ahí. Subí a San Sebastián y empecé a buscar trabajo y después de que me rechazaran en varios encontré la carnicería, pero acabé demasiado agotado», resume Yousef, que prefiere quitarle importancia y «mirar hacia adelante. Hace dos meses conseguí el permiso de residencia y estoy trabajando en una tienda de alimentación, con contrato, con derecho a vacaciones... Tengo un jefe muy bueno, estoy muy contento».

Otros muchos no logran encauzar una nueva vida en Gipuzkoa acompañada del trabajo que un día soñaron.