Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes

Como él, miles de guipuzcoanos se ven cada año forzados a emanciparse fuera de su localidad de origen, de su familia y amistades, ante la dificultad de encontrar un piso donde comenzar a desarrollar su vida de adulto.

Conscientes de esta situación, varios ayuntamientos de Gipuzkoa han dado un paso al frente y dan a los jóvenes de la localidad ayudas para el alquiler, con el propósito de que no se vean forzados a buscarse la vida en otro municipio por no poder hacer frente a un alquiler en su pueblo.

Como norma general, son ayudas con una vigencia temporal, entre 6 meses y dos años, para ayudar en el proceso de emancipación. Buscan cubrir la necesidad de aquellas personas de hasta 35 años que, por diferentes motivos, no cumplen los requisitos del Gobierno Vasco para sus propias ayudas –principalmente Gaztelagun y la Prestación complementaria de vivienda (PCV)–. De hecho, en la mayoría de los casos a los solicitantes se les exige un justificante de que han pedido antes las ayudas del Gobierno Vasco y de que su solicitud ha sido rechazada.

Es más, lo habitual es que las subvenciones municipales sean incompatibles con las autonómicas, aunque hay casos, como en Hernani o Zumaia, en los que sí pueden complementarse con las del plan Emantzipa, que concede 300 euros mensuales durante 24 meses como máximo a jóvenes de entre 25 y 29 años que lleven empadronados en cualquier municipio de Euskadi al menos un año y paguen un alquiler o préstamo hipotecario.

Al menos una decena de ayuntamientos de Gipuzkoa tienen vigentes este tipo de apoyos para jóvenes de hasta 35 años: Andoain, Astigarraga, Arrasate, Beasain, Errenteria, Getaria, Hernani, Urretxu, Zumaia y Zumarraga. Otros, como Tolosa, tienen subvenciones para el alquiler abiertas al público general, no solo para los jóvenes que se emancipan.

DV ha preguntado a los 88 ayuntamientos de Gipuzkoa si disponen de ayudas para la emancipación. Aunque apenas han respondido más o menos la mitad, en la muestra se observa que, a pesar de que el Gobierno Vasco ya gestiona programas para ese fin, hay localidades que han optado por complementarlas.

En algunos casos, como Errenteria, estas subvenciones tienen ya bastante recorrido. Su alcaldesa, Aizpea Otaegi, explica que «pusimos en marcha las ayudas para la emancipación en 2019. En aquel entonces identificamos que existían tramos de edad y conceptos no cubiertos por otras ayudas supramunicipales que podía ser interesante de cubrir desde el ámbito local». Se felicita de que «hemos visto cómo durante estos últimos años el Gobierno Vasco ha ido ampliando la cobertura de sus ayudas, por lo que la necesidad de complementarlas a nivel municipal ha ido disminuyendo, lo que nos permite reorientar recursos a otro tipo de necesidades».

En efecto, el hecho de que las ayudas autonómicas tengan prioridad sobre las municipales, y que como norma general ambas sean incompatibles, hace que tampoco haya excesivos beneficiarios ni que estos planes supongan un gran esfuerzo presupuestario para las corporaciones locales. Eso no es óbice para que supongan un balón de oxígeno para los perceptores. En el caso de Beasain, por ejemplo, el año pasado recibieron esta ayuda de su ayuntamiento cuatro unidades familiares.

Un repaso a la decena de ordenanzas que regulan estas ayudas permite descubrir puntos en común entre ellas. Además del límite de edad (hasta 35 años), comparten que no se conceden a residentes en pisos de protección oficial o sujetos a programas públicos como Bizigune.

Entre las diferencias, cada ayuntamiento decide los requisitos que exige, así como las cuantías de la subvención. Respecto a la ayuda económica, la mayoría la vincula a los ingresos del solicitante, con subvenciones de entre el 20% y el 50% del precio del alquiler, con topes de entre 250 y 300 euros al mes. Aquí se desmarca Zumaia, donde la ayuda oscila entre el 35%y el 60%, pero con con un límite de 150 euros mensuales, a los que se añaden 20 si el solicitante está estudiando.

Algunos municipios buscan con claridad favorecer a los jóvenes oriundos para facilitarles que se queden en el pueblo. Es el caso de Urretxu, donde se exige llevar empadronado en el municipio al menos 10 años. Otros, en cambio, aspiran no solo a evitar el éxodo juvenil, sino también a atraer jóvenes a la localidad siendo más flexibles con el requisito de antigüedad. Así ocurre en la vecina Zumarraga, o en Getaria, donde solo se pide estar empadronado en la localidad, sin tiempo mínimo. La exigencia más habitual son seis meses (frente al año que pide el Gobierno Vasco para Gaztelagun).