Las ayudas vascas para víctimas de violencia de género llegan a 213 guipuzcoanas, 147 con hijos

En 2023 se concedieron 104 ayudas, de las cuales 74 fueron entregadas a mujeres con menores a cargo. El año pasado fueron 84 –58 con menores a cargo–, una veintena menos. Aunque este dato podría interpretarse como una señal positiva –menos víctimas–, una lectura más detenida sugiere una realidad más compleja. «No ha habido menos víctimas, sino que por alguna razón, el perfil de las víctimas era diferente y hemos tenido menos solicitudes», aclara Marian Olabarrieta, directora de Apoyos para la Vida Plena.

Existe una serie de requisitos para acceder a este apoyo económico. Entre otras condiciones, la persona solicitante debe haber finalizado definitivamente la relación de pareja con el agresor, no debe convivir con él y no puede superar un tope económico de ingresos, equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «Nosotros tramitamos el 100% de las solicitudes que nos llegan y la proporción de denegaciones ha sido parecida a la de otros años. Quizá se ha dado la circunstancia de que no eran personas tan vulnerables, por lo que no han considerado solicitar la ayuda», reflexiona Olabarrieta.

La Dirección de Apoyos para la Vida Plena recoge todas las peticiones, las estudia y las resuelve, pero no acepta todas. Las mujeres que cumplen con los requisitos reciben la ayuda pero, ¿qué sucede con aquellas a las que se les deniega la solicitud? «Les hacemos llegar la razón por la que han sido denegadas, les informamos de que puede recurrir la decisión y a veces les derivamos a otras prestaciones, como puede ser la RAI (Renta Activa de Inserción), que tiene una especificidad también para mujeres víctimas de violencia».

Es bien sabido que en muchos casos la víctima encuentra dificultades para finalizar la relación con su agresor por miedo, implicaciones familiares, cuestiones sociales o económicas. Si una mujer no puede acceder a otro domicilio para dejar de convivir con su agresor, tampoco sería apta para recibir esta ayuda. «No podemos hacer excepciones. Dependemos de un Real Decreto que establece estas condiciones. La víctima tiene que intentar abandonar la vivienda que comparte con su agresor, existen recursos de las diputaciones que permiten salir del domicilio en casos graves. Entonces sí que podríamos otorgarla porque es compatible con otras ayudas», explica la directora de Apoyos para la Vida Plena.

«Si nosotros le pagamos la prestación estando empadronada en el mismo sitio y vuelve a suceder una agresión, la responsabilidad es de todos. El riesgo que está corriendo viviendo con el victimario es muy alto». El Consejo Económico y Social Vasco (CES) sugirió el pasado mes de junio modificar tres condiciones para «optimizar las ayudas». Precisamente una de ellas es la referente a la relación con el agresor. El CES propone revisar cómo se verifica la ausencia de convivencia o relación con el agresor, para «no dificultar el acceso a las ayudas necesarias para garantizar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres».

Atendiendo estas alegaciones, la Dirección de Apoyos para la Vida Plena está trabajando en la tramitación de «un nuevo decreto de ayudas de pago único» que adapte la normativa actual. «Estamos valorando la posibilidad de incluir mejoras teniendo en cuenta las alegaciones que nos han hecho desde las instituciones y la ciudadanía. Algunas son posibles pero otras no las podemos tener en cuenta debido a que lo que se recoge en el real decreto estatal no se puede cambiar», desvela Olabarrieta. Aun así, la directora evita crear expectativas y asegura que «todavía no sabemos lo que va a salir adelante».

El Gobierno Vasco concede estas ayudas desde 2005 pero el presupuesto destinado a ellas ha variado con el paso de los años. En 2019 se contaba con una dotación económica de 1.100.000 euros que se gastó casi al completo. En 2020 y 2021 pasaron a ser 1.300.000, y también se invirtió prácticamente todo el montante. En 2022 se implementó el presupuesto actual de 1.600.000 euros del que apenas sobraron 2.000. En los últimos dos años se ha superado con creces el presupuesto disponible. En 2023 se invirtieron 2.341.000 euros en las ayudas y el año pasado fueron 2.259.000. La dotación tuvo que ampliarse en más de 600.000 euros en ambos casos. Desde 2019 se han presupuestado 8.500.000 euros para estas prestaciones a las víctimas de violencia de género, y finalmente se ha gastado un total de 10.270.533, sobrepasando holgadamente la cuantía adjudicada.

En las ocasiones en las que se supera el importe establecido, la Dirección de Apoyos para la Vida Plena cuadra números y redistribuye el presupuesto completo del departamento para ampliar la cuantía de las ayudas a víctimas de violencia de género. «Si nos sobra algo de otro asunto, lo destinamos a esto. Buscamos la manera de atender a todas las mujeres que lo solicitan porque es un derecho subjetivo».