3.000 caseríos abandonados en Gipuzkoa como alternativa a la falta de vivienda
Un estudio asegura que el modelo basado en rehabitar estos espacios tiene «ventajas sociales, culturales y medioambientales»
Los caseríos representan un elemento imprescindible en el imaginario de la tradición vasca, pero van perdiendo relevancia. Entre los 15.000 levantados en territorio guipuzcoano, ... alrededor de 3.000 (uno de cada cinco) se encuentran en estado de abandono. El mensaje es claro. «El medio rural vasco pierde vida». Para tratar de recuperar estos inmuebles, revitalizar la vida más allá de los núcleos urbanos y, de paso, luchar contra uno de los grandes problemas de la actualidad, el de la escasez y carestía de la vivienda, la asociación Ametsak Sortzen, que fomenta la vivienda en comunidad, ha elaborado un estudio que revela que en torno a un 20% de los caseríos vascos, entre 8.000 y 10.000 de un censo de unos 45.000, están deshabitados y constituyen un gran parque donde podrían alojarse miles de familias.
Ametsak Sortzen promueve un modelo de vivienda compartida (cohousing) que empieza a dar sus primeros pasos en Euskadi. Ya existen cuatro caseríos que han sido rehabilitados y rehabitados (tres en Bizkaia y uno en Álava), donde varias familias llevan más de un año conviviendo. La investigación expone las ventajas –y también alguna desventaja– de un proyecto «atractivo» en muchos sentidos.
El primero de ellos, como no, guarda relación con la vivienda. «Esta forma de vida sostenible y cooperativa puede ser la solución a las dificultades de acceso a una vivienda digna en Euskadi», propone el informe, presentado ayer en San Sebastián.
A diferencia de la propiedad individual o el alquiler, las personas que utilizan este modelo no son titulares ni arrendatarias, sino socias de una cooperativa que opera como única propietaria del inmueble. «Esto les otorga un derecho de uso indefinido, intransferible y no especulativo sobre su vivienda a cambio de una aportación inicial limitada y retornable», detalla el estudio.
En el acto de presentación, celebrado en la Escuela de Arquitectura de la EHU, la coordinadora de Ametsak Sortzen Isabel Izkue destacó otro de los puntos a favor de la iniciativa. «La vivienda colectiva puede ser la solución para algunos caseríos que no encuentran relevo generacional».
«Hogares, no uso turístico»
Según los datos aportados por los investigadores, un 30% de los caseríos rehabilitados se destinan a uso turístico, con el correspondiente «impacto negativo» que conlleva para «el entorno y la tradición», lamentó Koldo Tellería, investigador principal del proyecto. «Con esta iniciativa no se buscan chalets ni casas rurales, la gente que va a vivir allí tiene una vinculación con el entorno, aporta actividad, vida y sangre nueva».
Pero la propuesta debe hacer frente a obstáculos y prejuicios, lamentan los promotores. «La gente es muy reacia a este modelo de hogar, tanto en la Administración pública como en el sector financiero», admitió Bea Moral, investigadora especializada en el ámbito social. «No responde al modelo tradicional de vivienda de familia nuclear, y eso genera incomprensión y trabas administrativas».
Los impulsores de las viviendas en comunidad defienden que «los espacios comunes que comparten los habitantes son muy importantes para crear vínculos fuertes. Los niños también consiguen un alto grado de autonomía y las personas dependientes están muy acompañadas». Al contrario que en una comunidad de vecinos al uso, en estos caseríos las personas «viven juntas porque quieren».
Paula Anasagasti, investigadora medioambiental, destacó que se trata de iniciativas que promueven la reforestación ecológica, la agricultura sostenible o la ganadería».
PNV y PSE lanzan su ley para agilizar la vivienda en Euskadi
La Ley de Medidas Urgentes con la que el Gobierno Vasco aspira a agilizar la ejecución de vivienda en Euskadi, sobre todo protegida pero también libre, inició ayer su tramitación parlamentaria. El objetivo es que la norma quede aprobada por la vía rápida antes de que finalice 2025 cuando habitualmente el Legislativo suele dedicar unos dos años a debatir sobre textos de esta enjundia y calado. La «crisis habitacional», los graves problemas para acceder a un piso que afectan a un número cada vez mayor de ciudadanos, justifican las prisas y, probablemente, que la Cámara mantenga su actividad en julio –mes inhábil– para avanzar. La nueva norma llega para matizar hasta siete leyes autonómicas, especialmente la del Suelo aprobada hace dos décadas.
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