La oposición no rechaza el canon, pero pide paliar el daño al sector local

El debate sobre instalar un peaje en la N-1 lleva años dando vueltas en las Juntas Generales, un clásico de la política guipuzcoana. Los partidos están de acuerdo en que el gasto de mantenimiento de la N-1, unos tres millones de euros al año, no puede ser sufragado únicamente con dinero de los contribuyentes guipuzcoanos. Las diferencias estaban, y están, en el cómo hacerlo. La sesión de ayer en la Cámara guipuzcoana reflejó esas disparidades. Los partidos, que dedicaron la mayor parte de su exposición a plantear dudas sobre el sistema diseñado por el gobierno bipartito de PNV y PSE, también mostraron su «preocupación» por «el daño» que pueda causar el peaje en el transporte local, como subrayaron ayer PP y Podemos. Bildu echó en cara a los jeltzales que ahora aprueben un sistema «similar» al propuesto por la coalición abertzale cuando estaban al frente de la Diputación en la anterior legislatura y que se diluyó sin apoyos. «Bienvenidos a la realidad, a lo que obliga la UE y al pragmatismo», reprochó Iban Asenjo, de Bildu.

El juntero del PP, Juan Carlos Cano, fue el primero en el turno de intervenciones. Después de mostrar su queja por el hecho de que la Diputación presentara el peaje a los medios antes que a los partidos de Juntas, planteó varias preguntas para saber si el peaje podía considerarse discriminatorio por el hecho de gravar un tramo de una carretera nacional, o si se podían aplicar deducciones fiscales a los transportistas locales. Insistió en el perjuicio económico que causará al sector local y se mostró «preocupado por si se convierta en un gravamen indirecto para el consumidor guipuzcoano» al encarecerse la cadena de transporte.

«Opuesto» al modelo Bildu

Podemos, que se ha estrenado esta legislatura en la Cámara, no mostró un rechazo expreso al peaje, pero sí manifestó su «preocupación» por los problemas que puede causar al sector, como ha denunciado por ejemplo el sindicato Hiru. Juantxo Iturria criticó que el peaje «rompe el equilibrio territorial» y preguntó si la Diputación tenía intención de extender el cobro a otras vías de alta capacidad, lo que fue negado. Sí pidió «medidas para compensar al sector», aunque reconoció tras escuchar las explicaciones jurídicas que «el margen de maniobra es pequeño».

Desde el PSE, socio de gobierno del PNV, se defendió el canon, como era previsible, pero sí se preguntaron «si es suficientemente garantista».

Asenjo, de Bildu, insistió en la semejanza del proyecto con el que presentó en la anterior legislatura la coalición abertzale, denominado Arkupe, y preguntó si Bidegi iba a devolver los 10 millones de inversión inicial que pagará la Diputación, a través de una ampliación de presupuesto ya aprobada. La diputada, Aintzane Oiarbide en el tono más agrio de su intervención, rechazó la comparación. «El modelo Arkupe perjudicaba a todos los camioneros, incluidos a los vehículos ligeros. Son modelos antagónicos», concluyó.