La Diputación afirma que en el tramo Antzuola-Bergara primará «la seguridad»

La diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, ha subrayado este jueves que en la construcción del tramo Antzuola-Bergara de la carretera GI-632, paralizado en la anterior legislatura en la que gobernaba Bildu, su departamento "actuará con responsabilidad y priorizará la seguridad".

La diputada foral jeltzale ha confirmado, en una comparecencia a iniciativa propia en la comisión correspondiente de las Juntas Generales, de que "los grandes problemas" que han aflorado en el análisis geológico "exhaustivo" realizado para la redacción del proyecto de nuevo trazado conllevarán "un coste superior al que se había previsto" para "estabilizar los taludes y faldas de terrenos".

La Diputación estima ahora que el proyecto costará 55 millones de euros, cantidad sensiblemente superior a la vaticinada en el inicio de la legislatura, cuando se tasó en 31 o 32 millones.

La redacción del proyecto, este mes

La diputada ha afirmado en la Cámara guipuzcoana que la redacción del proyecto concluirá a finales de este mes, tras lo cual se realizará el proyecto constructivo, que definirá el presupuesto de licitación de la obra y su plazo de ejecución.

Oiarbide ha querido dejar bien claro que esto no garantiza "al cien por cien" que "no vaya a haber ninguna incidencia en el desarrollo de la obra" y no surjan "más problemas", pero el objetivo de esos profundos estudios es preverlos en su "mayor parte".

Entre las causas del encarecimiento, también está el que no se vaya a poder utilizar material de obra para la base y tenga que ser comprado en cantera, según ha apuntado el Jefe de Servicio de Proyectos y Construcción de Infraestructuras Viarias, José Mari Sarasola, que ha comparecido junto a la diputada.

El nuevo proyecto del trazado modificado a raíz de la caída del talud, además de prever las soluciones geotécnicas, conllevará "beneficios" en el tramo, como el hecho de que deja abierta la posibilidad de una futura conexión directa con la AP-1, ha precisado Sarasona.

Huelga de carreteras

De otro lado, Oiarbide, ha exigido el "cumplimiento de los servicios mínimos para evitar problemas de seguridad vial" durante la huelga convocada en este territorio por las UTEs de mantenimiento de carreteras.

Se ha ratificado en que la Diputación no va a resolver los contratos con las tres UTEs en huelga porque "en ningún caso va a dejar a los trabajadores en la calle" que sería, ha dicho, "consecuencia directa" de asumir esta petición sindical.

En cuanto a la calidad del servicio que ofrecen las diferentes UTEs y el cumplimiento de los pliegos, Oiarbide ha dicho que los técnicos de la Diputación están evaluando las incidencias presentadas, aunque ha precisado que hasta ahora "no ha habido informe de incumplimiento alguno".

La diputada ha puesto de relieve que desde que se adjudicaron los contratos en 2014 hasta que empezó la huelga no ha habido ninguna denuncia y ha explicado que "esos contratos que ELA insiste en resolver se adjudicaron durante la legislatura pasada, en el 2014", cuando el propio sindicato, "lejos de denunciar ninguna deficiencia", hizo incluso "aportaciones al pliego". "En casi dos años no ha habido ninguna denuncia de irregularidades, ni de convenio ni de pliegos", ha subrayado.

Oiarbide también ha querido dejar constancia de "los sabotajes" que están sufriendo durante la huelga "los medios de las UTEs e instalaciones de la propia Diputación" y, "lo que es más grave, la intimidación a aquellos trabajadores" que no secundan el paro.

"Tampoco se pueden obviar las pintadas con frases hirientes que se han realizado en las carreteras. Es incuestionable el derecho a la huelga de los trabajadores pero también quisiera pedir que se actúe con responsabilidad" ha subrayado,

Ha defendido que "la negociación y la solución del conflicto se debe trabajar" entre empresas y empledos y ha aclarado que, "bajo ningún concepto "la Diputación "va a cometer ninguna irregularidad como dotar de más dinero al contrato en vigor porque sería prevaricar".