Euskadi acelerará el ritmo de construcción de VPO, hasta las 750 en 2025

En respuesta a una interpelación del parlamentario de Sumar Jon Hernández sobre el «incumplimiento del derecho a la vivienda» en Euskadi, Itxaso ha desglosado una batería de medidas que su departamento tiene previsto desarrollar ya el año que viene para tratar de hacer frente a la «emergencia social» que en su opinión supone la actual crisis del mercado del alquiler, con escasez de oferta y precios disparados que impiden a miles de ciudadanos acceder a un piso.

Lo primero será incrementar el parque de VPO de alquiler disponible. Para ello ha anunciado que el pasado día 15 se acordó ampliar el contrato programa anual que Visesa (la sociedad pública vasca promotora de VPO) acuerda con Vivienda y pasar de los 20,2 millones de euros de 2024 a 35,16 millones en 2025, con idea de llegar a las 750 viviendas iniciadas el próximo año para el alquiler protegido. Supondrá un aumento del 50% respecto a las 500 previstas y «la cifra de inicio de VPO más alta de los últimos diez años, al menos», ha destacado el consejero.

También se intentará ampliar el parque de alquiler público captando más pisos del sector privado. Para ello se elevarán las rentas máximas que el Gobierno Vasco paga a los propietarios que le arriendan sus viviendas a través del programa Bizigune, con el que luego el Ejecutivo las adjudica a personas o familias inscritas en Etxebide. Vivienda baraja elevar el máximo actual percibible de 675 euros mensuales a 700. Itxaso ha explicado que la idea es llevar a cabo esa mejora solo en los municipios que se declaren tensionados. El objetivo es que Bizigune pase de las 7.390 viviendas gestionadas a 8.000 el próximo año. Ha apuntado que los cánones que en la actualidad abona el Gobierno Vasco a los propietarios «se encuentran excesivamente alejados de los precios de mercado» y ha considerado que esa subida de la mensualidad contribuirá a hacer el programa «más atractivo para los propietarios» sin provocar «un recalentamiento del mercado» al limitarse a los pisos ubicados en municipios tensionados y, por tanto, con los precios de los alquileres topados.

De igual forma, solo en zonas tensionadas se revisará al alza el tope de renta abonada en el mercado libre que da derecho a que los menores de 36 años reciban una ayuda de 300 euros mensuales para sufragar parte de su alquiler a través del programa Gaztelagun. Esos límites son de 800 euros mensuales en Donostia, Bilbao y Vitoria; 750 en sus áreas metropolitanas y municipios de más de 10.000 habitantes; y 675 en el resto de localidades. En este caso Itxaso no ha detallado cuáles serán los nuevos límites.

También pensando en los jóvenes se actualizará el ingreso máximo anual que da derecho a la ayuda. Pasará de los 24.500 euros anuales a los 30.000, lo que ayudará a ampliar la cifra de beneficiarios.

Por último, el Gobierno Vasco lanzará el próximo año una séptima campaña para que adjudicatarios de VPO que fueron concedidas antes del año 2003 y que pasados 20 o 30 años (según el caso) pasan a ser libres en régimen de derecho de superficie y que, por tanto, a los 75 años de su adjudicación deberían revertir a la Administración pública, puedan comprar ese derecho (el suelo) y ser propietarios de forma indefinida. La contraprestación es que la vivienda volverá a recalificarse como protegida para siempre. Vivienda aspira a vender ese derecho a 1.000 propietarios, lo que le permitiría ingresar «unos 20 millones de euros que se invertirán íntegramente en la financiación de nueva vivienda protegida en régimen de alquiler».

Itxaso ha indicado que en la actualidad existen en Euskadi 9.035 viviendas de estas características, frente a un parque total de vivienda protegida de 65.304 pisos. En este sentido, ha valorado que la «recuperación paulatina como vivienda protegida corrige un error histórico» de las normativas anteriores a 2003 que permiten que VPO pasasen a ser libres pasados 20 o 30 años. Esas 9.035 antiguas VPO que pasrán a ser libres como resultado de su descalificación se disribuyen en 1.207 en Álava, 4.631 en Bizkaia y 3.197 en Gipuzkoa.

El proceso consistirá en calcular inicialmente el valor atribuible a los edificios afectados imputando a los inmuebles su precio: a las viviendas el máximo de VPO; a los locales los precios de mercado. «No se va a imputar a las viviendas su valor en el mercado libre, sino el atribuible de VPO», ha remarcado Itxaso. Calculado este valor tasado, se aplica el 10% de imputación suelo. Luego se reparte a cada inmueble en función de su cuota de participación en la propiedad. A través de una orden del consejero, se abrirá la convocatoria dando un plazo y especificando las condiciones junto con el compromiso necesario de recalificar como viviendas protegidas permanentes.

Vivienda podrá comunicar individualmente el precio que corresponde a cada inmueble mediante mensajes concretos a cada afectado u otras fórmulas de comunicación individualizada.