El TSJPV recupera de forma provisional la prima de jubilación que anuló Diputación

La medida afecta en principio exclusivamente a los 34 funcionarios que recurrieron la supresión a la justicia antes de finalizar el plazo, que acabó el 5 de octubre, y que podrían cobrar ahora la prima, a la espera de la sentencia final del alto tribunal vasco. Eso sí, para rescatar el incentivo deben presentar antes del 1 de febrero un aval bancario por el 50% de la prestación que les corresponda, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Una condición del juez para «paliar» un posible perjuicio a la Diputación en caso de que la sentencia confirmara la anulación de la prima.

La Diputación, al igual que el Ayuntamiento de San Sebastián y otros municipios como Bilbao o Vitoria, había anulado en julio las polémicas primas de prejubilación al acatar una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la prestación a un bombero del Ayuntamiento de Bilbao al considerarla «una retribución salarial ilegal» que modifica el régimen retributivo de los funcionarios y no se justifica. Estas primas estaban concebidas como un incentivo para la jubilación voluntaria, en aras al rejuvenecimiento de las plantillas de las instituciones, pero el ente foral guipuzcoano decidió anularlas al considerar que el fallo del Tribunal Supremo marcaba jurisprudencia.

Al calor de las protestas de los funcionarios tras conocerse la noticia, un grupo de 34 personas decidió recurrir la anulación ante el TSJPV y pedir su suspensión cautelar. El juez estima esta última parte del recurso al considerar que «la supuesta ilegalidad no ha sido declarada judicialmente ni puede estimarse manifiesta en el incidente correspondiente a la solicitud cautelar de suspensión efectuada por los demandantes». Se agrega que el hecho de continuar abonando esta prima, mientras se decide si es legal o no, no tiene por qué suponer «perjuicio grave al interés público».

La decisión de la cautelar desvelada ayer se adoptó el pasado 13 de diciembre por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, y en principio no tiene carácter general sino que afecta exclusivamente a los 34 demandantes. El resto, según precisan fuentes de Diputación, no podrían ahora percibir el dinero ya que no presentaron el recurso en plazo y solo recuperarían su derecho a la prima en caso de una futura sentencia favorable a mantener este incentivo.

De las 1.800 personas que componen la plantilla de la Diputación, un total de 459 funcionarios (un 25%) optarían a la prima de jubilación anticipada en los próximos cinco años al haber cumplido los 63 años mínimos establecidos. 87 de ellos han cumplido esa edad en 2022, 92 lo harán este año y 94 el próximo. En 2025 serían otros 92 y un total de 94 para 2026. Las primas de jubilación anticipada se regulan en la Ley de Función Pública de 1989. Su cuantía corresponde a un número de pagas en función de los trimestres que faltan hasta alcanzar la jubilación.

Paralelamente, los sindicatos ELA, CC OO y LAB también han presentado recursos contra la eliminación de este incentivo, aunque en su caso es una reclamación general que afectaría a toda la plantilla. ELA anunció precisamente este miércoles que el Juzgado de lo Social de Bilbao ha declarado nula la decisión de la Diputación de Bizkaia de quitar las primas de jubilación y de incapacidad permanente total a las trabajadoras del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS).