La obligación de hacer fijos a los interinos de larga duración afectará a más de 20.000 vascos

El TJUE dictó este jueves una sentencia en la que insta a España a convertir en fijos a los interinos de larga duración. Esta decisión determina que España está incumpliendo el marco europeo, ya que la legislación nacional –Ley Iceta que obligaba a reducir la temporalidad al 8% tal y como establecía Europa– no incluye medidas para evitar «el uso abusivo de contratos indefinidos no fijos». Con esta premisa y en respuesta a una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fechada en diciembre de 2021, concluye que una indemnización a los empleados no es suficiente y pide convertir en fijos estos contratos, una medida que deja en manos del legislador español.

La Justicia europea determina que las razones expuestas por las administraciones y el Gobierno español –que apelan a la garantía de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad para remediar una situación de contratación irregular hasta cubrir dicha plaza– justifican la aplicación «de un tipo de contrato indefinido no fijo». Pero añade que el marco europeo detalla las razones que justifican «la renovación» de contratos de duración determinada y señala que la convocatoria de procesos selectivos para cubrir definitivamente plazas de trabajadores temporales «no parece que puedan evitar el uso abusivo, por parte del empleador, de sucesivas relaciones laborales de duración determinada».

Asegura, por tanto, que «no parece que la normativa constituya una medida suficientemente efectiva y disuasoria» para garantizar la eficacia de la legislación europea y no puede considerarse como «medida legal equivalente». La corte, con sede en Luxemburgo, indica que le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid indicar si las disposiciones nacionales son efectivas y disuasorias para garantizar la eficacia de las normas de acuerdo al marco europeo. Apunta que debe ser el tribunal nacional el que modifique la jurisprudencia nacional si esta es incompatible con el marco europeo. Los magistrados europeos inciden en que «el Acuerdo Marco europeo se opone a una normativa nacional que establece el pago de una indemnización tasada, igual a 20 días de salario por cada año trabajado» con un límite de doce meses en caso de cese o despido, ya que esta medida no asegura la estabilidad de los empleados.

Hasta el momento, este colectivo solo había conseguido ante los tribunales sentencias parcialmente estimatorias, que únicamente garantizaban su puesto de trabajo hasta que se convocara un proceso selectivo o se cubriera dicha plaza. Tras diez años de reivindicaciones, el colectivo de trabajadores temporales considera que esta sentencia es «un varapalo europeo al Gobierno y a los tribunales españoles» y que «supone acabar con años de abuso en la contratación por parte de la Administración Pública».

En Euskadi, esta medida afectaría en el caso más restrictivo a 19.800 trabajadores del ámbito público que llevan más de ocho años de forma interina o temporal, según datos aportados por ELA y que fueron dados a conocer por el Gobierno Vasco en el Parlamento. Y es que la central apunta que también afecta al pesonal laboral temporal. Si se tienen en cuenta aquellos que llevan más de tres años, la cifra ascendería a 29.740.

Igor Eizagirre, responsable del Area Pública de ELA, subraya que a día de hoy hay más de 77.000 temporales en el ámbito público vasco, lo que supone el 44% de toda la plantilla, «cifras récord». Añade que la sentencia del TJUE pone de relieve la falta de voluntad de instituciones y partidos políticos para poner fin a las altísimas tasas de temporalidad. La central, que recurrió ante el Superior Vasco por entender que el Ejecutivo de Urkullu no cumplía con la Ley Iceta, reclama, con todo, que «se acaben con las tasas de reposición que fija Madrid y que se articulen soluciones que permitan consolidar a los miles de trabajadores temporales, al tiempo que se incluyen medidas para evitar que esta situación se repita a futuro».