La prórroga de la Ley de Aportaciones resta recursos a Gipuzkoa por noveno año
El territorio, con un déficit recaudatorio de 16 millones de euros en 2020, acumula ya una distancia de 919 millones del requerimiento de aportación de ingresos
Como si de un atleta de fondo extenuado se tratase en busca de una línea de meta que cada vez parece estar más cerca ... pero nunca acaba por alcanzar, Gipuzkoa continúa su particular maratón en busca de la aprobación de una nueva Ley de Aportaciones. Lograría con ella corregir el desequilibrio en sus arcas que año tras año provoca la actual norma, que lleva prorrogada desde 2011. Desde entonces, con mayor o menor intensidad, las tres diputaciones forales buscan consensuar con el Gobierno de Vitoria y con Eudel, la asociación de municipios, esa reforma de la Ley que regula el esfuerzo que debe hace cada nivel institucional para sostener el presupuesto del Ejecutivo de Vitoria.
La norma que rige las aportaciones que cada diputación debe realizar al fondo común del Gobierno Vasco sigue siendo benévola solo con Bizkaia y deja tanto a Gipuzkoa como a Álava en un escenario en el que en ningún año alcanzan con recursos propios la cuantía completa asignada para derivar al Ejecutivo. En la citada ley, a Bizkaia se le atribuye un porcentaje de participación del 50,39%, frente a Gipuzkoa, a la que se exige el 33,34%, y a Álava, requerida para aportar el 16,27%.
Los números no engañan. Y es que ejercicio tras ejercicio, el territorio guipuzcoano se encuentra ante un escenario en el que en ningún año alcanza con recursos propios la cuantía completa asignada para derivar al Ejecutivo. Desde la prórroga de la norma en 2011, el déficit recaudatorio de Gipuzkoa suma 919 millones, aunque a ese montante habría que restarle las cantidades recibidas tanto desde el Fondo General de Ajuste como del Extraordinario que el CVF aprobó en 2019 como parche ante el aplazamiento de la reforma de la ley. Son los dos mecanismos que sirven para intentar corregir los desequilibrios.
En el último ejercicio, el de 2020, el territorio se quedó a 15,8 millones de euros de la aportación requerida. Se trata de la cifra más baja de los últimos nueve años y sirve para entender por qué Álava recibió el año pasado la totalidad -56,8 millones- del Fondo General de Ajuste.
Si echamos un vistazo precisamente al déficit recaudatorio de la provincia alavesa en 2020, la cifra asciende a 77 millones. Bizkaia, por contra, ofrece la otra cara de la moneda y aparca el déficit para acomodarse en un superávit recaudatorio de 93 millones de euros.
Una media de 102 millones
La Hacienda Foral guipuzcoana acumula la citada distancia de 919 millones del requerimiento de aportación de ingresos establecido según los porcentajes que siguen vigentes en la prorrogada norma. En aquel primer año de prórroga, en 2012, Gipuzkoa se quedó a 148 millones de lo que el modelo vasco le obligaba a recaudar. En 2013, ese déficit alcanzó los 146 millones. En ese año tenía un coeficiente horizontal del 32,02% -la cuantía que debe alcanzar del total recaudado en Euskadi- y apenas llegó al 31,77%. En 2014, el territorio se quedó a 137,3 millones de la marca solicitada. En 2015, a 61,9 millones, en 2016, a 73 millones de euros, y en 2017 a 90,2. A estos hay que sumarle el cierre de 2018, que dejó el requerimiento a unos 135 millones de distancia, y el del 2019, en el que la cuantía se quedó a 113,3 millones del objetivo. El déficit recaudatorio de 2020 fue el más bajo de los últimos nueve años, con los citados 15,8 millones. La media de déficit que ha venido arrastrando nuestro territorio a lo largo de estos últimos nueve ejercicios es de 102,1 millones al año.
El déficit recaudatorio en Álava fue de 77 millones de euros, mientrasque Bizkaia logró un superávit de 93 millones
El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha reabierto el melón de la reforma al asegurar que hay un borrador avanzado
Y en este escenario la polémica en torno a la Ley de Aportaciones ha escrito un nuevo capitulo en las últimas semanas después de que el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, reabriera la posibilidad de reformarla. En la comparecencia posterior al Consejo Vasco de Finanzas del pasado día 12, Azpiazu aseguró que el borrador de la nueva Ley está «bastante avanzado» y que las discrepancias no son «insalvables», por lo que auguró su aprobación esta legislatura gracias a «la ventaja» de la mayoría absoluta del Gobierno Vasco.
El consejero aseguró que tiene la «voluntad firme» de llevar un nuevo texto al Parlamento Vasco «cuanto antes» dado que las discrepancias no son «insalvables, sino todo lo contrario». Dijo además confiar en que el Gobierno Vasco y las diputaciones sellen este entendimiento en un proyecto de ley y que se aproveche «la ventaja» que supone la mayoría parlamentaria de la que el Ejecutivo goza esta legislatura, ya que es «garantía de que lo pactado fructifique».
Esta confianza en un pronto acuerdo se topó sin embargo el pasado día 19 con el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, quien puso como condición que haya «una constancia objetiva» de que su territorio tiene que hacer más «aporte a los gastos comunes» de la Comunidad Autónoma Vasca para variar el actual reparto. «Mientras tanto, no. Mientras tanto será así», precisó.
Desde el departamento de Hacienda de Gipuzkoa, que lidera Jokin Perona, no quisieron entrar a valorar las palabras del máximo responsable foral vizcaíno, aunque aseguraron que trabajan para conseguir una nueva ley. «Es una cuestión compleja que requiere de discreción y trabajo de cocina. Daremos a conocer cualquier tipo de modificación cuando lleguemos a algún tipo de entendimiento concreto», zanjaron.
El desequilibrio se intenta corregir con los fondos de ajuste y el extraordinario
A la espera de lograr un acuerdo para una nueva Ley de Aportaciones, el Consejo Vasco de Finanzas creó en febrero de 2019 un fondo extraordinario que se decidió activar cuando algún territorio no alcance el 99% del porcentaje que le corresponde aportar, y que tendrá como límite el 0,45% de los recursos que se van a distribuir. Ese fondo extraordinario constituye según las instituciones una base y una herramienta añadida para avanzar en ese acuerdo.
Además de esta 'bolsa' extraordinaria, también existe otro mecanismo compensatorio, el fondo de ajuste, cuya finalidad es intentar corregir los desequilibrios. Para llegar al 99% mínimo del coeficiente horizontal, las cuatro instituciones aportan un dinero extra, que es el que conforma el citado fondo de ajuste. Se consigue aproximadamente con el 1% de la recaudación total -algo menos- y la dotación se efectúa de la siguiente manera: el 70% lo pone el Gobierno Vasco, y el 30% las tres diputaciones. Cada una en función de su coeficiente horizontal, la estimación que sirve para medir la capacidad recaudatoria de cada territorio histórico. Esa estimación se hace en base a una formula bastante compleja (PIB, ventas de empresas, exportaciones, número de matriculaciones...) y que varía ligeramente año tras año).
El Consejo de Finanzas del pasado día 12 estableció el fondo general de ajuste de 2020 en 56,8 millones de euros, que, como se ha dicho fueron en su totalidad destinados a Álava, que presentó el mayor déficit recaudatorio respecto a lo que se le exigía aportar.
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