Los pensionistas atribuyen a su presión el acuerdo en el Pacto de Toledo
Bat Etorri, que agrupa a la mayoría de colectivos guipuzcoanos, lo aplaude, pero solo como «un punto de partida»
Sábado, 21 de noviembre 2020, 07:55
La plataforma de pensionistas de Gipuzkoa Bat Etorri destacó ayer que gracias al «gran respaldo» de las movilizaciones organizadas en los últimos años se ha conseguido que «las pensiones hayan formado parte de la agenda política de los partidos y de las instituciones públicas». El colectivo, que agrupa a la mayoría de plataformas y organizaciones de pensionistas del territorio, aseguró en un comunicado que gracias a las protestas que ha vendido protagonizando existe un «nuevo acuerdo en el Pacto de Toledo» y que se ha conseguido que los Presupuestos Generales del Estado «garanticen el poder adquisitivo de las pensiones».
Esta agrupación aboga por «seguir reivindicando que los proyectos de ley para la reforma de las pensiones y los presupuestos generales tengan presentes y hagan suyas las recomendaciones del Pacto de Toledo, empezando por la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y su equiparación al salario mínimo interprofesional, y la derogación del factor de sostenibilidad».
Bat Etorri considera que las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas con amplia mayoría en el Congreso, tienen «luces y sombras», y precisa que suponen un «punto de partida», «un acuerdo de mínimos» que habrá que desarrollar después.
En cuanto a los aspectos negativos, explica que «no se habla del blindaje constitucional» y que «no hay referencias al factor de sostenibilidad». En cuanto a las bases máximas de cotización, añade la plataforma, «las recomendaciones se limitan a una mera mención bastante inconcreta; con lo que no entra por tanto a concretar ninguna medida para destopar esa referencia máxima».
Bat Etorri recordó que los cinco puntos que, de forma unitaria, defiende son la defensa de un sistema público de pensiones, solidario y con el modelo de reparto; el mantenimiento por ley del poder adquisitivo, el establecimieto de la pensión mínima en 1.080 euros, la derogación del factor de sostenibilidad y el fin de la brecha de género.
