El Gobierno Vasco mantiene su propio plan para universalizar las EPSV de empleo

Para ello el ministro se ha comprometido a crear un fondo público de pensiones de empleo en el plazo de un año, al que se adscribirían los nuevos planes y trabajadores tanto privados como públicos de forma automática, con el objetivo de extender la cobertura de estos planes de pensiones colectivos a más de la mitad de la población ocupada. España se alineará así con lo que ocurre en otros países como Francia, Alemania o Bélgica. Un reto mayúsculo porque en estos momentos apenas uno de cada seis trabajadores españoles cuenta con un plan de empleo.

Una realidad que es algo diferente en Euskadi, pero sobre todo en Gipuzkoa, donde la creación de Geroa en 1996 -fruto de un acuerdo histórico entre Adegi, ELA, LAB, CC OO y UGT- supuso un antes y un después en los planes de previsión de empleo colectivos. De hecho, se ha convertido 24 años después en un referente no solo en el conjunto del Estado, sino también en el resto de Euskadi. Y es que aunque desde hace varios meses se llevan oyendo muchos cantos de sirena en el conjunto del Estado, el Gobierno Vasco lleva ya unos años trabajando en un plan con la intención precisamente de extender este instrumento de ahorro, dejando claro, siempre que tiene que tratarse de algo complementario al sistema público de pensiones, cuyo sostenibilidad tiene que garantizarse de cara a futuro.

En ese sentido, desde el Departamento de Economía y Hacienda, que dirige Pedro Azpiazu, recalcan que la propuesta del Gobierno central no supone ningún impedimento para que el Ejecutivo vasco continúe trabajando en su propio plan, una hoja de ruta que empezaron a trazar hace tres años. Desde entonces, han sido varios los pronunciamientos públicos al respecto, con Azpiazu como maestro de ceremonias.

Así, a finales de 2018 el consejero de Economía y Hacienda presentaba un informe sobre los planes de empleo en el que se constataba que solo el 25% de los vascos que ingresan menos de 30.000 euros aportan a una EPSV frente a un porcentaje del 63% de las rentas más altas. En los que tenían ingresos menores de 18.000 euros la aportación se reducía al 19%. La conclusión que se extraía era que «los incentivos fiscales no han sido eficaces para promover la generalización de las pensiones complementarias en salarios medios y bajos».

Por ello, abogó por extender los planes de empleo y ajustar la fiscalidad a esa nueva realidad, limitando la de los planes privados y fomentando los colectivos -en línea con lo que plantea ahora el ministro Escrivá- y sobre todo desincentivando el cobro en un pago único, exento en estos momentos en un 40% en la base imponible.

En la primera propuesta que fue esbozada por Azpiazu, se consideraba necesario, siguiendo el esquema de Geroa, pero siendo aún más ambiciosos, que las empresas y los trabajadores aportaran entre ambos un 6% del salario anual durante toda la vida laboral de las personas. Así, tomando como referencia un salario de 22.800 euros saldría a unos 115 euros de aportación mensual. Con ello se cubriría mediante el ahorro privado el 20% de los salarios finales y se compensaría la caída de las pensiones públicas. En el caso de Geroa la aportación era entonces del 4,6% entre trabajadores y empresarios.

La propuesta también incluía que se focalizaran los incentivos en los llamados planes de empleo 'preferentes', que obligan a abarcar a toda la plantilla y que en el momento de la jubilación solo se puedan cobrar en forma de renta mensual.

Un año después, en noviembre del año pasado, Azpiazu insistía en esta idea Y a finales de octubre de este año la volvía a defender pero reconocía la dificultad de alinear a todos los actores. Y es que apuntaba que «de uno en uno todos dicen que es un buen instrumento pero cuando lo sacas a los medios se monta un lío». Por eso, desde su Departamento recalcan que «se sigue trabajando en esa posibilidad, poco a poco y con mucha discreción».

¿Pero qué opinan los agentes sociales vascos respecto a todos estos movimientos? Confebask prefiere no hacer declaraciones en estos momentos en tanto no haya una propuesta concreta sobre la mesa, señalan. Hace unos meses la patronal vasca consideró al hilo de las declaraciones de Azpiazu y de otros políticos que no era el momento oportuno, debido al Covid y a su impacto económico, de pedir a las empresas que 'se rasquen el bolsillo'.

Los sindicatos vascos también aluden a esa indefinición. Desde ELA, Joseba Villarreal indica que «no sabemos nada concreto más allá de lo que se está diciendo en los medios de comunicación». Con todo, cree que hay «mucha irresponsabilidad porque se dicen cosas que son muy importantes, sin ninguna concreción y sin que haya un debate, ni se den cauces de participación, todo ello en función de interes políticos».

Xabier Ugartemendia, responsable de acción sindical de LAB, realiza una defensa a ultranza del sistema público de pensiones, que es además «universal y solidario», recalca, y considera que el impulso de planes de previsión de empleo pueden debilitar el sistema público. Incide en que los sistemas privados no pueden sustituir al público y añade que con lo visto hasta ahora tampoco es un sistema complementario, porque es individualizado y no solidario. «Las EPSV, aunque sean de empleo, no cumplen esos requisitos del sistema público».

Oscar Arenas, responsable institucional de CC OO-Euskadi, considera prioritario garantizar el sistema público por su «universalidad, solidaridad, unidad, igualdad y suficiencia, que es lo que dicen las recomendaciones del Pacto de Toledo». Y recuerda que los planes de empleo son el segundo pilar, lo que supone que es una herramienta cuyo desarrollo deriva de la negociación colectiva. «Y tiene que ser siempre complementario, nunca sustitutivo, ni paralelo; ni un plan individual de pensiones».

El secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, también insiste en que cualquier propuesta tiene que venir derivada de la negociaciación colectiva y no impuesta. Entiende, con todo, que no es el mejor momento para hablar de estas cosas por el impacto del Covid, pero en cualquier caso considera «prioritario abordar el destope de las cotizaciones más altas, con una mejora de sus pensiones aunque no en la misma proporción, incidiendo en la solidaridad».