Menos incentivos y un futuro de impuestos verdes en la agenda fiscal

Es cierto que los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) no han llegado con grandes novedades tributarias en términos recaudatorios. Pero sí incorporan algunos cambios que afectarán a ciudadanos y empresas que ya se preparan también para la futura reforma fiscal pactada con Bruselas y que es clave para acceder a los fondos europeos. El comité de expertos elegido para ello presentará sus conclusiones en febrero, pero ya se sabe que la fiscalidad verde será clave en el texto.

La Comisión Europea estará especialmente atenta a este punto, después de que el Congreso haya forzado una moratoria de un año al impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable que, en principio y según lo pactado, estaba previsto para el primer semestre de 2022. Lo mismo ocurre con el impuesto estatal que gravará el depósito de los desechos en vertederos y que ahora corre a cargo de las autonomías.

Pese al cambio de fechas, sobre el papel del Plan de Recuperación estos tributos deberían tener luz verde antes de junio, igual que la modificación de la tasa sobre los gases de efecto invernadero. Pero no será así. El Gobierno ha preferido esperar a las recomendaciones de los expertos, que también tendrán que desarrollar asuntos tan espinosos como la reducción de incentivos fiscales o la armonización fiscal, con tributos como Sucesiones y Donaciones en el foco del debate.

También debería llegar el impuesto al diésel que, de momento, el Ejecutivo mantiene en 'stand by' ante el encarecimiento de los combustibles fósiles. Se calcula que equiparar el diésel a la gasolina supondrá un encarecimiento del gasóleo del 8,7%, nueve céntimos por litro.

Más allá de la fiscalidad sostenible, algunas empresas tendrán que tributar al tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades, medida que no afecta a Euskadi y Navarra con capacidad normativa propia.

Y habrá un aumento de la presión fiscal para los trabajadores de forma indirecta al no ajustar el Gobierno central las tablas del IRPF a la subida de la inflación -lo que se denomina deflactación- lo que puede provocar el salto en la escala de gravamen sin que realmente haya habido una ganancia de poder adquisitivo. Es lo que algunos técnicos denominan como 'impuesto silencioso'.

En el caso de las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, la deflactación es del 1,5%, pero a todas luces insuficiente para amortiguar el impacto que puede tener en las tablas la inflación del 6,7%.