Iberdrola acusa ante la jueza a Siemens de ocultar información al consejo de Gamesa

El Juzgado Mercantil número de 2 de Bilbao fue ayer escenario del juicio en el que se ha sustanciado la primera de las dos batallas jurídicas que Iberdrola ha planteado a Siemens, como consecuencia de las malas relaciones que mantienen en el seno de la firma eólica vasca Gamesa. En la vista celebrada ayer, los letrados que representan a Iberdrola dieron a entender con claridad que el consejo de administración de Gamesa no ha podido analizar operaciones muy relevantes de la compañía porque se le ha hurtado información sobre operaciones de ventas muy importantes. Desde la fusión, a mediados de 2017, solo ha pasado por el consejo un contrato de venta de aerogeneradores.

Esta demanda está basada en un acuerdo del consejo de administración de Siemens Gamesa que fijó los umbrales de los asuntos que debían ser aprobados por este órgano de gobierno y cuáles podían ser gestionados directamente por el consejero delegado. Iberdrola estima que Siemens, gracias a su control mayoritario del consejo, fijó cantidades excesivamente elevadas para esas «materias reservadas», de tal forma que el margen de actuación del consejero delegado resultó muy elevado. En la práctica, ejercer un control absoluto sobre el negocio sin supervisión alguna.

Según desveló en el juicio el consejero independiente de la sociedad, Alberto Alonso Ureba, el consejero delegado tiene capacidad para decidir en torno a contratos inferiores a 500 millones de euros en el caso de ventas de generación terrestre y por debajo de los 1.000 millones cuando se trata de aerogeneradores marinos. En el caso de ajustes de personal, por ejemplo, el consejero delegado tiene autonomía para realizar despidos hasta un límite de 1.220 empleados. Alonso Ureba señaló en el juicio que se opuso a la adopción de este acuerdo porque, en su opinión, esas limitaciones económicas no habían sido suficientemente justificadas en la propuesta de aprobación. El letrado que representa a Iberdrola en este procedimiento ha señaló que, como ejemplo, «Markus Tacke puede cerrar todos los centros de trabajo situados en el País Vasco sin recabar la autorización del consejo de administración. También cancelar los contratos con todos los proveedores vascos». La demanda de la compañía eléctrica busca que los tribunales anulen la decisión del consejo de administración que fijaba esos umbrales cuantitativos.

La defensa letrada de Siemens defendió que remitir al órgano de gobierno de la sociedad contratos de cuantías inferiores «puede estresar al consejo», en el sentido de poner en sus manos una excesiva carga de trabajo. Como referencia, cada consejero de Siemens Gamesa obtiene una remuneración anual superior a los 210.000 euros.

En ese contexto, el letrado que representa a Iberdrola en la causa preguntóa Markus Tacke -que declaró como testigo-, las razones por las que se ha hurtado al consejo el conocimiento y los detalles de operaciones que se han formalizado en Estados Unidos y Japón. Y ello, matizó, pese a que según la información facilitada por la compañía a los medios de comunicación, esos contratos excedían las competencias del consejero delegado por su cuantía -en uno de los casos puede estar en torno a los 1.700 millones de euros- y también por reunir características especiales. En concreto el que estaba referido a Japón era el primero que se realizaba en ese país y se consideraba estratégico precisamente por suponer la entrada en un nuevo mercado. Tacke aclaró que, en realidad, esas comunicaciones públicas estaban ligadas a «acuerdos de intenciones» con algunos clientes. Esto es, que no respondían a ventas reales, ni siquiera a contratos vinculantes.

El perito contratado por Iberdrola, el economista Eduard Saura, señaló que en su opinión y después de revisar los umbrales que utiliza Siemens Gamesa para decidir las operaciones que son supervisadas por el consejo y cuáles no, estos «son más elevados». En concreto, se refirió a que la empresa competidora danesa Vestas tiene umbrales mucho más reducidos, obligando a que pase por el consejo de administración cualquier contrato que supere los 15 millones de euros.

Por su parte, David Aliaga, perito propuesto por Siemens, justificó que el consejero delegado tenga un amplio margen de decisión, porque las cuantías medias de cada operación de venta de Siemens Gamesa son muy elevadas: entre 150 y 250 millones de euros en generación terrestre y por encima de 500 millones de euros en las de eólica marina. «En muchas ocasiones -indicó- la empresa tiene que tomar decisiones sobre precios en 48 horas para aceptar o no las propuestas de sus clientes», lo que resulta incompatible con que la mayoría de las aprobaciones pasen por el consejo.