El Gobierno prorroga la tarifa regulada de gas para las calderas comunitarias
Acuerda con EH Bildu la medida que beneficia a 25.000 hogares en Gipuzkoa, la prohibición de cortes de suministros básicos y limitar el desahucio de vulnerables
Mikel Madinabeitia y Clara Alba
San Sebastián | Madrid
Miércoles, 27 de diciembre 2023, 01:00
El Gobierno central aclarará hoy en el último Consejo de Ministros del año cuáles de las vigentes medidas anticrisis y contra la inflación se ... mantienen. Aprobará el real decreto ley para prorrogar, de forma parcial, el escudo social frente a la crisis, que caduca con el fin de año este domingo 31 de diciembre. Una de las principales incógnitas reside en cómo quedarán las ayudas energéticas, especialmente las que tienen un mayor impacto fiscal, como la rebaja de los impuestos eléctricos. Lo que sí se ha aclarado, en virtud de un acuerdo con EH Bildu, es que se ampliará la tarifa regulada del gas para las comunidades con caldera central, y se prohibirán los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas). El Ejecutivo del PSOE y Sumar también ha pactado con la coalición aber-tzale ampliar la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta el año 2025.
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En el caso de la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias de gas natural, afectaría en Gipuzkoa a 1.200 comunidades con caldera central, que agrupan a 25.000 hogares, y que están acogidas a la tarifa TUR4, que es la bonificada por el Gobierno central desde octubre de 2022 dentro de las medidas para hacer frente a los precios disparados de la energía tras el estallido de la guerra de Ucrania. Esta medida era una de las que decaía con el vencimiento del año, pero este acuerdo in extremis entre el PSOE y EH Bildu permite que estas familias se ahorren un buen pellizco en sus facturas domésticas del año que viene.
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Según los cálculos realizados por la compañía de comparadores de precios Selectra, comunidades pequeñas con un consumo anual de 150.000 kilovatios-hora (kWh) adscritas a esta tarifa pasarían de pagar unos 6.600 euros de media a 13.500 al decaer la fórmula, en tanto que un inmueble con un consumo de 400.000 kWh pasaría de pagar 19.100 euros de promedio a 36.600 al año. EH Bildu valoró «positivamente» el alcance del acuerdo, así como el mantenimiento de otras medidas sociales que permitirán seguir aportando una protección social «aún muy necesaria».
Los ciudadanos estarán atentos hoy a las medidas que afecten al precio de la luz y de los alimentos básicos, con la expectativa de ver el alcance de las rebajas del IVA vigentes. Actualmente, los hogares españoles se benefician de la bajada del IVA al 5% en sus recibos. Y al menos hasta el 31 de diciembre se aplica también la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la electricidad. El Banco de España ya advirtió hace unos días que esas rebajas implican una pérdida recaudatoria de unos 3.000 millones de euros anuales. Pero, al mismo tiempo, devolver los impuestos a su tarifa normal (21% de IVA y 6,18% el tipo real del Impuesto Especial de la Electricidad) tendría un impacto negativo en la inflación, aunque facilitaría la reducción del déficit público con el regreso de las reglas fiscales de Bruselas.
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Bono social eléctrico
Según las estimaciones de la Autoridad Fiscal (AIReF), España solo cumplirá con el límite del 3% en 2024 si se retira el grueso del paquete. ¿El problema? Que hacerlo tendría un elevado coste social, al estar estas entre las medidas de mayor impacto directo sobre el bolsillo del consumidor Por eso, Sumar ha apretado al Ejecutivo para mantener la rebaja en la factura al menos durante el invierno.
Es previsible que además se mantengan otras medidas como el descuento en el bono social eléctrico, establecido desde octubre de 2022 en el 65% para el consumidor vulnerable y en el 80% para las familias con mayores apuros. En este camino se enmarcan las medidas pactadas con EH Bildu. Por otro lado, se da por hecho el fin de la denominada 'excepción ibérica' –que este año ha permitido a España y Portugal topar los precios del gas– así como la bonificación al combustible para el transporte profesional por carretera, que actualmente se limita a entre cinco y siete céntimos por litro.
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