El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Así, la recaudación a nivel estatal en Patrimonio se disparó en 2023 un 60%, hasta los 1.970 millones de euros, lo que evidencia que el diseño del impuesto logró su objetivo. A efectos de Gipuzkoa, que desde siempre ha primado Patrimonio, el peso en las arcas de Errotaburu del llamado 'impuesto a las ricos' es residual. Según los datos de la Campaña de la Renta de 2024, que fueron presentados el pasado mes de julio, los diez contribuyentes que pagaron el Impuesto sobre las Grandes Fortunas –seis más que en el ejercicio anterior– abonaron un total de 125.000 euros. Es decir, a 12.500 por cabeza. Este tributo lo deben asumir los residentes fiscales cuyos patrimonios superan los 3,2 millones y es complementario al de Patrimonio, la otra figura del entramado fiscal que grava las posesiones de los más favorecidos.

Fuentes del fisco guipuzcoano explican que, tal y como se expone en el Concierto Económico, el impuesto a las grandes fortunas existirá en Euskadi mientras permanezca vigente en territorio estatal. Y reconocen que su impacto en las arcas forales es poco relevante, ya que apenas aportó 125.000 euros en el último año. En Patrimonio, en cambio, Gipuzkoa recaudó 83,8 millones.

Pero lo cierto es que la creación del impuesto a nivel estatal ha supuesto un cambio sustancial en el mapa fiscal del Estado. Hasta su aprobación, territorios como Madrid o Andalucía utilizaban la bonificación total del impuesto de patrimonio como reclamo para atraer patrimonios de alto nivel, en una competencia que dejaba en desventaja a territorios como Gipuzkoa, que sí mantenía este tributo. Esa situación generaba un auténtico paraíso fiscal interno que incentivaba el cambio de residencia de los contribuyentes más acaudalados.

Con el nuevo impuesto, esa competencia desleal desaparece: las comunidades autónomas ya no pueden permitirse vaciar de contenido el tributo, porque si lo bonifican, la recaudación va directamente al Estado y no a sus propias arcas. Esto ha nivelado el terreno de juego y ha evitado una fuga de bases imponibles desde territorios cumplidores hacia aquellos con fiscalidad laxa.

Para Gipuzkoa, el efecto es doblemente positivo. Por un lado, se mantiene la coherencia de un sistema tributario que busca la corresponsabilidad fiscal de todos los contribuyentes, incluidos los grandes patrimonios. Y por otro, se neutraliza la amenaza de que fortunas locales opten por trasladar su domicilio fiscal a otras comunidades en busca de ventajas impositivas.

Más allá de la recaudación inmediata, el impuesto aporta certidumbre a medio plazo: los contribuyentes saben que las diferencias entre territorios ya no les permitirán escapar del esfuerzo fiscal, lo que reduce la tentación de mudanzas ficticias y litigios. En otras palabras, aunque la recaudación directa en Gipuzkoa sea modesta, la existencia de este impuesto protege la base tributaria del territorio y refuerza el principio de equidad. No es solo cuestión de ingresos inmediatos, sino de blindar el sistema contra la competencia fiscal a la baja que, de haberse mantenido, podría haber erosionado seriamente los recursos públicos de las Haciendas forales.

Con el tributo, el fisco foral también lanza una señal: las grandes fortunas no pueden quedar al margen del esfuerzo colectivo. En un territorio como Gipuzkoa, con fuerte tradición de solidaridad fiscal, esto busca reforzar la confianza en el sistema. Finalmente, se genera un efecto disuasorio:aunque solo diez guipuzcoanos lo han abonado, la existencia del impuesto funciona como un recordatorio de que el patrimonio tiene un coste fiscal inevitable. Eso desincentiva estrategias de planificación agresiva y protege la integridad del sistema.

En definitiva, el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas no ha transformado las cuentas de Gipuzkoa, pero sí ha fortalecido su posición en el tablero fiscal a nivel estatal. Al acabar con los paraísos fiscales internos, se garantiza un marco más justo y estable que evita la fuga de patrimonios y refuerza la cohesión del sistema tributario. En un momento en que la sostenibilidad de los servicios públicos exige responsabilidad compartida, la medida ha demostrado que la coordinación entre niveles de gobierno puede ser clave para blindar la equidad.